Según el investigador norteamericano Steven Pinker, estamos viviendo una época en que los derechos de los niños son más protegidos, y la violencia social es la más baja en comparación con siglos anteriores. Sin embargo, esto está lejos de sucedes con los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo la “protección” del Sename. El último informe de la ONU es claro y lapidario: en Chile se han violado sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección especial del Sename.

Paradójicamente, e independiente de los Gobiernos de turno y sus compromisos, estos niños son los que reciben la menor atención, recursos, empatía y ayudas concretas. Muchas veces sufren en su contra (así es… en su contra) una escalada de re-vulneración sistémica y multinivel por parte de diversas entidades del Estado.

La escalada se manifiesta de muchas maneras, todas absolutamente subsanables para un País con el nivel de desarrollo que tiene Chile. Pero para ello se requiere de voluntad técnica y política. Y tal vez una capacidad de empatía y afecto que son urgentes. Entre otros muchos puntos críticos de vulneración en la ruta de un niño que entra en el sistema Sename, podemos nombrar: 1) jueces de familia con poca formación en el mundo de la infancia; 2) informes periciales con formatos y uso de instrumentos con poca validez y especialización; 4) lógicas periciales que crean conflicto de intereses entre la objetividad del informe y la captura de clientes; 3) múltiples programas de “reparación” del maltrato bajo modelos de intervención sin fundamentos ni evidencias de impacto claros; 4) baja especialización de los profesionales que aplican estas intervenciones; 5) maltrato institucional a los profesionales, cuidadores y organizaciones colaboradoras en diversos niveles; 6) fiscalización de programas que no busca mejorar la situación de los niños sino el simple control burocrático (que termina vulnerando aún más a quienes debiera beneficiar); 7) cuidadores de trato directo con un trato directo inadecuado (y muchas veces maltratador o negligente); 8) presencia de poderes de funcionarios y partidos políticos que amenazan los derechos de los niños, violando el principio de interés superior del niño; 9) rotación de profesionales que tratan directamente con los niños y niñas, impidiendo así cualquier posibilidad de vínculo terapéutico; 10) contextos, culturas y climas maltratantes, abusivos o caóticos, en las residencias y programas, y que no son detectados porque cumplen con los criterios mínimos de las bases técnicas.

Claramente esta es una simplificación del problema. (Aunque a estas alturas y considerando la violacion a los derechos humanos cometidas durante años, siempre será una simplificación abordar el dolor provocado). Solo buscamos entregar un lineamiento en algunas acciones que nos parecen urgentes. La historia nos denuestra que el dolor humano, mientras más extremo es, paraliza, y eso está ocurriendo en Chile. El Acuerdo Nacional por la Infancia de este año considera varios de estos puntos. Esperamos que se transformen en acciones efectivas.

Felipe Lecannelier, doctor en psicología

José Andrés Murillo, doctor en filosofía