Sergio Vargas contribuyó en la realización de este artículo

Cuando Paulina* (23) emigró de Venezuela nunca se imaginó que le costaría tanto encontrar refugio. Mucho menos en Chile, donde un amigo le recomendó venir debido a su estabilidad económica y porque su gobierno criticaba públicamente la administración de Nicolás Maduro y presumía de su simpatía por los migrantes de ese país.

Traía una historia marcada por la persecución política sufrida en su pueblo natal, ubicado cerca de la frontera con Colombia, donde, dice, fue amenazada de muerte en varias ocasiones por pertenecer al partido Primero Justicia, opositor al chavismo.

Tras un breve paso por Colombia, Paulina llegó a Chile en abril de este año y de inmediato se dirigió a las oficinas del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), en Santiago Centro, donde declaró y solicitó asilo.

-La persona de turno me escuchó y luego salió de la sala arguyendo que hablaría con su superior para evaluar mi petición. Pasaron cinco minutos y me dijo: “Lo lamentamos, pero no calificas para ingresar. No te vamos a dar refugio aquí’-, relató a The Clinic.

La institución del refugio, reconocida por el derecho internacional, busca proteger a las personas que huyen de sus países en razón de sus ideas políticas, religión o raza, entre otros motivos, y tiene un tratamiento especial y preferente respecto de la migración voluntaria para, por ejemplo, mejorar las condiciones de vida.

El testimonio como prueba
El de Paulina es uno de los cerca de cuarenta casos que actualmente representa la Clínica Migrantes y Refugiados, dependiente de la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales, creada en 2009.

Su directora, Francisca Vargas, dijo a The Clinic que desde 2017 experimentaron un aumento de asesorías a extranjeros a quienes no se les ha respetado el acceso al procedimiento de refugio: “En ese momento, teníamos un mecanismo acordado con el Estado: cuando ellos le decían a una persona que tenían dudas, y que mejor buscaran una ayuda jurídica, algunos venían para acá, y si a nosotros nos parecía que la persona tenía un relato de asilo, que en realidad merecía un estudio, los y las estudiantes presentaban unas cartas y luego la persona lograba ingresar al procedimiento”.

A comienzos de este año, dice, ese acuerdo dejó de aplicarse y decenas de extranjeros llegaron a la Clínica asegurando que sus casos eran rechazados luego de sostener una pequeña entrevista con algún funcionario de Extranjería –no un oficial de protección, como indica la ley-, que no duraba más de cinco minutos.

“Esta instancia de decisión no está contenida en la ley ni en los tratados internacionales ratificados por Chile. En todo el proceso que estipula el DEM, nunca se menciona que tienen que hacerte una entrevista previa para ver si remiten o no tus antecedentes a análisis. Quien debe tomar la decisión de si una persona es refugiada es el Subsecretario del Interior, después de un proceso de estudio que en la práctica hoy dura entre dos y tres años, pero jamás el funcionario de ventanilla”, asegura Vargas.

Sin embargo, el proceso habitual, de aceptar la petición y después, en un proceso regulado, resolver su mérito, no se puso en práctica en el caso de Paulina ni el de otros solicitantes que bajo la perspectiva de la Clínica, sí cumplían con al menos uno requisitos establecidos en la ley: haber abandonado su país de origen por tener temores fundados de persecución en razón de su religión, ideas políticas, raza o pertenencia a determinado grupo social; para protegerse de amenazas ciertas a su integridad física y síquica, provenientes de perturbaciones graves en el orden público, guerra o violación de los derechos humanos que el Estado no sea capaz de detener o que permita; o quien carezca de nacionalidad y que, por los motivos anteriores, no pueda o no quiera volver al país donde reside.


Francisca Vargas

Paulina, por su parte, detalla a este medio que fue “fichada” por la policía de su país a medida que aumentaba su participación en actividades organizadas por Primero Justicia, como foros de discusión o jornadas recreativas. La persecución en su contra, dice, se volvió mucho más severa cuando se integró al grupo de estudiantes que se tomó su universidad, donde estudiaba Ingeniería Ambiental.

-Estuvimos tres noches en la universidad, junto a unos amigos que después también tuvieron que irse de Venezuela por la violencia. Uno, incluso, perdió una pierna, porque fuimos muy golpeados cuando nos sacaron. Yo tuve que irme a otro estado y luego del país, porque la policía tenía mi chip, mi dirección y sabían por dónde me movilizaba. Recibí amenazas por WhatsApp en la que decían que me iban a matar a mí y a mi familia, incluso con un teléfono nuevo y ya fuera de mi pueblo. Mi mamá y mi abuela se tuvieron que ir para Colombia a la casa de un tío, pero una prima que también participa en Primero Justicia sigue en Venezuela y la semana pasada entraron a su departamento cuando ella no estaba y le destrozaron todo. Para donde va, tal como me pasaba a mí, es seguida por carros polarizados que la vigilan en todo momento-, narra.

Pese a estos antecedentes, el relato de Paulina fue desechado casi inmediatamente y ni siquiera ingresó al procedimiento de análisis y posterior determinación: “La persona que me atendió me dijo que mi historia no aplicaba para refugio, ahí mismo, después de tres minutos. Aun cuando yo les dije que no podía volver por nada en el mundo a Venezuela, después de explicar mi situación, me dijo que no”.

Frente a esto, Francisca Vargas asegura que “es increíble que un caso de persecución y escape forzado tan claro como el de Paulina no sea considerado suficiente, ni siquiera, para entrar a procedimiento. Su historia es tan grave y además concordante con la situación de su país de origen que no resiste análisis la negativa”.

Según ha podido comprobar la abogada, los motivos esgrimidos por el DEM para rechazar los casos antes de que ingresen a proceso son variados, incluso la “falta de pruebas” que corrobore lo relatado por el solicitante.

Respecto a esto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estipula que el testimonio personal del potencial refugiado es prueba suficiente para que se evalúe el asilo. Además, indica que esta evidencia debe primar por sobre el beneficio de la duda, más aún cuando resulta creíble debido la contingencia de su país.

En el caso chileno, una vez que se recibe el testimonio, el marco legal indica que la Secretaría Técnica del DEM es la encargada de reunir la información necesaria para estudiar el caso, lo que podría extenderse por más de dos años. Sin embargo, la historia de Paulina y la de otros rechazados en la ventanilla, nunca llegan a manos de esta comisión, debido a la creación de esta inédita fase de “pre admisibilidad”.

Actualmente, Paulina vive en Independencia junto a tres personas, y mientras espera regularizar su situación con la ayuda de la Clínica, trabaja en una tienda de electrodomésticos. No obstante, dice que las inesperadas trabas le han generado una nueva inquietud: “Ya se cumplieron 90 días desde que estoy aquí y por tanto quedé indocumentada, es decir, no tengo ninguna clase de documento que me certifique. Por el momento solo me queda esperar a que me avisen en qué está mi caso, porque volví a ir al DEM y me tomaron declaración nuevamente. Eso fue en julio y hasta el día de hoy no tengo noticias”.

De Siria a Venezuela
Falah* (40) abre el banano que lleva atado a su pantalón y muestra todo tipo de papeles: boletos de bus, cédulas, pasaporte.

Como puede, explica en español que ingresó a pie por Arica, a mediados de junio de este año. Antes estuvo en Venezuela -donde tiene una pareja y un hijo- , en Colombia y en el Líbano.

Su periplo comenzó cuando decidió emigrar de Sweida, ciudad siria conocida como la “pequeña Venezuela” en ese país, debido al amplio número de inmigrantes árabe-venezolanos que la habitan.

Falah cuenta que aterrizó en la “verdadera” Venezuela en 2006, donde logró sacar carnet de residencia: “Me fui de Siria buscando una mejor vida, ya no se podía estar ahí porque la guerra está desatada. Pero con el tiempo me di cuenta que en Venezuela tampoco se puede vivir bien, porque cuesta encontrar trabajo, sobre todo si eres sirio, y desde hace algunos años faltan muchos servicios básicos”.

Desde su perspectiva, la situación se tornó insostenible cuando el hambre comenzó a asediar: “Entonces, dejé mi familia formada en Venezuela y vine a Chile, donde entré sin control policial. Apenas llegué a Santiago pedí que me indicaran dónde ir para pedir refugio, y llegué a las oficina del DEM”.

Según recuerda, fue atendido por una persona que, al ver su documento venezolano, pensó que hablaría español fluidamente, “por lo que la entrevista fue en ese idioma. Después tuve que firmar unos papeles y al final no entendí nada, sólo que fui rechazado”.

Posteriormente, a Falah se le recomendó buscar asistencia jurídica y llegó a la Clínica de la UDP, donde es asesorado para reingresar su solicitud.

Pero esta cátedra no es el único organismo que ha tomado conocimiento de la nueva práctica del DEM. En su informe anual del 2010, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) ya había denunciado la existencia de una fase de pre admisibilidad que atentaba contra legislaciones nacional e internacional, que ahora afecta a Paulina y Falah.

Uno de los abogados del Instituto, Alexis Aguirre, explica a The Clinic que “esta práctica para acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, que básicamente consiste en entrevistar a las personas que van a solicitar asilo en Chile, vulneraría estándares de Derechos Humanos, normas específicas de tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, la Ley 20.430 de nuestro país, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, estipula que toda persona tiene derecho a acceder al procedimiento de solicitud de refugio con independencia de su situación migratoria, es decir, incluso, en condición irregular o de turista”.


Alexis Aguirre (Crédito: 24 Horas)

Al igual que en la Clínica de la UDP, “los últimos relatos” recibidos por el INDH “indican que a la persona le hacen una pequeña entrevista que no sería ante un oficial de protección, quienes tienen cursos específicos para efectuar su labor, sino ante un administrativo, y después se les comunica de una forma bastante irregular a nuestro entender que ni siquiera van a acceder al procedimiento de determinación de condición de refugiado”, lo que los ha llevado a presentar recursos de protección en favor de personas afectadas por esta situación, “señalando que esto vulnera principios como el de igualdad y no discriminación, por cuanto se establece un trato diferenciado entre aquellas personas que pueden acceder al procedimiento y aquellas que no, sin un fundamento para definir por qué”.

Según Falah, su historia ni siquiera pudo ser comprendida por quien lo atendió, ya que producto de la diferencia de lengua habría confundido fechas y motivos. En la actualidad, el ciudadano sirio sigue al margen del procedimiento, en situación irregular, sin trabajo y con la incertidumbre “de saber si finalmente me podré quedar para poder vivir tranquilo por primera vez”.

La porfía
La Clínica de la UDP y el INDH coinciden en que, si bien tienen reparos con el procedimiento de determinación de refugio desde hace años, son los últimos reportes de solicitantes los que denuncian el rechazo por ventanilla.

A condición de reserva de identidad, un exfuncionario del DEM -que abandonó la repartición hace pocos meses- afirma que esto obedece a un lineamiento adoptado tras el cambio de gobierno, con el propósito de usar “esta entrevista previa, que internamente denominan ‘orientación’, para hacer un colador, para que los casos ni siquiera pasen a análisis de Secretaría, o para que los solicitantes finalmente desistan en su intento”.

“Antes eso no ocurría. Si había una persona que, por ejemplo, llegaba a Chile y solicitaba refugio porque no encontraba trabajo, obviamente no entraba en las causales (y sería eventualmente rechazado). Pero que llegues, te entrevisten en una instancia inventada, y después te digan que no, es un gran problema”, agrega.

Pese a la supuesta intención que habría tras la negación de procedimientos, hay personas que están dispuestas a insistir. Una de ellas es Carmen* (30), una cubana que llegó a Chile afirmando ser víctima de un vasto “hostigamiento político”.

-Mi familia, como mi abuelo paterno y mis padres, siempre fue opositora al régimen comunista. Desde que tengo uso de he vivido bajo ese tipo de doctrina. Nunca participé de instancias organizadas por el Partido (Comunista) ni por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, como sí lo hacían mis compañeros de escuela-, cuenta Carmen.

Según explica, “en Cuba tú estás con el Gobierno o eres un excluido. Si no es así, te vigilan constantemente y te hacen seguimientos. Mi caso arrastraba un historial familiar: mi padre estuvo preso en varias ocasiones, nunca pudo trabajar legalmente porque le pedían avales del partido. A mí, por ejemplo, más de una vez me montaron en una patrulla después de agarrarme en la calle, sin haber hecho nada. Es que ya estaba identificada. Por eso llegó un momento en que ya no podía más. No podía salir a ninguna parte con mi pareja porque nos caían a golpes, y cuando me tomaban presa, los policías me tocaban”.

Expuesta a este tipo de situaciones, Carmen cuenta que decidió “vender lo poco que teníamos e irnos a Guyana. Ahí buscamos información y supimos que Chile estaba suscrito a tratados de refugiados, así que elegimos este destino”.

El viaje por tierra incluyó pasos por Brasil, Bolivia y Perú, donde “la policía nos timbraba los pasaportes a cambio de plata”.

-Cuando llegamos a la frontera de Perú con Chile, en Arica, nos atendió una funcionaria de la PDI y nos dijo que no podíamos solicitar refugio, porque necesitábamos una entrada legal, entonces, muy amablemente, nos devolvió. Finalmente decidimos entrar de forma irregular, por la playa, porque no nos quedaba nada de plata. Días después, nos presentamos en la PDI de Arica solicitando refugio, denunciando lo que nos había pasado, y esta vez nos dijeron que sí, que podíamos venir para Santiago e ir a Extranjería, que no iba a haber ningún problema.

A las oficinas del DEM acudió al menos cinco veces, según recuerda. En ninguna de ellas pudo llegar a la entrevista, ya que se presentaban problemas como que “no aparecía en el sistema y cosas así, una incongruencia que no entendíamos nada”.

-Después de tanto, finalmente un día nos dejan acceder a una entrevista, nos toman declaraciones y nos dicen que debían hablar con la jefatura para ver si les acepta el proceso. En 5 minutos miraron para atrás y nos dijeron: “No, su caso está denegado, pueden dirigirse a una oficina de derechos humanos o a una clínica jurídica”. Fuimos con los derechos humanos y nos ayudaron con un recurso de amparo a presentar en Extranjería, quienes nos dijeron que volviéramos en 10 días. Cuando lo hicimos, mi esposo quedó en el procedimiento y a mí me lo negaron porque ¡Tenía una orden de expulsión! Imagínate mi reacción, era vivir una pesadilla.

Después de que se le informara esta medida, Carmen decidió acudir a la Clínica de la UDP, donde la ayudaron a revertir la orden y postular nuevamente al procedimiento.

-Cuando me volví a presentar, me atendieron extremadamente mal. Me dijeron que ellos no podían aceptar mi proceso porque ya me lo habían denegado una vez, hasta que un administrativo dijo: “Lo que usted tiene que hacer es sacar un pasaje para irse a Cuba, nada más”. Yo le pedí que por favor me escuchara, pero él estaba parado frente a mí leyendo un documento sin oírme.

No obstante, la porfía tuvo su efecto: al momento de conceder esta entrevista, y luego de cerca de diez intentos, Extranjería le comunicó a Carmen que su caso finalmente pasará a proceso de determinación, y será estudiado en paralelo al de su esposo.

-Me dijeron que harán un informe que después se presenta a una comisión, seguirá todo un procedimiento establecido. Mientras, me estarán dando visas temporales. Pero no sé, ya han pasado tantas cosas que no confío en nada.

Gobierno niega existencia de procesos de “pre admisibilidad”
Ante las situaciones denunciadas por el INDH y la Clínica Jurídica de la UDP, The Clinic contactó al Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, quien negó que la entrevista y resolución por ventanilla exista. “Nuestra ley de refugio es de las más actualizadas en la región. En ese sentido, no existe un procedimiento formal de pre formalización, aunque tenemos la obligación de informar todas las opciones disponibles para los migrantes”.


Álvaro Bellolio

Consultado por los lineamientos internos para abordar los casos de solicitud de refugio, la máxima autoridad del DEM sostiene que “son justamente los que están en la ley. De hecho, en este año, llevamos el máximo histórico de formalizaciones de refugio. El asilo o refugio, un tema complejo, se entrega a todos los que demuestren persecución política o violación a sus derechos humanos en sus países de origen”.

Por último, Bellolio agrega que actualmente “tenemos 11 mil casos en revisión, y soy miembro de la comisión, por lo que conozco los distintos tipos de casos”. Esto, a pesar de que los ejemplos que han alertado al INDH y a la Clínica de la UDP son justamente aquellos que no logran ingresar al procedimiento donde interviene la comisión.

*El nombre de los entrevistados fue modificado por pedido de los mismos.