La diputada de RD Natalia Castillo (RD) con el apoyo de su colega del PPD y también actriz, Carolina Marzán, ingresaron un proyecto de ley que propone asegurar el pago de pensiones alimenticias como la primera deuda que debe cubrirse en los remates.

Lo anterior con el fin de cautelar el derecho de alimentos de niños, niñas y adolescentes, y su adecuada subsistencia ante casos de quiebra de los alimentantes o incumplimiento de contratos,

Con esta medida se busca solucionar un vacío legal que involucra que las pensiones de alimentos no son consideradas en el orden de prioridad para el pago de deudas que establece el Código Civil.

Según dijo la diputada Castillo a través de un comunicado, “actualmente el sistema considera más importante que las personas salden sus deudas con las instituciones financieras antes que con sus hijos e hijas. Con este proyecto queremos poner como primera prioridad a los niños con el pago de la deuda de pensión de alimentos, ya que de ello depende su bienestar”

En la misma línea, la diputada Carolina Marzán agrega que “el proyecto se hace cargo de una realidad que se vive en Chile: la de los padres que no asumen la responsabilidad que tienen con sus hijos o hijas”.

La medida beneficiaría a mujeres como Lisette Córdova Lillo (34), quien lleva más de cuatro años esperando que su ex pareja le pague los –actualmente- más de ocho millones de pesos por concepto de pensión alimenticia. Lisette fundó un grupo privado en Facebook, “No más papitos corazón”, que ya cuenta con más de 800 mujeres que como ella, exigen una vida digna para sus hijos a través del pago de sus pensiones.

La maquilladora explica que “acá dos personas deciden tener sexo e hijos y las responsabilidades tienen que ser compartidas, desde los problemas y las alegrías, hasta las lucas, todo 50 y 50. Esta gran mayoría que ni paga pensión se desentiende de todo, de las visitas, las salidas, la educación, inculcar valores. Todo”.

En la misma línea, la diputada Castillo agrega que “la modificación será positiva para el casi 60% de las personas divorciadas que tienen hijos e hijas, cuyas pensiones no están siendo pagadas, y que en su mayoría son mujeres”.