Declaración de abogadas y abogados de Derechos Humanos: Acusación constitucional y una política de Estado contra la impunidad

El 22 de agosto pasado se presentó a la Cámara de Diputados una acusación constitucional por notable abandono de deberes contra tres Ministros de la Corte Suprema de Justicia que integran la Sala Penal, motivada por el otorgamiento de la libertad condicional a seis condenados por hechos que constituyen crímenes de lesa humanidad, el 30 y 31 de julio del presente año.

Rechazamos categóricamente el otorgamiento de dichas libertades condicionales a condenados por crímenes de lesa humanidad, por vulnerar los estándares que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para este tipo de delitos.

Quienes suscribimos entendemos que, en este caso en particular, más allá de cualquier discusión sobre la legitimidad el ejercicio de esta facultad constitucional por parte de los parlamentarios, no podemos desatender la trayectoria de los Ministros acusados, y queremos dar fe de su contribución, desde su alta función, a materializar a través de sus sentencias la incorporación del Derecho internacional de los Derechos Humanos en distintos ámbitos de la vida de nuestra sociedad.

Estamos convencidos que la responsabilidad de evitar la impunidad es una tarea que nos convoca a todos, especialmente al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, quienes a través de su actividad legislativa, han podido y deben establecer un marco jurídico transparente e inequívoco respecto de esta materia, reformando toda ley que obstaculice, perjudique o impida el cumplimiento de las obligaciones que impone al Estado de Chile el Derecho internacional de los Derechos Humanos.

Esperamos que los actores políticos involucrados no dejen de explorar todas las vías necesarias para concretar de manera permanente los cambios que otorguen certeza jurídica y que garanticen eficazmente un avance en verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Pedimos, asimismo no se desconozca la trayectoria de los jueces involucrados y que esta sea valorada debidamente.

Nelson Caucoto Pereira, abogado.
Héctor Salazar Ardiles, abogado.
Luciano Fouillouix Fernández, abogado.
Adil Brkovic Almonte, abogado.
Alberto Espinoza Pino, abogado.
Roberto Celedón Fernández, abogado.
Mercedes Bulnes Núñez, abogada.
Francisco Ugás Tapia, abogado.
Pablo Fuenzalida Valenzuela, abogado.
Paz Becerra Urzúa, abogada.
Francisco Jara Bustos, abogado.
Sebastián Saavedra Cea, abogado.
Freddy Henríquez Celedón, abogado.
Andrea Gattini Zenteno, abogado.
Karina Riquelme Viveros, abogada.
Daniela Álvarez Hernández, abogada.
Tania Busch Venthur, abogada, Presidenta Corporación Fundamental.
Roberto Cárcamo Tapia, abogado y profesor de Derecho Constitucional.
Betsabé Carrasco, Defensoría Popular.
Cath Collins, cientista política.
Boris Hau, abogado.
Washington Lizana, Defensoría Popular.
Juan Maureira, historiador.
Daniel Urrutia Laubreaux, ex juez internacional MACCIH – OEA.
Tomás Vial Solar, abogado, Académico de la Universidad Diego Portales.
Pablo Villar Maureira, Oficina Especializada en Derechos Humanos Acción Urgente.
Sylvia Castillo, profesora.
César Pérez, profesor de filosofía.
Francisca Celedón Bulnes, periodista.
Gonzalo Neira, abogado.
María Jesús Porter, abogada.
María Rivera, Defensoría Popular.
María Emilia Tijoux, socióloga, Académica de la Universidad de Chile.
María Elena Ugalde, abogada.