“Puta y feminista”, así es como se define Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), una agrupación que lleva 23 años luchando para que las trabajadoras sexuales puedan “salir de la clandestinidad” y reivindicar que “la prostitución es trabajo”.

Ammar es una organización sindical que nació en 1995 “producto de la organización de un grupo de trabajadoras sexuales” de Buenos Aires contra los “edictos policiales que criminalizaban el uso del espacio publico para ofrecer servicios sexuales”, con penas que iban de los “30 a 60 días de arresto”.

Durante los casi 24 años de su historia, Ammar ha transformado y ampliado sus objetivos en busca de un reconocimiento integral de la prostitución.

“Nuestra reivindicación principal es para poder salir de la clandestinidad, para no sufrir violencia institucional, para no tener que pagar a la policía y también como una herramienta para combatir el estigma social que nos condena a quienes ejercemos esta actividad”, manifestó Orellano a Efe.

La secretaria general del sindicato tiene claro que para conseguir “el reconocimiento de la profesión” deben apoyarse mutuamente, ya que “la salida es colectiva, organizativa y sindical sobre todas las cosas”.

“No va a ser una ley que nos va a transformar el 100 % de nuestras vidas, a nosotras lo que nos transformó fue organizarnos, fue encontrarnos en un sindicato, en una central de trabajadores y trabajadoras en las cuales generamos conciencia de clase”, aseguró.

La prostitución no está tipificada en el Código Penal argentino.

La única referencia sobre el tema en el ámbito nacional se remonta a un decreto presidencial de 2011 que prohibió los anuncios publicitarios de oferta sexual, aunque hay varias provincias, entre ellas la bonaerense, en la que se penaliza la prostitución con penas de hasta 60 días de arresto.

Orellano tiene 33 años y se prostituye desde que tenía 19, un tiempo en el que ha conseguido vencer la “vergüenza” y la “culpa” con la que vivía.

“Pensaba que por ser prostituta no tengo ningún derecho, el derecho que tengo es que todo el mundo opine de mí y que todo el mundo me condene. Vivía con la cabeza gacha, con mucha culpa, con mucha vergüenza, naturalizando un montón de situaciones de violencia, porque pensaba eso, que las putas no nos merecemos nada”, relató.

Ahora quiere, junto con la ayuda y colaboración de sus compañeras, conseguir que ese proceso de aceptación que ella ha vivido se traslade a una sociedad que todavía conserva pensamientos como “la puta es puta porque quiere” o “si la policía la violenta se lo merece por puta”.

“Teníamos una cuota de responsabilidad que era alzar la voz, contar verdaderamente quiénes somos, decir por qué decidimos ejercer el trabajo sexual y corrernos un poco de este rol de la víctima. Toda la gente pensaba que la puta era la víctima y todos nos querían venir a salvar pero nadie le venia a preguntar a la puta que era lo que quería”, subrayó.

Georgina Orellano habla claro, sin tapujos ni remordimientos, sin que le tiemble la voz cuando tiene que decir la palabra “puta”, la misma que lleva tatuada en uno de sus brazos, fruto de muchos años de activismo feminista que le han dado una visión transversal de la problemática y que la han llevado a una conclusión muy clara, y es que la única solución posible radica en la educación.

En su opinión, “la educación sexual integral” debe ofrecerse desde el jardín de infancia, para que se traten temas como “derecho a la intimidad, el consentimiento, la intimidad y el respeto por el propio cuerpo”.

Si bien considera que no es fácil incorporar estos temas a ciertos sectores de la sociedad “más tradicionales”, que ven el sexo como “algo sucio” de lo que no se debe hablar.

“En muchas casas nunca se habló de sexo, siempre era como algo prohibido y no hablarlo o esconderlo debajo de la alfombra es justamente generar que es algo malo, construir que el sexo es algo malo, prohibido y sucio”, destacó.

Lo que tiene claro es que en este cambio social se deben involucrar todos los sectores, incluyendo a muchos hombres.

Basada en sus años de experiencia, se muestra desconfiada de lo que las leyes pueden ofrecer y considera que el primer cambio debe ser el de “involucrar a los protagonistas” a la hora de “elaborar políticas públicas”.

Orellano es puta y feminista, además de sindicalista y otras muchas cosas, aunque por encima de todo es una persona que tiene una respuesta elaborada a cada pregunta.

Y es que como ella dice, “ahora cada vez que hablan de las putas hay una puta que va a contestar”: el primer eslabón de un cambio global que se proyecta sobre toda la sociedad.