Manuel Riesco y denuncia por boicot de pensiones de invalidez: “Confirmaría la continua manipulación del proceso de jubilaciones en el sistema de AFP”

A mediados de este mes, The Clinic dio a conocer la denuncia que existe contra AFP Provida por un eventual “control de siniestralidad”, cuyo propósito sería obstaculizar la solicitud de pensión por invalidez de sus afiliados. ¿Qué opina sobre esta denuncia?

-La denuncia de The Clinic, basado en la que fuera interpuesta por fundación Valídame, me parece de la mayor gravedad. Confirmaría la continua manipulación del proceso de jubilaciones en el sistema de AFP por parte de las empresas privadas que lucran del mismo, con complicidad o anuencia del regulador, en perjuicio adicional de los futuros pensionados que ven retrasadas y reducidas más aún sus pensiones que ya son muy tardías y muy bajas por el diseño mismo del sistema. Las jubilaciones por invalidez en particular, ha sido un campo donde desde siempre se ha buscado dificultar el proceso de obtención del beneficio. Recientemente la prensa informó de otra investigación en curso de la SP por otra manipulación entre los gestores de pensiones coludidos con las compañías de seguros.

En la denuncia descrita, se evidencia cómo la Superintendencia de Pensiones ha dictado prácticas que obstruirían la solicitud del SIS, como establecer la obligación de llenar un formulario médico antes de acceder al debido proceso. ¿Por qué cree que la Superintendencia acude a mecanismos como este?

-Hay que recordar al respecto, en primer lugar, las sucesivas medidas administrativas de la entonces Superintendencia de AFP, hoy SP, que fueron haciendo cada vez más difícil hasta hacer casi imposible el retorno al sistema antiguo. En las décadas de 1980 y 1990 felizmente lograron retornar numerosas personas, incluidos algunas autoridades de la época, permitiéndoles jubilar con pensiones del entonces INP, actual IPS, que eran y siguen siendo muy superiores a las AFP.

Según la misma denuncia, cuando AFP Hábitat propone el “agendamiento de horas” previo al trámite de la pensión, la Compañía de Seguros Vida Cámara, perteneciente al mismo holding, ya se había adjudicado la licitación del seguro de invalidez. ¿Cómo y por qué es posible que Aseguradoras y compañías de seguro pertenezcan al mismo grupo empresarial?

-Lo denunciado hace aún más abusivo el mecanismo de diseño mediante el cual los administradores del sistema de AFP se embolsan con “la parte del león” de las cotizaciones mensuales. Las “primas” cobradas por aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias, que en varios casos pertenecen a los dueños de las AFP, son el principal mecanismo, junto a las comisiones de administración de estas últimas, mediante la cual los administradores del sistema se embolsan en forma neta uno de cada tres pesos cotizados cada mes. En los últimos doce meses a julio pasado, por ejemplo, las AFP recaudaron 6,9 billones de pesos en cotizaciones obligatorias, de los cuales destinaron 2,2 billones (32% de cotizaciones) a financiar su modesto aporte de 142 mil pesos en promedio a las pensiones que pagan, mientras se embolsaron 2 billones de pesos (29% cotizaciones) en comisiones y primas netas, casi lo mismo que pagaron en pensiones. El excedente de 2,7 billones de pesos fue traspasado principalmente a grandes empresas en forma de préstamos y capital accionario, o apostado en los inciertos mercados financieros, tanto en el país como en el extranjero.
Este excedente va a engrosar el fondo de pensiones, que de esta forma y como demostró el Premio Nóbel Franco Modigliani, crece siempre sin perjuicio de sus periódicas pérdidas y por lo tanto no será devuelto jamás. Es la contribución forzosa de los trabajadores el mentado ahorro nacional, “para que la gocen sus adversarios” como decía Recabarren.

Usted ha denunciado que el sistema de capitalización individual existente en Chile es una “estafa piramidal”. A luz de las nuevas revelaciones, ¿reafirma o modifica en algo su apreciación?

-Este mecanismo opera exactamente igual que las estafas “Ponzi”, cuya esencia consiste en que los beneficios de los antiguos aportantes se pagan con el capital fresco aportado por los nuevos, quedando la diferencia a favor del estafador. Si se suman las comisiones cobradas por las AFP, se llega a uno de cada tres pesos cotizados traspasados a propiedad de los administradores. Otro peso destinan al pago de pensiones y el que queda se lo traspasan principalmente a los grandes grupos empresariales en forma de préstamos o capital accionario. Tras estas operaciones, ni un solo peso de cotizaciones queda en las supuestas bóvedas de las AFP, ahí sólo hay papeles que registran lo cuidadosamente estos traspasos del dinero contante y sonante extraído a la fuerza a seis millones de chilenos cada mes.

¿Cómo se podría poner fin a esta situación?
-Hay que decir que la manera más eficaz y directa de terminar con el sistema de AFP siempre ha sido permitir el retorno al sistema antiguo, lo cual fue propuesto formalmente en los años 2000 por varias organizaciones como manera de solucionar, por ejemplo, la angustiosa situación de funcionarios públicos con daño previsional, y se llevó a la práctica en muchos casos individuales. Este camino prácticamente se cerró por sucesivas medidas de la SP, pero si se reabriera flexibilizando las mismas normas administrativas que hoy lo impiden, permitiría todavía resolver el problema para muchas personas que alguna vez cotizaron en el sistema antiguo.

¿Qué lectura hace de la reunión entre ejecutivos de las AFP y el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, bajo el marco del “Chile Day” en Londres?
-La denuncia de un medio de comunicación acerca de lo prometido por Macías a los financistas reunidos en el reciente Chile Day en Londres, respecto a la reforma previsional, muestra dónde y por el interés de quién se resuelve una de las principales políticas sociales públicas chilenas. En este caso, el superintendente fue a asegurar que el flujo de dinero extraído forzosamente a los trabajadores que cada mes logran empleo formal, y que una vez descontado los que destina a pagar pensiones equivale a poco alrededor de 9 por ciento de todos los salarios imponibles, se elevará en 4 por ciento adicional y además se forzará el cobro de 17 por ciento a los mismos trabajadores cuando trabajan a honorarios.
Este regulador (Osvaldo Macías) se inscribe en una triste tradición en ese cargo. Desde luego su antecesora, (Tamara Agnic) que venía del grupo Penta, se vio obligada a renunciar a raíz del caso “fusiones”. Otro de sus antecesores, que operó en sucesivos gobiernos democráticos en los años noventa, era un entusiasta propagandista en el país y el extranjero de las bondades del sistema, proponiendo continuas medidas que beneficiaban a las AFP y levantaban restricciones a las inversiones. Terminó trabajando para el grupo delincuencial Inverlink y procesado por la justicia.

Denuncian que AFP Provida y compañías de seguros boicotean de forma ilegal solicitudes de pensión de invalidez

El escrito ingresado ante la Fiscalía Nacional Económica por la fundación Valídame se sustenta en el testimonio de una empleada de Provida, quien revela, con su testimonio y correos electrónicos de sus superiores, que existe un procedimiento denominado “control de siniestralidad”, cuyo propósito es obstaculizar las solicitudes de pensión por “invalidez”, para mantener el índice de pago de estos beneficios artificialmente bajo.

CAE
¿Por qué se lanzó en contra del expresidente Ricardo Lagos y del exministro de educación Sergio Bitar, luego de que defendieran el CAE?

-El expresidente y su exministro bajo cuya conducción se inventó el CAE fueron a defenderlo ante la comisión parlamentaria que lo investiga (acompañados y bien asesorados por una actual funcionaria CRUCH que antes ofició brevemente de directora de educación superior tras administrar el CAE durante una década). Usaron argumentos falsos, como que el problema no era el diseño sino “la implementación” y que no había plata para hacer las cosas de otro modo. Nunca han reconocido el verdadero propósito del CAE, que es privatizar la educación superior mediante el “subsidio a la demanda” —de la cual los funcionarios bajo su mando se han declarado públicamente fervientes partidarios— con fondos públicos, la mayor parte de los cuales fue va a parar a “sostenedores” dirigidos por sus exfuncionarios, correligionarios y amigos cercanos.

Según estudios de CENDA, desde 2015 a la fecha no se han gastado $650 mil millones del presupuesto del CAE. Desde su perspectiva, ¿a qué se debe esta situación?
-El fisco no sólo financió casi dos tercios de los créditos CAE efectivamente cursados, pues también ¡destinó a este efecto plata de sobra! Una parte importante de los fondos destinados al CAE en los presupuestos presentados nunca se ejecutaron: el 2015 y 2016 quedó sin ejecutar un quinto y un tercio, respectivamente, de las partidas destinadas al CAE. El 2017 no se ejecutó ¡un 40 por ciento! En total se dejaron sin ejecutar 650 mil millones de pesos en esos tres años, la mitad de lo que se destinó a gratuidad ¡diciendo que no había plata! Es decir, no se necesitaba el aporte de los bancos, plata les sobraba para esto, pero se mezquinaba para gratuidad o para aportes directos a las Estatales o a las instituciones de educación superior en general.
Si quiere saber cuál es la política de un gobierno, más que a lo que dice ponga atención adonde destina la plata en su presupuesto. El CAE fue la niña de los ojos de los gobiernos desde Lagos en adelante. Mezquinaron recursos para todo menos para el CAE, al que le dieron de sobra y resobra.

Ricardo Lagos afirmó ante la Comisión Investigadora del CAE que la implementación del Crédito no es de su responsabilidad, sino del gobierno “que entró” ¿Por qué cree que Lagos evade su responsabilidad al respecto?
-Lo que Lagos y Bitar eluden es la impresentable colusión entre sus asesores, entusiastas “partidarios del subsidio a la demanda” según propia confesión, y las instituciones que recibieron los fondos públicos que ellos generosamente les regaban en manantial por esta vía.
Casi dos tercios del CAE cursado desde 2006 a 2017 fue embolsado por cinco “sostenedores” privados, tres tienen dudosa calidad y han sido investigados por lucro ilegal. El principal “sostenedor” beneficiario del CAE se embolsó desde el 2006 al 2017 un total de 842.783 millones de pesos en moneda del último año (unos 1.200 millones de dólares), casi un quinto del total cursado. Se trata del grupo privado internacional con fines de lucro Laureate, cuya actual cabeza en Chile es la exDirectora de Educación Superior cuando se creó el CAE, destacada militante del partido político al que pertenecen quienes han encabezado los ministerios de Hacienda y Educación a lo largo de buena parte de este período, dependencias por las cuales se pasea como Pedro por su casa a pesar de no estar inscrita en la ley de lobby, y amiga cercana del expresidente y su exministro. Otros dos de los cinco principales “sostenedores” beneficiados, la Iglesia Católica y la Universidad San Sebastián, son encabezados por personas cercanas a otro de los partidos al que han pertenecido las autoridades gubernamentales y parlamentarios que fueron más activos en la creación y defensa del CAE.

¿Qué resultados espera de la Comisión Investigadora del CAE?
-Esperaría que resulte en un informe que ayude a conformar en la oposición un consenso amplio y decidido a rechazar de plano tanto el CAE como el nuevo Sistema Integrado Financiamiento Solidario (SIFS) propuesto por el gobierno, que es aún peor porque se cobra con cada liquidación de remuneraciones. Significan cargar una parte imporante del costo educacional sobre los salarios de futuros profesionales calificados, mediante un impuesto encubierto de discutible constitucionalidad porque nunca ha sido aprobado como tal por el parlamento, que es injusto porque se aplica sólo a algunos, e ineficiente porque recarga la mano de obra calificada. Constituye un abuso inmoral puesto que contraviene el contrato social secular que obliga a las élites a financiar íntegramente los “asuntos del espíritu”, que incluyendo la educación, con cargo al excedente que se apropian. El costo total de la educación debe ser financiado por las empresas con cargo a sus ganancias, no por los trabajadores calificados.

Evaluación de porcentajes de invalidez: la otra herramienta para bloquear pensiones

Cuando un trabajador solicita pensión de invalidez debe acreditar las distintas afecciones que tiene para acceder a ella. Comisiones médicas regionales y, en última instancia, la Comisión Médica Central, deben evaluar si por separado o combinados, los padecimientos del trabajador son suficientes para declararlo incapacitado.

ECONOMÍA DEBILUCHA
¿Cuál es su opinión respecto al estado general de la economía chilena?
-De alto riesgo. Lo más probable es que continúe el vuelo de regreso al Norte de los capitales golondrina que bajaron al Sur durante la crisis de las economías desarrolladas en los años 2000, e insuflaron acá los precios de materias primas, monedas, bolsas y deudas empresariales. Así sucedió en las décadas de 1980 y 1990 cuando regresaron a las economías desarrolladas se recuperaban de su crisis de los años 1970. Eso es lo que ha venido derrumbando las materias primas, monedas y bolsas haciendo sudar tinta china a las grandes empresas endeudadas, en los países emergentes, durante la década en curso. Lo más probable es que ese proceso continúe.

En agosto de este año, la expresidenta, Michelle Bachelet, señaló en entrevista con The Clinic que ha visto “una economía debilucha” en el país luego de que asumiera el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Coincide con esta afirmación?
-Tiene razón la expresidenta. Hasta ahora ello no se ha manifestado en el empleo, al menos hasta junio pasado según los cotizantes en las AFP que es su mejor medida. Éste se estancó durante el 2017 pero viene repuntando desde diciembre pasado. Ojalá siga, pero lamentablemente me parece que todo apunta en sentido contrario.

¿Cómo evalúa la reforma tributaria impulsada por el exministro Alberto Arenas? ¿Era tan mala, como apuntó el empresariado insistentemente?
-La reforma de Arenas era mala porque mantuvo en lo esencial la famosa “integración tributaria”, que significa que las empresas no pagan impuestos, sólo anticipan los de sus dueños. Arenas intentó mantener eso pero subir los anticipos, lo que logró en cierta medida. La “cocina” enredó todo y sacó un engendro, pero tuvo la virtud de establecer un mecanismo en que las empresas vuelven a pagar impuestos de forma separada de sus dueños. La reforma de Piñera quiere revertir precisamente esto.