Este lunes, poco más de una decena de trabajadores del Servicio Médico Legal (SML) volvió del fin de semana largo para encontrarse con el resultado de un sumario administrativo ordenado en enero, durante las movilizaciones que los funcionarios realizaron en Santiago. ¿El resultado? Sanciones económicas para alguno, suspensiones para otros y la destitución de su cargo para tres dirigentes.

Entre los sancionados están Rosa Cerda, de la asociación nacional de trabajadoras y trabajadores de SML; Lucía Carrasco, de la asociación regional metropolitana y José Morales, de la asociación nacional de funcionarios.

El sumario en cuestión fue encargado por el director del SML y la Subsecretaría del Ministerio del Interior el 17 de enero de 2018, en medio de las movilizaciones que los trabajadores realizaron durante ese mes para pedir, entre otros puntos, la desvinculación de Franklin Santibáñez, por entonces jefe de gabinete del actual director del servicio, Gabriel Zamora.

Los resultados del sumario entregados este lunes –al que The Clinic tuvo acceso- concluían que los dirigentes habían incurrido en la “omisión de realizar sus funciones habituales” durante la movilización, transgrediendo así los principios de “desempeñar personalmente el cargo” y “realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia”.

Además, el documento condenó la acción de “organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la administración del Estado” –los tres dirigentes pertenecen a organizaciones gremiales, es decir, no a “sindicatos”- y el “promover o participar en huelgas”.

Los demás funcionarios, en tanto, fueron sancionados con la disminución de su sueldo en distintos porcentajes durante dos meses. Los documentos llevan la firma del director Zamora.

 

“Es una persecución”

Para parte de los trabajadores del SML de Santiago, las medidas adoptadas este lunes corresponden a una “persecución”.

— Si en las asambleas participaron 250 funcionarios auto convocados, entonces, ¿por qué se escogió a ciertas personas para sancionar? —, se pregunta una trabajadora del servicio, presente en las movilizaciones de enero.

Para ella, esta situación correspondería a una “práctica antisindical”. “La movilización es un derecho que todos los trabajadores tienen. Y el tiempo nos dio la razón, porque con los meses sí destituyeron a Franklin Santibáñez”, dice.

Franklin Santibáñez, quien llegó al servicio bajo la dirección de Juan de Dios Reyes en 2017, estuvo encargado de llevar adelante un “proceso de modernización” al interior del SML, el cual dejó inconformes a los funcionarios. “¡Tenía asignación profesional, pero sólo tiene un bachiller en teología de una universidad gringa!”, se queja otra de las trabajadoras actuales del SML.

En efecto, Santibáñez ha contado con varios puestos de “asesor” a lo largo de su vida, y su domicilio político ha pululado por casi todos los partidos de la exConcertación. Incluso, recientemente se transformó en una piza clave que vincularía a Javiera Blanco en las investigaciones que Fiscalía dirige sobre el funcionamiento del Sename, particularmente en la arista Ascar.

Parte de los trabajadores sancionados, consultados para este artículo, declararon a The Clinic que durante enero el SML “nunca estuvo cerrado”, como lo aseguró el director del servicio.

— No todos los funcionarios participaron de la movilización y, antes de realizarla, nos preocupamos de despachar todos los cuerpos que habían ingresado. Es falso que nos hayamos negado a atender público—, asegura una de las dirigentes sancionadas.

Ahora, queda una instancia de apelación para los dirigentes sancionados. Aun así, los ánimos al interior del SML están crispados.

“Nunca, en la historia de este servicio se habían aplicado estas sanciones”, concluye otra de las trabajadoras.