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Durante el verano, en medio de las insufribles noticias veraniegas y una que otra polémica farandulera de medio pelo, se armó una gran revuelta en Internet que terminó con la popular Wikipedia apagada durante un día entero. ¿La razón? El polémico proyecto de ley estadounidense conocido como SOPA que, de haber sido aprobado, provocaría el fin de la Internet que hoy conocemos y disfrutamos.

La amenaza de censura de la red provocó que se movilizaran usuarios, consumidores y grandes empresas de tecnología contra una serie de medidas absurdas y anacrónicas propuestas en SOPA, uno más de los desesperados intentos de la gran industria norteamericana del entretenimiento y del software de intentar contener la piratería en internet. Así, fuimos testigos no sólo del apagón de Wikipedia y de intensas campañas en sitios como Google, Twitter, Facebook y más de 60.000 sitios de Internet alrededor del mundo.

Si bien la discusión puede parecernos lejana, esto no es así. Desde hace más de un año, Chile se encuentra negociando -en secreto- un nuevo tratado de libre comercio impulsado por Estados Unidos para los países del Asia-Pacífico -conocido como TPP-, que reproduce a nivel local algunas de las peores amenazadas de SOPA, entre ellas, la censura de sitios de internet por eventuales infracciones a los derechos de autor, la eventual criminalización arbitraria de todos los ciudadanos y el aumento de los plazos de protección del derecho de autor.

Este nuevo acuerdo de libre comercio, que negocian Chile, Perú, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, Brunei, Vietnam y Estados Unidos ha sido definido como un TLC de última generación y forma parte de la estrategia del gobierno del presidente Obama de avanzar en acuerdos regionales ante la imposibilidad de imponer su agenda en organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde países como India, Brasil y Sudáfrica suelen frustrar las pretensiones expansionistas norteamericanas.
Las negociaciones secretas del TPP continúan. Incluso la semana recién pasada se realizó en Santiago la última reunión de los negociadores especialistas en propiedad intelectual, ocasión en la que precisamente discutieron sobre el futuro de Internet. ¿Cuánto se avanzó en la negociación? Imposible saberlo, el carácter “confidencial” del proceso impide obtener cualquier información.

Para Chile suscribir el TPP no significa ventaja alguna, al contrario representa mayores riesgos y costos. Al parecer no hay estudios que indiquen cuáles son los beneficios comerciales, políticos y sociales que nuestro país obtendría de firmar este acuerdo.
Sabemos que rebajas arancelarias (el canto de sirenas con el cual solíamos ser tentados) no obtendremos porque Chile tiene TLC suscritos con todos los países con los que está negociando y las cuotas ya están determinadas. Así , no será nuestra producción agrícola, industrial o de recursos naturales, quienes se vean beneficiadas con este acuerdo internacional.

Con el secretismo de la negociación, tampoco podemos saber cuál será la moneda de cambio que Chile recibirá para aceptar la imposición de regulaciones que suelen beneficiar exclusivamente a Estados Unidos y sus industrias del entretenimiento y farmacéuticas.

En materias de propiedad intelectual, por ejemplo, el TPP representa una grave amenaza no sólo respecto a internet y los derechos de autor, como hemos señalado, sino que también constituye un enorme riesgo para la salud pública y el acceso a medicamentos y para la industria nacional de producción de genéricos, por los amplios beneficios que se le conceden a la industria farmacéutica norteamericana, lo que incidirá directamente en el precio y variedad de los medicamentos que se distribuyan en Chile, como ha denunciado el gremio que los reúne.

Por otra parte, no existe evidencia alguna que demuestre que mayores estándares de protección en materia de propiedad intelectual sean efectivos para promover un medioambiente innovativo mayor y que fortalezca la industria creativa local. Por el contrario, las mayores regulaciones suelen beneficiar exclusivamente a los actores dominantes en los mercados del entretenimiento, del software, como ya señalamos.

Por ello, esperamos que el Gobierno de Chile se comprometa a no negociar ni aceptar nuevas obligaciones que puedan afectar los derechos de usuarios y consumidores nacionales por exceso de protección de la propiedad intelectual y transparente de una buena vez el texto que se está negociando, a fin de que todos podamos informarnos y opinar oportunamente.