A la caza del «Guatón Romo»

José Plaza sabía que los ciudadanos chilenos en el extranjero debían ir cada cierto tiempo al consulado para renovar sus documentos. Solicitaron a la ministra Olivares pedir la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores para que les brindara las facilidades a los detectives para revisar su archivo consular. Con la orden de la jueza, el 22 de junio partió al Archivo Histórico Consular de la Cancillería todo el equipo de la CACI —que básicamente consistía en Plaza, Cabión y los oficiales administrativos, ya que Luis Henríquez estaba en la academia. Pasaron horas revisando unos enormes libros, atentos a los posibles trámites consulares de la familia Henríquez en Brasil.

Cada uno por separado, revisaron libro tras libro, año tras año, buscando alguna mención a un señor Andrés Henríquez o posibles miembros de su familia. De repente, Plaza se levantó de la mesa y abrazó a Cabión.
—¡Lo tenemos! —exclamó.

Plaza le mostró un documento: en el anexo al oficio Nº 832/503 del 23 de agosto de 1978 del consulado general de Chile en São Paulo, aparecían Romo, su señora y sus cinco hijos, todos con sus identidades falsas, renovando sus pasaportes el mes anterior. Escarbaron un poco más y descubrieron otro oficio consular dando cuenta del otorgamiento de pasaportes a la familia Henríquez-Rojas en Brasilia en 1977.

El suegro de Romo le contó a la jueza Olivares sobre un chileno que había vivido en Brasil y que conoció a Romo, pero que había regresado a Chile enfermo de cáncer. Recordaba su nombre, pero no el de su esposa. Se llamaba «Tina», declaró. Entonces la ministra Olivares les entregó un decreto de investigación muy escueto, pidiendo ubicar al hombre y «a una tal “Tina”».

«Buscamos a este señor en Chile pero ya había fallecido», dijo Cabión. «Fuimos al Registro Civil y ahí aparecía su señora como la persona que inscribió su defunción. Pedimos los antecedentes de esta mujer y ubicamos su domicilio, pero no había nadie. Fuimos varias veces. Conversando con los vecinos nos dijeron que trabajaba en el Hospital Barros Luco. Ahí partimos y la encontramos. Al principio ella negó conocer a Romo, lo negó mucho».

La «tal Tina» resultó ser la auxiliar paramédico Cristina Saavedra Contreras, amiga del matrimonio chileno en Brasil. Los inspectores Cabión y Plaza la citaron a una entrevista el 30 de junio en dependencias del Departamento V. Habían preparado un dossier sobre Romo y se lo mostraron, pidiendo su cooperación «bajo las condiciones que ella quisiera», recuerda Plaza.

Tampoco quiso reconocer su relación con Romo ante la ministra Olivares hasta que la jueza le planteó que estaba a punto de quedar detenida por obstrucción a la justicia. Entonces habló.

Cristina Saavedra les contó que en 1977 su marido se había ido a vivir a Mogi-Mirim por razones laborales, y estando ahí un día lo llamó por teléfono un compatriota, Andrés Henríquez Mena. Se había enterado de que era chileno y recién llegado, y lo invitó a tomar once a su casa. Se hicieron amigos, y su esposo se fue a vivir a la casa de Romo. En abril de 1978 ella y sus hijos también se trasladaron a Mogi-Mirim y se quedaron en casa de Romo durante un par de días. Arrendaron una casa, pero seguían visitándose y pasando las Fiestas Patrias juntos. Romo les contó que se había arrancado de Chile como perseguido político, porque era de izquierda.

La última vez que lo vio fue en enero de ese mismo año, cuando lo visitó en su casa. Vivía en Rua Cambara Nº 144, Jardim Ypê II, en Mogi-Guaçú.

Le mostraron una foto.

—¿Es Osvaldo Romo?

—No lo sé —respondió Saavedra—. Pero yo lo conozco como Andrés Henríquez.

Al día siguiente, la CACI pidió, a través de Interpol, que sus pares en São Paulo verificaran si efectivamente vivía en esa dirección el chileno Andrés Henríquez junto a su familia, agregando los siguientes detalles: su hijo Simón (chapa Antonio) tenía una escuela de karate y su hija Rosa estaba casada con un brasileño.

El comisario Henríquez estaba preocupado de que Saavedra alertara a Romo que la policía estaba tras su pista. En una minuta al director Mery, le señala que sería prudente agilizar los procedimientos y solicitó dos acciones: pedir a la Interpol la detención y expulsión de Romo y al gobierno chileno que presentara formalmente a su par brasileño los antecedentes del caso e hiciera los requerimientos necesarios.

El 2 de julio llegó un fax de Romeu Tuma Jr, jefe de la Interpol en São Paulo: fue localizado el ciudadano chileno Osvaldo Romo Mena, con residencia permanente en Brasil, confirmando su dirección. Era una vivienda social otorgada
por el Estado y «Andrés Henríquez» era su propietario. Ahora sí lo tenían.

Ese mismo día, el director Mery pidió al Servicio de Registro Civil que enviara a la brevedad el extracto de filiación, antecedentes, fotografías y ficha dactilar de Osvaldo Romo Mena. Había que ir a Brasil y traerlo de
vuelta.

Fue entonces que los oficiales de la CACI citaron a Erika Hennings, viuda de Alfonso Chanfreau, al Departamento V. «Le comentamos, solo a ella y con mucha reserva, que íbamos a ir detrás de Romo, y que ya estábamos seguros de dónde estaba. Ella lo agradeció y nos puso en contacto con su abogado, quien nos atendió muy bien», dijo Plaza.
El abogado era Fernando Oyarce Chanfreau, primo de Alfonso, con quien Hennings había solicitado la reapertura del caso en mayo de 1990. Era hijo del abogado Fernando Oyarce Carmona, quien había presentado el primer recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago a favor de la pareja cuando fueron secuestrados en 1974. Como todos los recursos de amparo en esa época, este fue desechado meses después, cuando Chanfreau seguía desaparecido y Hennings ya había partido al exilio.

El caso había quedado alojado en el Tercer Juzgado del Crimen luego de ser rechazado el recurso de amparo presentado en 1974. Sin avance alguno, y luego de haber pasado por ese juzgado y por el ministro Servando Jordan, la causa había sido sobreseída en 1980. Una década más tarde, el caso fue reabierto gracias a nuevos testimonios y el hecho de que Erika Hennings ya se encontraba en Chile y podía declarar.

Oyarce compró un pasaje y partió a Brasil por su cuenta. Ahí retomaría el contacto con los detectives.
Soy Osvaldo Romo

El comisario Luis Henríquez y el inspector José Plaza viajaron nuevamente en comisión de servicio a Brasil el 27 de julio, junto con el subcomisario de la oficina de Interpol en Santiago, Patricio Faúndez Moraga. Llevaron consigo un dossier sobre Romo, con sus datos personales, foto y huellas dactilares, antecedentes de su historial represivo e información sobre las múltiples causas de derechos humanos en las que aparecía involucrado. El dossier iba acompañado por una carta del director Mery al Secretario Nacional de la Policía Federal de Brasil, Romeu Tuma, pidiendo su colaboración para capturar al ex agente de la DINA, enfatizando que Osvaldo Romo era «de vital importancia para el esclarecimiento de numerosos delitos de secuestros y homicidios».

Mery autorizó a los oficiales a viajar en comisión de servicio entre el 27 y 31 de julio. Sin embargo, la estadía resultaría mucho más larga y compleja de lo esperado. Al poco tiempo, su sumó al equipo en Brasil el detective Cabión, quien permaneció en São Paulo durante más de un mes.

«Se nos había acabado el viático para pagar el hotel, pero nos apoyó Luis Fernando del Valle, entonces representante de Ladeco en São Paulo. Él nos facilitó los recursos necesarios y nos acogió con su hospitalidad», dice Henríquez.

Antes de partir, Henríquez le había planteado al director Mery los distintos escenarios posibles. Una alternativa era enviar a un equipo de policías para negociar la venida voluntaria de Romo, asegurándole que su esposa e hijos no serían requeridos. Si no se podía negociar el regreso de Romo a Chile, ya que la Policía Federal de Brasil tenía intenciones de entregarlo a los tribunales locales por el uso de documentación falsa, se pediría autorización para entrevistarlo, llevando un cuestionario «con el máximo de preguntas necesarias para establecer su participación y la de otras personas en delitos de violaciones a los derechos humanos».

Había una posibilidad real de que la justicia brasileña no entregara a Romo y lo condenara a algunos años de prisión por violar la Ley de Extranjeros. El abogado brasileño Belisario Dos Santos, informó Henríquez, opinaba que el proceso de extradición de Romo tenía «muy pocas posibilidades de prosperar».

A primera hora del 29 de julio de 1992, los oficiales de la Interpol de São Paulo Achilles José Larena y Paulo Guilherme de Mello Dias detuvieron a Romo en su casa. El ex torturador estaba mirando un partido de fútbol por televisión. No se resistió a la policía. Le dijeron que venían a chequear su documentación, en vista de los antecedentes proporcionados por la Interpol-Chile de que vivía bajo un nombre falso en Brasil.

Plaza se quedó en las oficinas de la Policía Federal, esperando impacientemente, mientras que Henríquez y Faúndez siguieron a la policía brasileña.

«Nosotros nos movilizamos por nuestra cuenta, porque el procedimiento debía hacerlo la Policía Federal. Miramos de lejitos. Pero en el trayecto de regreso a São Paulo estos tipos se fueron con Romo haciendo como 180 km por hora por la carretera con sus balizas encendidas. Nosotros llegamos de vuelta como dos horas después», dijo Henríquez.
Una vez en el Departamento de Extranjería de la Policía Federal en São Paulo, los policías cotejaron sus huellas dactilares y confirmaron su real identidad. Al poco rato presentaron a Romo a los oficiales chilenos.

—Ellos son oficiales de la policía chilena y dicen que usted, señor Andrés Henríquez, tiene otro nombre. ¿Cuál es su verdadero nombre? —le preguntaron.

Romo miró a Plaza y Henríquez.

—Osvaldo Romo Mena —les dijo, tranquilo. Y les estrechó la mano.

«Yo no se la di, porque me repugnaba», recuerda Plaza. «Dar la mano es un gesto amigable, y no me alcanzó para eso. Teníamos que conversar con él, trabajar con él, pero me costó acercarme. Siempre mantuve un rechazo. Él fue una
figura muy terrible».

Romo admitió que vivía bajo una identidad falsa, con documentación ideológicamente falsa. Quedó detenido en el acto. Delante de un representante del consulado chileno, le informaron que tenía derecho a guardar silencio, pero no quiso. Les dijo que hablaría de todo lo que se le preguntara y que tenía intención de ir a Chile a prestar declaración en los procesos que lo involucraban.

Romo fue puesto a disposición del Primer Juzgado del Crimen de São Paulo, ante el juez Toru Yamamoto, quien debía resolver la situación procesal del detenido chileno. Al portar documentación falsa, Romo era acusado de infringir tres artículos del Código Penal brasileño, lo cual ameritaba su expulsión del país. Quedó detenido en un recinto de custodia del Departamento de Policía Federal en São Paulo, donde había otros detenidos extranjeros.

Romeu Tuma Jr., jefe de la Interpol en São Paulo, le dijo a Henríquez que la mejor forma de lograr sacar a Romo hacia Chile era asegurándole que los delitos estaban prescritos. «Romo va a pensar que irá a pasear a Chile y que se vendrá de vuelta enseguida. Ese es el argumento», le dijo.

Tuma le habló a Romo en portugués, explicándole la conveniencia de irse a Chile. Henríquez asentía con la cabeza.

Ficha:
Cazar al cazador
Pascale Bonnefoy
Debate, 2018, 516 páginas.