Por CÍRCULO DE PROFESORES INDIGNADOS

Una de las respuestas a la discusión sobre la calidad de la educación en nuestro país ha sido el esfuerzo por atraer “buenos alumnos” a la carrera de pedagogía. Detrás de esta estrategia se encuentra la lógica, o tal vez la constatación, que dicha profesión no es atractiva y que cuando una persona puede elegir, lo hará tomando la dirección de carreras más rentables. No se trata, por supuesto, solo de una decisión económica, aunque no podemos negar el peso que este factor tiene en la opción de un joven con un buen puntaje en la PSU. Las expectativas de salario son un tema, pero la percepción social de la carrera es otro no menor. Hoy en día estamos lejos de la imagen tradicional del profesor como aquel que educa e ilumina las mentes de las nuevas generaciones. Se trata, hoy en día, de un técnico más que implementa programas decididos por otros, a los cuales él es relativamente ajeno. Por otra parte, la imagen difundida del profesor como aquél que apenas maneja los conocimientos de base, aquél que se transforma en profesor por no poder hacer otra cosa, no ayuda en la decisión de escoger dicha profesión.
Vemos así que no se trata tan solo de mejorar los salarios de un gremio (condición necesaria mas no suficiente) sino que también (otra condición necesaria, mas no suficiente) de un cambio en la percepción de la dignidad de una profesión. Es en este segundo sentido que quisiéramos denunciar una situación que nos parece atentar contra esta condición, y por lo tanto, atentar contra el mejoramiento de la educación en nuestro país.
Con seguridad a nadie le extrañaría que el decano de la facultad de medicina fuera un médico, el de la facultad de derecho un abogado, o el de la facultad de ingeniería un ingeniero. Así también, comúnmente estamos acostumbrados a que el ministro de salud sea un médico, el ministro de justicia un abogado y el ministro de hacienda un ingeniero comercial. Lo que extrañaría probablemente sería que un ingeniero fuera decano de la facultad de historia, un abogado decano de la facultad de agronomía, un geógrafo ministro de salud o un ingeniero civil ministro de justicia. Si embargo, a pocas personas parece extrañarle que un ingeniero comercial sea ministro de educación y un físico teórico sea decano de una facultad de educación.
Esto último es lo que ocurre en la facultad de Educación de la Universidad Católica. Donde un destacado físico es desde hace tres años la cabeza de la facultad encargada de formar a los futuros profesores de la UC que trabajarán en las escuelas y colegios de nuestro país desde párvulos a enseñanza media. No se trata de poner en cuestión las capacidades de la persona, sino que más bien preguntarse por la coherencia entre dichas capacidades y el cargo que se desempeña.
Por otra parte, el decano de dicha facultad es también miembro del Consejo de EnseñaChile (filial chilena de la fundación norteamericana Teach for all, cuyo fin consiste en reclutar a profesionales no docentes para que durante dos años hagan clases en escuelas vulnerables “para elevar la calidad de su educación”) lo que al menos aparece como contradictorio pues implica pensar que los llamados a mejorar la educación no son los profesores –mal que mal expertos en educación- sino otros profesionales como ingenieros, abogados o periodistas. Algo absolutamente en concordancia con el artículo 46 de la LGE, en todo caso.
En este sentido, la pérdida del protagonismo de los profesores/as se expresa también en otros ámbitos. Por ejemplo, al menos estos últimos dos años, se ha observado la contratación a través de concurso de académicos de planta permanente que no se han formado y trabajado como profesores de escuela sino que poseen título de sociólogos, sicólogos u otras profesiones, la mayoría de ellos con “doctorados en prestigiosas universidades del mundo” según palabras del propio decano .
Por otra parte, si bien existe un porcentaje de académicos que hacen clases paralelamente en la Universidad y en colegios o escuelas, la mayor parte de los docentes son profesores titulados sin experiencia en aula, pues muchos de ellos/as solo hicieron su práctica docente y se dedicaron a la investigación y formación de profesores/as sin haber vivido la realidad de la educación chilena más de 6 meses o un año, o ejercieron algunos años en su inicio pero luego se dedicaron a la universidad, perdiendo contacto con la cotidianeidad de la escuela y las transformaciones aceleradas que han ocurrido cada día en la sala de clases y en los estudiantes.
El paralelo con otras profesiones nos parece importante aquí. Pensemos en un abogado o en un ingeniero que enseñen su disciplina en una facultad de derecho o de medicina. ¿Podemos decir que la experiencia real de estos profesionales en sus campos respectivos no influya en la calidad de la educación entregada a los futuros médicos y abogados? ¿Cuál sería la evaluación de una carrera de medicina si la mayor parte de la planta de profesores tuviera 6 meses de práctica como médicos y ningún contacto real y más permanente con pacientes? La situación con las carreras de pedagogía en nuestro país, y el gran debate sobre la calidad de la educación, olvida este aspecto, el cual es –en nuestra humilde opinión – esencial.
En la misma dirección, la misma facultad ha privilegiado el ingreso al doctorado en educación de profesionales como psicólogos, sociólogos, antropólogos o asistentes sociales, entre otros, en desmedro de los postulantes provenientes del ámbito pedagógico puro. Por supuesto que nada de malo hay en permitir el ingreso de profesionales que están ligados al estudio de las ciencias sociales que se relacionan de una u otra manera con el fenómeno educativo en su sentido amplio, pero ¿no muestra esta situación una señal implícita donde se menosprecia la profesión docente? Por una parte, se intenta atraer a buenos alumnos mostrándoles la importancia de la carrera pedagógica, pero por otra se les dice que su formación es inferior, comparada con otras profesiones. Si bien es cierto que la investigación educacional requiere una formación amplia en ciencias humanas, ¿no requiere también de una comprensión de la realidad donde se inserta? En el caso límite, podríamos pensar que se les pida a los postulantes de otras profesiones tener algo de experiencia pedagógica de base (y no nos referimos aquí a enseñanza universitaria, sino que con niños y jóvenes). Esta académico-cracia nos parece perjudicial para la investigación en educación, así como para un movimiento que devuelva la dignidad a la profesión docente.
Detrás de estas situaciones pareciera haber un cuestionamiento no solo al estatuto epistemológico del saber pedagógico propiamente tal, sino también al status y lugar que ocupa el profesor en la formación de nuevos docentes de aula. Aparece como si otros expertos fueran los más competentes para formar profesores, siendo implícita o explícitamente un juicio de valor acerca de la capacidad de los profesores de transmitir su saber pedagógico y sostener las condiciones de su propia reproducción como formadores de niños y jóvenes.
Pero este no es el único cuestionamiento que se puede hacer a la realidad de la facultad de educación de la UC. Considerando que el carácter católico de la Universidad debiera implicar necesariamente una actuación coherente con los valores del humanismo cristiano y de la Doctrina Social de la Iglesia en particular, las condiciones laborales de parte importante de sus docentes –en concreto los de la planta especial, es decir, aquellos que no son contratados en forma indefinida- significan una abierta contradicción con este principio.
Situaciones como la contratación a honorarios o plazo fijo de parte importante de los profesores/as que se desempeñan en la facultad, implica que más de la mitad de ellos solo son contratados de marzo a diciembre –es decir, no reciben ninguna remuneración los meses de enero y febrero- con la consiguiente inseguridad laboral y la carencia de antigüedad en el trabajo (necesaria para ser indemnizado en caso de despido), aparte de impedirles el acceso a otros beneficios ligados al trabajo estable. Esto no sería muy sorprendente si habláramos de profesores que llevan trabajando uno o dos años en la facultad, pero la realidad concreta es que hay docentes que llevan 5, 10 y hasta más de 20 años bajo este mismo sistema a plazo, lo cual no solo aparece como ilegal sino abiertamente inmoral.
¿Cual es el impacto de estas situaciones en la calidad de la educación de nuestro país? Entendemos la lógica de mejorar “el nivel” académico de la enseñanza prestada, pero dicha lógica niega la especificidad de la labor pedagógica, como algo que va más allá del trasvasije de contenidos. Pero el punto que nos parece más grave es el atentado que se hace sobre la concepción de la labor del profesor, negando sus competencias específicas y enfatizando su posición como profesionales de segunda categoría. Esta situación, nos parece, es incoherente con la campaña implementada por la facultad de Educación de la Universidad Católica. La elección de educar no es una simple suma y resta en relación al salario, sino que pasa por una decisión que involucra un compromiso con personas y con la sociedad. Pareciera que, por una parte, lo que se escribe con una mano –la invitación a dedicarse a la pedagogía- se borra con la otra –el carácter subordinado que se les concede a los propios profesores en la labor de formadores de otros profesores. Y por otra, a través de condiciones laborales inadecuadas, se reafirma la precariedad de la posición y situación del profesor. Como si se dijera: elige educar, pero no esperes que te consideren como experto en la formación de otros ni aspires a condiciones de dignidad profesional.