Padres de los 43 de Ayotzinapa pasan de la “rabia” a la “esperanza” tras reunión con López Obrador

La “rabia” acumulada por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tras cuatro años sin conocer el paradero de sus hijos se convirtió hoy en “esperanza” en una reunión con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en cuyo Gobierno -aseguraron- confían para “alcanzar la verdad”.

“Es el primer día en todos estos cuatro años que los padres nos sentimos con esperanza”, afirmó en una conferencia Epifanio Álvarez, padre de uno de los jóvenes.

Los padres de los estudiantes, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, acudieron a la reunión con el mandatario electo aferrados, como es habitual, a los carteles con los rostros de sus hijos y acompañados por un grupo de estudiantes de la escuela de maestros a la que pertenecían las víctimas.

El acercamiento ha marcado un antes y un después en el caso, que hasta ahora ha estado condicionado por la falta de avances por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha defendido hasta la fecha la validez de una narrativa oficial desmentida por expertos internacionales.

La lucha “nos ha llenado de rabia, porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por este caso, por nuestros hijos”, consideró Álvarez, quien al igual que el resto de padres confía en que su hijo todavía esté vivo, y conserva intactas, 48 meses después de la desaparición, las ganas de “abrazarlo y besarlo”.

“Estamos contentos, estamos con el corazón lleno de esperanza. Para los padres, sin justicia no hay paz”, expresó Álvarez.

López Obrador se comprometió ante los padres a cumplir tres compromisos. El más importante de ellos radica en instalar una Comisión de la Verdad para seguir investigando el caso.

Esta ya ha sido decretada por un tribunal colegiado, aunque los efectos de la sentencia quedaron detenidos durante unas semanas hasta que otro órgano judicial confirmó que la Comisión es viable y cuenta con sustento constitucional y legal.

Independientemente de lo que pueda pasar con dicha sentencia, López Obrador avanzó que el 1 de diciembre, cuando asuma la Presidencia, emitirá un decreto por el que iniciará la Comisión, si es que por entonces no se ha hecho.

Otro de los compromisos consiste en no obstaculizar desde el Ejecutivo la investigación y fomentar la colaboración de todas las instituciones gubernamentales que puedan ayudar a esclarecer el paradero de los jóvenes.

Por otro lado, “se acordó abrir las puertas de nuestro país a los organismos internacionales de derechos humanos que han ayudado contra viento y marea a que este caso no fuese cerrado”, subrayó López Obrador.

Cuando miembros de la prensa le preguntaron si se iba a investigar al Ejército -en el que todavía no se ha indagado pese a las peticiones de la CIDH y otras organizaciones-, el izquierdista contestó con un escueto: “A todos”.

En el mismo sentido se pronunció el próximo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien será responsable de coordinar la investigación. “Se va a investigar todo”, dijo a un grupo de medios.

Recordó que la sentencia del tribunal que ordenó la creación de la Comisión “habla de funcionarios que obtuvieron declaraciones (de detenidos) bajo tortura”, pero precisó que no se va a emprender “una cacería de brujas”.

“Han pasado cuatro años donde ha habido una actitud omisa en la investigación, pero creo que todo puede reconstruirse (…). Se retomará lo que ha sido bien hecho y lo que no, se corregirá. Y habrá nuevas líneas” en la indagatoria, detalló.

De acuerdo con la versión oficial, los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos, que los entregaron a miembros de un grupo criminal que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura.

No obstante, este relato ha sido desmentido por expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes han señalado irregularidades en la investigación oficial, así como la imposibilidad física de que 43 cuerpos fueran incinerados en el vertedero.

En la reunión con los padres también estuvieron presentes representantes de la CIDH, el alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, indicó que todavía está por detallar el “plan de acción” del organismo -que implementó desde 2016 un mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa- en este “trabajo conjunto” que supone la Comisión de la Verdad.

“Necesitamos organizarnos, establecer una metodología, porque se trata de muchas instituciones; vamos a ver la responsabilidad que cada una tiene”, aseveró la relatora, quien recientemente visitó la escuela para maestros de Ayotzinapa, donde reiteró que la CIDH “no acepta” la versión del Gobierno sobre la desaparición.