El senador Juan Ignacio Latorre y Catalina Opazo han escrito una interesante columna referente al nuevo crédito estudiantil impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Además de incluir argumentos y críticas que aportan a la discusión, los autores muestran espacios de confluencia en los cuales, quizás, se podría avanzar.

Uno de los aspectos a destacar es que en el escrito el senador considera la propuesta un “avance”. Efectivamente, es bastante evidente que el nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) es beneficioso para los estudiantes, sobre todo comparándolo con el CAE 2006. Las condiciones de contingencia al ingreso, es decir, la capacidad del crédito de adaptarse a las impredecibles condiciones socioeconómicas del futuro profesional o técnico (como cesantía o bajos ingresos), serán aplicables a todos los estudiantes, incluidos quienes estén en mora. Esto permite asegurar con bastante certeza que el pago de la deuda no será nunca un peso demasiado grande para los alumnos. A pesar que desde Acción Educar hemos sido críticos de varias aristas de esta iniciativa, hay que resaltar que para los estudiantes se trata de un proyecto muy conveniente. Por lo mismo, la altura de miras del legislador debe ser valorada.

Ahora, para analizar las críticas del parlamentario y de su asesora, hay que distinguir tres tipos. Paso a comentarlas brevemente.

Un tipo de crítica es más bien ideológica, y parece ser dirigida a sectores radicales del Frente Amplio que quieren ver brujas donde no las hay. Se argumenta que el SIFS “no da garantías de eliminar completamente la participación de la banca privada”, pero ello no tiene sustento. La banca solo participaba del CAE, y a regañadientes, por la recompra de créditos por parte del Fisco. Eso se ha explicado con gran claridad por diversos actores en la Comisión Investigadora que el mismo Frente Amplio lidera -mediante la conducción de la diputada Camila Rojas- en la Cámara. Eliminado este mecanismo en el nuevo crédito, los bancos no tienen ningún espacio en la propuesta que el gobierno busca promover. Dado que el copago solo se permite en los deciles 7 al 9, la situación del crédito SIFS es solo algo mejor que la de la gratuidad. Y nadie argumentaría que la gratuidad aumenta la participación de la banca.

En esa misma línea, se acusa al Ejecutivo de “un retroceso frente al acuerdo social de avanzar hacia la gratuidad universal”. Esto no tiene real sustento, pues la Ley de Educación Superior, que materializa la gratuidad universal no ha sido modificada.

El segundo tipo de crítica requiere algo más de atención, pero es contradictoria y cuesta sacar algo en limpio. Los autores del escrito deploran que el crédito SIFS sea mejor que la gratuidad, pero inmediatamente después critican esta última, haciendo ver sus múltiples falencias y el déficit financiero que hoy cercena la calidad de las instituciones que adscriben. ¿Cómo se podría pretender que se diseñara algo peor que lo existente? Aquí la tensión entre criticar una gratuidad popular pero mal diseñada y la crítica mecánica al gobierno termina en un entramado difícil de entender. Se llega al extremo de lamentar que las universidades estatales sean forzadas por ley a ser gratuitas, algo que, al menos, creo peliagudo de explicar en un pleno de la Confech. Con todo, mirando con buena fe estas aprensiones, uno puede concluir que para los columnistas no hay gran distinción entre la gratuidad de Bachelet y el crédito de Piñera. Aceptar eso es un error, pues la idea de este proyecto debe ser, justamente, no contagiar al resto del sistema con las deficiencias de la gratuidad. En otras palabras, la fijación de aranceles no puede venir de la mano del nuevo crédito, pues causará los mismos problemas que el senador hoy identifica en la gratuidad de Bachelet. Esto es algo que debe corregirse.

El tercer tipo de crítica es de gran interés. Se trata de argumentos de fondo que es fundamental traer al debate. Efectivamente la comparación del SIFS con el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) es desfavorable respecto a la cuota máxima a pagar por el deudor, que en el primero es 10% del ingreso, y en el segundo 5%. Eso sí, esta diferencia se sustenta en una evidente discriminación: el FSCU es un beneficio exclusivo para los estudiantes de instituciones del CRUCh, y su acceso está muy lejos de ser universal. Como se trata de un privilegio, puede darse el lujo de aplicar una cuota baja que subsidiamos todos los chilenos. El SIFS, por otra parte, es un diseño universal y más sustentable, y que además busca eliminar toda discriminación entre instituciones. En ese sentido, el SIFS elimina un privilegio, algo que entiendo el Frente Amplio debiera estar en condiciones de celebrar.

Se objeta, correctamente, que al comparar el SIFS con la gratuidad se hace evidente que no se justifica una mayor entrega de recursos con un estándar menor de calidad. Pero este argumento ignora la implementación de la Ley de Educación Superior. Una vez que entre en marcha, el criterio mínimo de la gratuidad (4 años de acreditación) será en buenas cuentas el estándar mínimo de operación, y tales diferencias no existirán. Hasta que se llegue a esto, es justo que los estudiantes de esas instituciones mantengan el acceso a los beneficios durante la transición.

Finalmente, se critica que la cobertura de las “brechas” entre el subsidio y el arancel real pueda ser un incentivo a aumentar los aranceles. Esta crítica es sólida, y aunque el proyecto se adelanta -fijando la obligación de la institución de garantizar el 50% de la misma brecha prestada- se trata de un problema ineludible. Lo mejor para evitar la distorsión que el senador y su asesora identifican y que compartimos, es precisamente eliminar la cobertura de la brecha por parte del Fisco, al menos para los deciles de mayores ingresos. A veces, más mercado es mejor.

La tramitación de este proyecto está recién comenzando. El debate se avizora interesante y complejo.

*Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

[Columna de Juan Ignacio Latorre y Catalina Opazo] CAE 2.0: un sistema mal llamado “Solidario” – The Clinic

A pesar del aparente avance, es necesario alertar de las graves deficiencias que contiene esta propuesta, tanto a nivel institucional -relacionadas con los posibles impactos sistémicos que propone este nuevo esquema de financiamiento- como a nivel individual -relacionadas con la viabilidad de pago de parte de los futuros deudores-.