Litio: el robo del siglo

Mientras la atención de la opinión publica se centra en las distintas manifestaciones de una desigualdad que persiste, en contra de lo mostrado por los cuestionables números que salen desde la Moneda, se esta desarrollando uno de los procesos más perjudiciales para nuestro país en su historia: la licitación de la explotación del litio hecho como traje a la medida para beneficiar una empresa privada controlada por el ex yerno de Pinochet, la cual tiene nexos directos con altos personeros de este gobierno.

Todo esto es facilitado por la estrategia comunicacional del gobierno consistente en tratar de relativizar la importancia del litio como mineral y de nuestro país como productor, además de mostrar el proceso de licitación como un asunto complejo que escapa al entendimiento general, y que en definitiva se trata de un tema de interés sólo para un grupo de expertos o conocedores del tema minero.

La verdad, en cambio, es que se trata de un asunto que nos incube a todos, y cuya resolución puede definir el futuro de una de las mayores riquezas de Chile, cuya explotación responsable por parte del Estado puede generar enormes recursos que permitan solucionar las necesidades más urgentes de nuestra comunidad.

El litio es un mineral que hoy es principalmente utilizado para realizar aleaciones destinadas a la captación y conduccion de energía, lo que le permite tener una aplicación cada vez mayor en la confección de toda clase de baterías. Es así como en la actualidad se ha transformado en un elemento imprescindible para la fabricacion de televisores, computadores, tablets, teléfonos portátiles, y toda clase de artículos electrónicos.

En Chile el litio es un mineral muy abundante al cual se le otorgó el carácter de “estratégico” a finales de los años 70, básicamente en atención a su utilización como insumo para la industria nuclear. De esta forma, el Estado es quien tiene los derechos sobre esta riqueza mineral en Chile, no pudiendo concesionarse a privados.

Cabe destacar que durante la década de los ochenta se realiza el proceso de privatización de Sociedad Química y Minera de Chile, la que fue adquirida de un modo denunciado como poco transparente por el entonces yerno del General Pinochet y empleado público, Julio Ponce Lerou, quien en la práctica la controla hasta el día de hoy a través de una “cascada” de sociedades cuyas operaciones han sido objeto de graves cuestionamientos.

Al día de hoy Soquimich tiene en su directorio a Hernán Buchi y al hermano del Ministro de Minería, Patricio de Solminihac, entre otros importantes personeros vinculados con el actual gobierno.

No obstante ser un mineral que es de propiedad fiscal, el Estado históricamente lo ha explotado bajo la fórmula de “contratos especiales de operación del litio” (CEOL), mediante los cuales se le entrega precisamente su producción a privados bajo la condición de pago de un cierto precio y el cobro de un determinado royalty, fijándose además un límite de producción y vigencia de dicha operación. Es así como hasta antes del actual proceso de licitación, la empresa que concentraba mayormente la explotación del litio en Chile por la vía de estos contratos era precisamente Soquimich.

La nueva licitación a la que ha llamado el Estado es por 100.000 toneladas métricas de litio metálico hasta el 2030 bajo un 7% de royalty para el Estado, y con un pago mínimo de 5 millones de dólares al momento de adjudicarse el contrato. Para entender el volumen y trascendencia de esta operación, se debe considerar que el costo de producción actual de una tonelada de litio en el Salar de Atacama, una de las mayores reservas mundiales del mineral, es alrededor de 1.600 dólares, y su valor aproximado de venta alcanza en la actualidad los 5.500 dólares, generando una utilidad que es muy superior a la que se obtiene en otras industrias minerales, tales como el cobre. Así las cosas, y en una primera proyección, el contrato que se esta licitando puede generar márgenes totales de 390 millones de dólares.

Aún cuando se ha tratado de mostrar esta licitación como pública abierta y transparente, estamos en realidad ante un remate al mejor postor de una de las mayores riquezas minerales de nuestro país, con un final absolutamente predecible. Lo anterior, ya que si se consideran los terminos del llamado a licitación, sumado a que para explotar el litio se requiere contar con determinados derechos de agua necesarios para tal labor además de las pertenencias mineras respectivas, se concluye que quien puede realmente obtener este contrato es Soquimich.

En este contexto, se anunció hace algunos días que son tres empresas privadas las únicas que en definitiva presentaron ofertas para adjudicarse este contrato, una de la cuales es Soquimich; lo que contrasta con la publicitada compra de las bases de licitación efectuada hace algunos meses por Codelco, que al final decidió no hacer ninguna oferta, bajo la excusa que ellos no necesitan suscribir este contrato para explotar litio al tratarse de una empresa del Estado; lo cual si bien es cierto, omite decir que la produccion licitada en el Salar de Atacama es la que genera mayores margenes de utilidad, situación que en los hechos dejaría cualquier otro proyecto efectuado por la estatal en un segundo plano.

Ante esta realidad, se ha señalado por sectores cercanos al Goberino que Chile no tiene una posición privilegiada como productor, ya que en rigor el litio se trata de un mineral muy abudante en diversas regiones del Mundo. Si bien esto último es real, durante el año 2011 Chile aportó el 37% de la producción mundial, seguido por Australia con el 30%, China con un 15% y Argentina con un 12%, situación que se explica por los bajos costos de producción en nuestro país y su cercanía con los puertos de despacho, además de contar con una de las reservas mundiales más importantes de litio.

La auroridad también ha tratado de relativizar la envergadura de la demanda del mineral, no obstate que su consumo se duplicó en los últimos años, al pasar de 45.000 toneladas de carbonato de litio a principios de los 90, a superar las 100.000 toneladas en 2007 y 2008; 
estimándose que la demanda mundial alcance entre 180.000 y 200.000 toneladas en 2020, y entre 320.000 y 350.000 toneladas en 2030.

No obstante lo anterior existe un riesgo real para la producción nacional de litio derivado del desarrollo de nuevas tecnologías que permitirán obtener dicho mineral desde fuentes diversas y a menores costos que los actuales, lo que sin duda puede perjudicar a nuestro pais si no existe una política estatal que vaya más allá de entregarle a un determinado privado la explotación de litio por un cierto periodo de tiempo a fin que saque la mayor ganancia posible, sin tener que invertir un sólo peso en innovación y tecnología que le permita a Chile mantenerse como un productor competitivo después de terminado el contrato.

De esta forma, aparece como manifiestamente más conveniente para el interés general que sea el propio Estado el que controle en forma directa la explotación del litio, destine los importantes utilidades derivadas de esa actividad a atender las necesidades del país en materia de educación y salud, entre otras, asegurando además el desarrollo de innovación y tecnología que permita a Chile proyectarse al mediano y largo plazo como un productor sustentable y competitivo de dicho mineral. Por otra parte, existen las condiciones para que el Estado incentive en nuestro país la generación de una industria que agregue valor a este metal, estableciendo incentivos para que las empresas que desarrollan tecnologías que utilizan al litio como materia prima se instalen en Chile.

Todo esto, sin embargo, requiere que como comunidad reacionemos frente a lo que se anticipa como una de las más grandes farras de nuestra historia, donde las enormes riquezas generadas a partir de la explotación de un mineral considerado como estratégico probablemente vayan a parar al bolsillo del ex yerno de Augusto Pinochet y de un grupo de privados cercanos a este gobierno, en vez de ser obtenidas y usadas en su totalidad por el Estado para cubrir las principales necesidades de nuestro país, tales como contar con un sistema de salud equitativo y una educación pública gratuita y de calidad.

Mauricio Daza Carrasco, es abogado y magíster en derecho.