En estos días, con la votación del proyecto de Ley de Identidad de Género, nos jugamos la posibilidad de que como sociedad demos un paso concreto hacia la reparación con la población trans, que ha sido histórica y sistemáticamente marginada, violentada, discriminada y precarizada por un Chile neoliberal y conservador que ha negado su existencia décadas. Las promesas de mayor democracia y de integración social que traían consigo la “modernización” en Chile no llegaron para les trans, al igual que para muchos y muchas más.

El reconocimiento de la identidad de género es una demanda histórica de las comunidades trans organizadas y que en nuestro país ha tenido un largo y accidentado trámite legislativo, abriéndose paso en la discusión nacional por el trabajo de distintas organizaciones sociales abocadas al tema, quienes también han resistido las innumerables indicaciones realizadas que buscaban modificar sus principios rectores y luchando contra la postergación de los gobiernos de turno. De todas formas, la patologización y la ignorancia han sido protagonistas en el debate, dando paso a que distintos sectores sociales y políticos levanten discursos conservadores extremistas, como el ala más conservadora del gobierno actual encarnada en José Antonio Kast, fomentando aún más el odio y la exclusión hacía la población trans, buscando imponer sus ánimos de clausura del debate democrático y de las transformaciones en nuestro país.

Actualmente, la población trans vive la más absoluta marginación de la vida en sociedad, no siendo siquiera reconocida su identidad por parte del Estado y la institucionalidad, profundizando aún más la discriminación producto de posiciones conservadoras anquilosadas en la sociedad chilena y la precarización extrema en que se encuentran, pues al no ser reconocides se impide el acceso a los pocos servicios sociales y derechos que existen en un país tan mercantilizado como Chile y el acceso al mundo laboral. Muestra de ello es que que alrededor de un 95% de las mujeres trans en Chile se dedican al trabajo sexual, que a muches niñes se les niegue el acceso a establecimientos educacionales por el hecho de ser trans, y que su identidad expresada no coincida con los registros y las altas tasas de mortalidad de les trans, tanto por crímenes de odio como por suicidios (factor de alto riesgo, en especial para menores entre los 11 y 18 años).

La Ley de Identidad de Género abre la posibilidad de que la población trans finalmente sea reconocida como parte de la sociedad chilena; de salir de la marginación y empezar a luchar contra la extrema precarización de la vida en Chile. He ahí la importancia de que les niñes trans sean parte de dicho proyecto, tema bastante controvertido en su discusión, donde se han impuesto posiciones del tipo “no te metas con mis hijos”, que tras una cortina de supuesta protección de la libertad de la familia y los valores tradicionales esconde la iniciativa de sectores sociales por mantener a niñes en una situación de exclusión de la salud, de la educación, etc. Posiciones conservadoras que no pretenden más que mantener y reproducir la exclusión de la población trans, obligándoles a seguir viviendo en los márgenes de la sociedad y enfrentar el hambre, la violencia y la muerte día a día. La necesidad de una Ley de Identidad de Género por trámite administrativo, no patologizante y que incluya a menores de 14 años y toda la población trans es hacerse cargo de terminar con este ciclo de precarización que ha traspasado generaciones, del cual somos responsables como sociedad.

Sin embargo, el camino no termina ahí, pues la demanda de integración social de la comunidad trans también implica la pregunta de qué sociedad quieren y queremos construir. Pasar del reconocimiento formal a una democratización radical de la sociedad chilena es el horizonte que se vislumbra tras esta discusión, y la conquista de derechos sociales, sexuales y reproductivos para la sociedad toda se vuelve la próxima trinchera, pues la mercantilización y negación de ellos precariza de manera más brutal a mujeres y disidencias sexual, tal como ha sostenido el movimiento feminista hace un buen tiempo.

Así, para que el mencionado proyecto de ley no se quede en letra muerta se hace ineludible el debate por la construcción de un educación pública no sexista puesto en la palestra por el movimiento social, que porta el potencial de construir una sociedad distinta desde sus cimientos, repensando y construyendo un nuevo modelo de relaciones sociales libres de violencia a través de un proceso educativo que busque subvertir los roles de género y el binarismo que hemos reproducido durante toda nuestra historia. Una educación como un derecho, no como un bien de consumo, y que reciba a las grandes mayorías de nuestro país es la única capaz de emprender dicho camino, que implica el cuestionamiento a contenidos, prácticas y programas en la educación chilena. Ahí reside el potencial de avanzar en la integración sustantiva de la población trans, yendo más allá del horizonte del reconocimiento formal, pues la verdadera democratización de nuestra sociedad solo llegará con la conquista de los derechos que el mercado y los sectores conservadores nos han negado, y ese será el momento donde los intereses sociales excluidos históricamente finalmente se expresen en la política. Nuestra responsabilidad como sociedad hoy, para dar un paso concreto en esa dirección, es aprobar una Ley de Identidad de Género para toda la población trans y comenzar a saldar la histórica deuda que tenemos con dicha comunidad.

Rosario Olivares, directora Colegio Latinoamericano de Integración, feminista y militante de Izquierda Autónoma.
Emilia Schneider, concejera FECh, activista trans, feminista y militante de Izquierda Autónoma.