La historia de los palestinos beduinos que Israel quiere trasladar al lado de una planta de aguas residuales

Los palestinos beduinos de Jan al Ahmar, la villa de Cisjordania ocupada que afronta la expulsión inminente por Israel, se niegan a ser trasladados junto a una planta de tratamiento de aguas residuales, propuesta como segunda alternativa a las inmediaciones de un vertedero.

En medio del proceso legal, un tribunal israelí tiene previsto abordar mañana el caso de los cerca de 170 residentes de esta comunidad beduina, que resisten la orden de demolición dictaminada por el Supremo por haber sido construida sin permisos, y contra la que se ha opuesto parte de la comunidad internacional.

“Rodeados de asentamientos, de la planta de tratamiento de aguas, no hay lugar para criar animales, es una pena de muerte”, asegura el portavoz de la aldea, Eid Abu Jamis, mientras señala el lugar propuesto por Israel en pleno desierto, cerca de la ciudad cisjordana de Jericó, entre el ruido de los motores de los jeep, la única manera de acceder.

Abu Jamis, “nacido y casado en Jan al Ahmar”, alega que esta opción de reubicación, la segunda ofrecida por Israel después de la propuesta junto a un vertedero en Abu Dish, “es una tierra muy salada, no está preparada para acoger vida”.

“No hay pastos en la zona. Incluso construir es difícil. Si miráis hacia allá, no hay pájaros ni animales. Además, está a unos 200 metros del borde del asentamiento, por lo que volvemos a tener el mismo problema de colonos y los límites de nuestro movimiento”, lamenta y remarca la cuestión cercanía de la depuradora.

Asegura que por ley la planta debería estar al menos a 700 metros de áreas residenciales, pero el lugar propuesto está a unos 500, que según el momento del día o hacia donde sopla del viento “huele mal”, y donde la que los colonos israelíes, incluso, han rechazado vivir.

“Los beduinos queremos vivir en el desierto, pero la gente desconoce que está al lado de la depuradora y cuáles son las condiciones. (Israel) sabe que no vamos a venir aquí pero lo hace para poder decir:’ofrecimos a los beduinos un sitio en el desierto y lo rechazaron'”, considera Abu Jamis.

Y destaca que días después de que la corte se pronunciara sobre la demolición del pueblo, “se acordó la construcción de más de 90 unidades de vivienda en un asentamiento” a 500 metros de donde reside. “Esta es la única democracia de Oriente Medio”, ironiza.

El director de la organización israelí de defensa de los derechos humanos Betselem, Hagai El-Ad, expone sus propios argumentos para desechar la propuesta israelí entregada el 7 de agosto después de que el día 1 los residentes presentaran una nueva petición contra el derribo de sus hogares.

Los jueces plantearon a las partes alcanzar un acuerdo lo que ha ido demorando la ejecución de la orden de demolición prevista para julio.

“Lo que nuestro análisis demuestra es la mala fe mostrada en la última petición israelí”, critica El-Ad y asegura que ésta no incluye “el pequeño detalle de ese vecino”, denuncia mientras señala a la depuradora.

Como condición para esta nueva ubicación, el Estado israelí propuso el desplazamiento, junto a los residentes de Jan al Ahmar, de tres comunidades más que “tendrían que aceptarla”, explica El-Ad que califica esta propuesta de “oportunista”.

Si esto pasa, “cuatro comunidades y un total de 400 palestinos serán desplazados”, advierte el activista y asegura que desde mediados de los años 70 las intenciones israelíes en “son intentar minimizar el número de palestinos” en la zona de Jan al Ahmar, en el corredor entre Jerusalén y Jericó.

Sobre la vista de mañana, El-Ad no se aventura: “Es muy difícil decir. Los jueces israelíes del Supremo han sido muy reacios a proporcionar Justicia a los palestinos en los últimos años y simplemente han cumplido con las normas del Estado”, opina.

“No solo en el caso de Jan al Ahmar, sino de otras comunidades palestinas en condiciones similares. Esto es totalmente inaceptable. La transferencia forzosa nunca es legal”, condena.

Además apela a que los palestinos “construyen en el Área C (territorio palestino bajo control israelí) de manera ilegal según la perspectiva israelí porque éste ha creado un régimen de planificación en el que aproximadamente rechaza un 96% de los permisos de construcción que piden los palestinos”.

Abu Jamis, que no podrá estar presente en la sesión de mañana porque no tiene permiso para entrar en Jerusalén, condena también la situación.

“Trasladarnos aquí es un tipo de muerte lenta para mi comunidad y su gente (…) Desde hace diez años la ocupación (israelí) dice que quiere darnos unas mejores condiciones de vida, pero lo que vemos es que quieren matarnos”, lamenta Abu Jamis sobre su modo de subsistencia ganadera.