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Opinión

7 de Octubre de 2012

Madrid, el mayor “manifestódromo” de Europa

Casi doscientas manifestaciones al mes, una media de seis al día y alrededor de 1.750 en lo que va de año convierten a Madrid en una de las capitales europeas, junto con Berlín, en las que la pancarta y el silbato han pasado a formar parte ya del trajín diario de la ciudad. Según datos […]

EFE / The Clinic Online
EFE / The Clinic Online
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Casi doscientas manifestaciones al mes, una media de seis al día y alrededor de 1.750 en lo que va de año convierten a Madrid en una de las capitales europeas, junto con Berlín, en las que la pancarta y el silbato han pasado a formar parte ya del trajín diario de la ciudad.

Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid, desde el 1 de enero y hasta el 1 de octubre se han celebrado en la región 2.180 manifestaciones y concentraciones, es decir, 242 al mes. O lo que es lo mismo, ocho al día.

De ellas, 1.730 tuvieron lugar en la capital, lo que significa una media mensual de 192, y diaria de 6. Cifra última que se dispara en jornadas especialmente “calientes”, como el pasado viernes, cuando la ciudad acogió 40 de las 43 protestas que la Delegación autorizó en toda la región madrileña.

Precisamente, a tenor de estas cifras y de los incidentes que tuvieron lugar en las convocatorias del 25 de septiembre bajo el lema “Rodea el Congreso”, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, abrió esta semana un debate sobre el derecho de manifestación al sugerir la posibilidad de “modularlo”.

Un derecho recogido en la Constitución y que para partidos como los opositores Partido Socialista o Izquierda Unida, y para algunos sindicatos policiales, está ya perfectamente regulado, aunque el gubernamental Partido Popular es partidario de abrir un debate y ve caminos a explorar para evitar los abusos.

El gobierno, por su parte, ya ha dejado claro que no se plantea modificar la ley y que el Código Penal ya prevé endurecer las sanciones contra los que muestren actitudes violentas en esas protestas.

El Código Penal español establece una pena de prisión de seis meses a un año para aquellos que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso, el Senado o un parlamento autonómico cuando estén reunidos y se altere su normal funcionamiento.

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