Columna de Lorena Fries | Mala señal

Chile acaba de informar al mundo que no participará de la reunión sobre el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, foro que viene preparándose con la participación activa de Chile desde 2016, fecha en que se adoptó la Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes.

El Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular es el primer esfuerzo por dotar de una gobernanza mundial a la migración, en un contexto migratorio complejo y de crecientes desafíos. No es un tratado, por lo que no genera obligaciones jurídicas para los Estados. Sin embargo, da cuenta de la voluntad política de los Estados, en el seno del multilateralismo, por reforzar los esfuerzos para lograr avances en esta materia, que tengan como base los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, en particular aquellos relativos a los derechos de las personas migrantes.

Así las cosas, cuando el Gobierno señala que no participará en dicha instancia porque se busca imponer a los Estados, por sobre su soberanía, acuerdos reñidos con las políticas internas de Chile, se falta a la verdad. En primer lugar, el principio de soberanía se encuentra a la base de la regulación de la migración. Tanto así que, si bien existe el derecho de un nacional a salir y regresar a su país, no existe la obligación del Estado de recibir a un extranjero/a que desee entrar al país, a excepción de los solicitantes de asilo. Por otro lado, el Pacto Global no avanza más allá de los estándares de derechos humanos fijados en la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. En efecto, cuando el Gobierno señala que se intenta diluir la distinción entre migrantes en situación regular y aquellos en situación irregular, se vuelve a faltar a la verdad porque dicha distinción, de acuerdo a dicha Convención no existe respecto de los derechos humanos básicos y sólo existe para ampliar la gama de derechos relacionadas con la plena inserción laboral de quienes se domicilian en nuestro país. El Gobierno vuelve a faltar a la verdad cuando señala que el Pacto Global impone medidas concretas en materia de tráfico y trata. Las medidas dicen relación con las obligaciones que ya tiene Chile en estas materias por haber ratificado el Protocolo de Palermo. En definitiva, no hay nada nuevo bajo el sol a excepción de la expresión concreta y renovada de una voluntad política de parte de la comunidad internacional a la necesidad de darle una perspectiva global y de cooperación a la regulación de uno de los problemas de derechos humanos más álgidos de estos tiempos.

Anunciar a última hora que no asistirán a la conferencia en Marrakesh es por lo tanto, un hecho político y comunicacional que busca causar un impacto a nivel internacional y nacional. A nivel internacional probablemente esta señal será leída como un cambio de dirección en la política exterior y concretamente en la política multilateral de Chile, donde pasamos de ser un ejemplo en la región a pertenecer a un grupo de países que han esgrimido posiciones nacionalistas y xenófobas, que ven con desconfianza las instancias globales que refieren a temas de o relacionados con los derechos humanos. Chile se une a países como Estados Unidos, Hungría, Polonia, entre otros, lo que es el reflejo de una mala señal.

Pero cabe insistir en que no asistir a dicho foro, no exime de sus obligaciones al Estado de Chile en materia de derechos humanos de la población migratoria. Si bien Chile tiene el derecho de regular sus flujos migratorios debe hacerlo en el marco de los compromisos de derechos humanos ya adquiridos y que son previos e involucran en su cumplimiento la responsabilidad internacional del Estado.