Este martes, y por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora para esclarecer y fiscalizar los actos de los últimos gobiernos -a través del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Pensiones- desde el año 2008 a la fecha, ante las presuntas irregularidades denunciadas en la entrega de pensiones de invalidez por parte de las AFPs y que The Clinic ha cubierto en sus reportajes: “Denuncian que AFP Provida y compañías de seguros boicotean de forma ilegal solicitudes de pensión de invalidez” y “Evaluación de porcentajes de invalidez: la otra herramienta para bloquear pensiones”.

La instancia fue impulsada la semana pasada por la diputada Gael Yeomans, junto a los parlamentarios Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gastón Saavedra (PS), Raúl Soto (DC) y Daniel Núñez (PC), mientras que la moción fue firmada por un total de 78 diputados, de la oposición y oficialismo.

“Aquí hay situaciones graves que investigar, están siendo rechazadas pensiones a personas que se encuentran imposibilitados de seguir trabajando por temas de salud y que por lo demás han cotizado para acceder a sus pensiones. En esa misma línea es importante también hacer un llamado al Gobierno, a hacerse parte de esta instancia porque aquí se van a investigar temas relevantes en materia de pensiones. Una reforma al sistema previsional, como desde el Ejecutivo se está planteando, no puede ser aprobada sin hacerse antes cargo de este tipo de irregularidades”, indicó la diputada Gael Yeomans.

En la misma línea, añadió que “las conclusiones de esta comisión deben ser analizadas para que no se vuelvan a repetir; la seguridad social es un derecho que no puede ponerse en duda por nadie”.

Una vez que se constituya la comisión, los diputados que la integren deberán recabar antecedentes sobre los actos de la Superintendencia en materia de procesos de solicitudes de dichas pensiones, en relación con las AFP y los organismos vinculados. La Comisión Especial deberá rendir su informe a la Cámara en un plazo no superior a 90 días.

Detalle del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados:

Crear una Comisión Especial para que dé inicio a las investigaciones relacionadas con dichas materias, determine las responsabilidades involucradas, recabe información, recibiendo para tales efectos a las autoridades y personas que estime pertinentes relacionadas con las materias, y cuyo objeto de la investigación será:

1. Fiscalizar, desde el año 2008 a la fecha, los actos de los Gobiernos realizados a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Salud y de la Superintendencia de Pensiones, en relación con el cumplimiento de las normas relativas a las pensiones concedidas y denegadas por concepto de invalidez y sobrevivencia, según lo señalado en la parte considerativa de esta solicitud.

2. Fiscalizaras actuaciones normativas y fiscalizadoras realizadas por la Superintendencia de pensiones desde la reforma previsional del año 2008 a la fecha, sobre los procesos de solicitudes de pensiones de invalidez y sobrevivencia, en especial, en relación con las Administradoras de Fondos de Pensiones y organismos relacionados.

3. Fiscalizar otros actos que pudieran haber emprendido los órganos competentes de la Administración del Estado, tales como el Consejo de Defensa del Estado, y otros organismos en relación con los hechos enunciados en la parte considerativa.

4. Tomar toda otra acción o resolución que sea conducente al esclarecimiento de los hechos señalados en la parte considerativa de esta solicitud, como también de los puntos expresados en el mandato que se le encarga a esta Comisión.

La Comisión Especial deberá rendir su informe a la Corporación en un plazo no superior a 90 días, y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.

Denuncian que AFP Provida y compañías de seguros boicotean de forma ilegal solicitudes de pensión de invalidez

El escrito ingresado ante la Fiscalía Nacional Económica por la fundación Valídame se sustenta en el testimonio de una empleada de Provida, quien revela, con su testimonio y correos electrónicos de sus superiores, que existe un procedimiento denominado “control de siniestralidad”, cuyo propósito es obstaculizar las solicitudes de pensión por “invalidez”, para mantener el índice de pago de estos beneficios artificialmente bajo.