*Jorge Brito Hasbún

Estas semanas el Gobierno anunció indicaciones y que le pone todas sus fichas al proyecto que pondría fin a la Ley del Cobre o antigua Ley Reservada del Cobre. El anuncio, es la reforma más contundente a nuestra relación con las Fuerzas Armadas de Chile. Y que debiera buscar un objetivo recíproco: que la ciudadanía avance en confianza hacia las FFAA, y que las FFAA vuelvan a confiar en la ciudadanía, representada en el poder civil.

Para que estemos al tanto. Las FFAA se han financiado entre un 70 y 85% por ley de presupuestos discutida y aprobada en el Congreso Nacional año a año, y con eso se pagan los gastos operacionales, de administración y sueldos. Por Ley del Cobre se financia lo que llaman “capacidades estratégicas”, armas, pólvora, equipos claves, algunas tropas de élite, y por eso al igual que la gran mayoría de países, la información en torno a esto es más bien reservada. Un dato rosa que refuerza la pregunta de por qué no se hizo antes, es que en los últimos 4 años los ingresos del cobre han sido ⅔ para las compras bélicas y ⅓ para el Fisco, es decir que el Cobre ha sido más el sueldo de la industria armamentista, que el sueldo de Chile, ¿sorprende o no?

Solo por ahora omitiré la reflexión que debemos dar en torno al desarrollo de la fuerza. La urgencia nos lleva a ir directo al proyecto del 3×1:

A este proyecto lo llamo el 3×1 porque son tres cambios importantísimos en un proyecto de Ley:

Deroga la Ley del Cobre. En un plazo de 12 años acaba con esta Ley que es un peso para Codelco, el que ha debido funcionar incluso con pérdidas el año 2015 pero aún así debió destinar 867 millones de dólares (550 mil millones de pesos) a las FFAA. Aplausos para la derecha que abre una discusión que la ex NM y antigua Concertación no se atrevió a abrir y defender.

Crea un mecanismo de financiamiento para las FFAA. ¡Ojo acá! Los aplausos de la medida anterior no nos hagan desatender lo que esto significa. Los montos son enormes, se crea una nueva institucionalidad, y surgen dudas sobre la real claridad del proyecto de ley para garantizar que las prioridades, el control y la gestión estén a cargo del poder civil. Aspectos buenos acá son la creación de la estrategia de desarrollo de la fuerza, pues es primordial que el poder civil defina el plan estratégico que se aspirará a financiar. Además, en sus artículos incluye a las Comisiones de Defensa y al pleno del Congreso para conocer el detalle en reserva y la globalidad pública del gasto en capacidades militares estratégicas como armamento, pertrechos y tropas de élite. Invita a Controlaría a observar ex ante, no la obliga. Y lo que me preocupa es que no se toca el amarre que dejó Augusto Pinochet en cuanto a financiar año a año a las FFAA por ley de presupuesto en un monto igual o superior a lo que se gastó el año 1989. Como es evidente, en esos años decidieron que Chile no tenía derecho a opinar. Lo otro, para gastos en “capacidades estratégicas” establece mínimos de 650 millones de dólares al año. Lo justifican en que es el 70% del promedio gastado entre el 2010 y 2017, y duplica el monto del fondo de contingencia dejándolo en 1000 millones de dólares. Esto último genera bastante ruido, pues si nos ubicamos en un contexto de falta importante de recursos, si sumamos el piso mínimo anual por ley de presupuesto al piso mínimo de “capacidades estratégicas” el piso mínimo para las FFAA anualmente sería del orden de 2500 millones de dólares al año, lo que representa asegurar como mínimo recursos equivalentes al presupuesto anual de 9 o 10 Ministerios (Hacienda, Agricultura, Economía, Deporte, Medio Ambiente, etc). No creo que haya que desfinanciar nuestras FFAA, pero creo indispensable apegarlas a un proyecto de país compartido y conversado, no reproducir de forma automática el pasado. Donde se den las garantías necesarias para un financiamiento estable (plan de 12 años y financiamiento plurianual anticipado 5 años), pero no se evada una conversación necesaria para reencontrar dos mundos en torno a un mismo proyecto país. Al final de cuentas, todo indica que el proyecto modifica el mecanismo pero mantiene los montos, con mínimos altos, bien altos.

Un jugoso bono del orden de MIL millones de dólares anual por 8 años para quien esté en el Gobierno. Sí, el 10% del ingreso por Ley del Cobre ahora irá a beneficio fiscal por 8 años. Es decir quienes gobiernan este periodo y el próximo tendrán estos importantes ingresos extras. Me parece genial que se aumente el ingreso fiscal, pero no que se busque hacer solo para este periodo y el próximo. Es decir, que para responder a los desafíos del Chile del futuro necesitamos mecanismos permanentes y justos, no variables y agobiantes para las empresas públicas y solo cuando “yo gobierno”. Es aquí donde pueden también recaer MIL millones de razones para que el Ministerio de Hacienda respalde tan importante proyecto.

Asuntos pendientes: me encantaría pensar en un sistema en el que quienes se entrenan para ser militares puedan serlo con todo lo que necesitan, y quienes estudian Administración, gestión y contabilidad sean quienes llevan adelante la gestión de compra y funcionamiento administrativo de nuestras FFAA. Relevo esto porque me gustaría que quedara en la Ley que la gestión de compra esté a cargo del poder civil, en donde el Ministerio de Defensa sea el mandatado a gestionar el aprovisionamiento y las compras, y el militar genera el requerimiento acorde a un plan compartido.

Además, si levantamos la vista, para que el nunca más no sea solo poesía, debo mencionar: modernización de la carrera militar, y relaciones de compra y colaboración con todos los otros países, excepto con quienes el derecho internacional y los mayores organismos mundiales condenen por crímenes de guerra. Creo que no necesitamos, no debemos financiar y tampoco aprender de quienes no valoran la vida, y han perdido el valor democrático de la Defensa, que es el resguardo de la vida, la soberanía y la libertad.

Excepcional ha sido hasta el momento la voluntad del Ministro Espina de abrir el debate y no esconder los detalles, pues vale agradecer aquella voluntad poco vista en el Gobierno, y reflexionar abiertamente a que lo bueno de lo primero no nos lleve a cometer un error en lo segundo, pensémosla bien como queremos el futuro.

Y así, cerramos el 3×1, agrandamos el combo, y espero abrir el debate, pues acá se zanjará parte importante de la relación entre civiles y militares por unas buenas décadas más.

*Diputado de Revolución Democrática del Frente Amplio.