Tomás Vodanovic es Coordinador Territorial en Huechuraba de Revolución Democrática

En su columna del pasado jueves 29 de noviembre, la diputada Catalina Pérez sostiene que la izquierda chilena se enfrenta a un dilema respecto de la estrategia más adecuada para frenar o combatir el neofascismo en Chile. Una alternativa, expone la parlamentaria, consistiría en construir y articular “un proyecto transformador que camine hacia una profundización democrática” mediante el fortalecimiento del proyecto político del Frente Amplio; y una segunda opción -que excluye a la primera, por tratarse de un dilema- consistente en recurrir a la “estrategia añeja de la centro-izquierda tradicional”, por medio de alianzas electorales o programáticas con sectores de la ex Nueva Mayoría.

Así, mientras la primera alternativa permitiría obtener el “triunfo definitivo”, a través de una estrategia valiente, novedosa y con genuino espíritu de transformación social, la segunda ensayaría nuevamente opciones añejas que consolidarían la sociedad neoliberal, desperdiciando una oportunidad histórica para superarla.

Si bien la tesis que expone la diputada Pérez resulta retóricamente atractiva, lo cierto es que incurre en dos errores o defectos graves: uno de naturaleza teórica, y otro de índole práctico y político, que se manifiesta de forma fehaciente en la experiencia territorial.

Veamos.

En primer lugar, el defecto teórico consiste en presentar un falso dilema. En efecto, y sin explicarlo mayormente, la diputada Pérez asume la imposibilidad de un camino que, junto con procurar la debida y necesaria consolidación del proyecto del Frente Amplio, pueda, al mismo tiempo, disputar los espacios de poder de una manera racional y estratégica, mediante la acción coordinada con otros sectores de izquierda que se encuentran actualmente fuera del FA. La columna simplemente omite esta opción que resuelve el dilema que ella misma articula, presentando todo propósito de coordinación como un esfuerzo puramente instrumental que provocaría la dilución del proyecto del FA. En suma, existiría, a juicio de Pérez, una contradicción estructural entre la existencia y consolidación del FA y cualquier intento de coordinación estratégica con otras fuerzas de izquierda.

¿Existe realmente la contradicción insalvable que denuncia la diputada Pérez entre administrar mejor lo viejo y construir lo nuevo? ¿No hay nada de “lo viejo” que sea necesario para la debida construcción de “lo nuevo”? ¿No queda nada valioso en la tradición histórica de la izquierda que justifique un esfuerzo de coordinación política? ¿Acaso el FA y RD son poseedores de una “novedad salvífica” capaz de despreciar la tradición doctrinaria, la presencia de bases territoriales y la raigambre popular de los partidos políticos de la oposición? ¿Será que la única manera de sumar a dicho sector político es que éste se pliegue sin más al FA, renunciando a su identidad e historia? ¿Será esto posible?

Muchos y muchas pensamos que el dilema planteado es falso, que nada impide radicalizar y profundizar el proyecto político del FA, y al mismo tiempo promover −para efectos de conquistar ciertas demandas políticas fundamentales, o bien para afrontar determinadas contiendas eleccionarias− un necesario y racional proceso de coordinación estratégica con otros partidos de la izquierda chilena. Dicha acción coordinada no hipoteca ni suprime el proceso de profundización democrática y de transformación social que propone el FA y RD, sino que precisamente lo dota de las condiciones necesarias para su fortalecimiento y despliegue, mediante la conquista de espacios de poder reales y concretos, donde habita el pueblo encarnado y no uno puramente conceptual o abstracto.

Y es este último punto el que revela el segundo ─ y más importante─ error en el que incurre la columna que comentamos, consistente en las consecuencias prácticas que conlleva la tesis de la diputada Pérez: la incapacidad actual del FA, dada su escasa o nula presencia territorial en comunas populares y regiones, para disputar por sí mismo los gobiernos comunales, que serán consecuencialmente conquistados por la derecha. En efecto, la construcción de “lo nuevo” con prescindencia de cualquier coordinación electoral con otros sectores de la oposición, no solo impedirá que lo nuevo se exprese o emerja, sino que consolidará la perpetuación de la alternativa más nociva: la conquista de los municipios por parte de la derecha, con los graves efectos que ello implica para la vida cotidiana de los vecinos y vecinas, especialmente de aquellos que residen en comunas marginadas. Basta un breve recorrido por barrios, escuelas, juntas de vecinos o consultorios de Maipú. Estación Central y La Florida para dimensionar de lo que estamos hablando.

No obstante, una estrategia de coordinación no implica en ningún caso un pacto de sumisión. En efecto, existirán numerosas comunas en las que habrá que derrocar a la administración actual perteneciente a algún partido de la ex Nueva Mayoría, cuando su forma y lógica de gobierno atente contra los principios e ideales fundamentales que inspiran al FA. Bien lo sabemos quienes empujamos el proyecto de RD en comunas como Huechuraba, Cerrillos o Pudahuel, comunas gobernadas por la ex Nueva Mayoría donde luchar por presentar una alternativa de gobierno local se vuelve un imperativo moral. Es decir, la coordinación racional con la ex Nueva Mayoría admite excepciones y evaluaciones casuísticas, y no constituye un cheque en blanco ni una repartija de comunas. Es precisamente en la disputa democrática, mediante primarias o segundas vueltas, donde podemos poner en evidencia nuestras diferencias y fortalecer nuestro proyecto político. Sería un craso error y una traición a nuestra promesa el bloquear por secretaría un proyecto de gobierno local allí donde nuestra militancia decida levantarlo.

Sin embargo, cierto grado de coordinación con algunos sectores de la oposición se vuelve imperativo ante el riesgo real de que la derecha se haga de los gobiernos locales, esto último facilitado por el fraccionamiento de los votantes de izquierda que se seguiría de aceptar la tesis que propone la diputada Pérez. Y ello no sólo implica un riesgo actual por el impacto que pueda tener en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de los municipios gobernados por la derecha, sino que además por el riesgo potencial de que ciertas lógicas asistencialistas y clientelares se asienten en las comunas populares, constituyendo el sentido común de los ciudadanos y ciudadanas, con irreversibles consecuencias en los restantes niveles de gobierno (regional, parlamentario, presidencial, etc.).

Iñigo Errejón nos invitaba, hace algunas semanas, a “querer menos a la izquierda y más a nuestro pueblo”, desatando el aplauso unánime del auditorio. Hoy se nos presenta una encrucijada muy concreta que exige recordar estas palabras y su sentido más profundo, para evitar, así, que una nueva ortodoxia izquierdista nos convenza de lo contrario.