CDE presenta querella contra Dipreca por malversación de $ 8.500 millones de pesos

El pasado 30 de octubre, y en la más estricta reserva, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó una querella criminal en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) por el delito de malversación de fondos públicos por más de 8.500 millones de pesos.

La acción legal, obtenida por The Clinic Online con fuentes judiciales, fue ingresada el Séptimo Tribunal de Garantía, ya que la investigación de estos hechos está en manos de la Fiscalía Centro Norte.

En el cuerpo del libelo de 9 páginas, el organismo revela que durante 2011 se realizó en Dipreca un análisis de conciliaciones contables, cuestión que arrojó una “deuda vigente” en el Fondo Revalorizador de Pensiones, por una suma de $ 8.543.356.156, la que se generó entre los años 2004 a 2009”.

Según el CDE, tales fondos “no han sido objeto de reintegro, total o parcial”, como tampoco “se ha rendido cuenta de ellos, por lo que no es posible determinar el origen del incumplimiento de la obligación legal que pesa sobre los mismos… desconociéndose su destino”.

Y agrega: “Todo lo cual hace presumir fundadamente, atendido el tiempo transcurrido, la sustracción de esos fondos públicos”.

El origen de la deuda según el CDE, es la diferencia entre los montos recaudados para el Fondo de Revalorización de Pensiones “y los dineros efectivamente depositados a la Comisión Revalorizadora por este concepto”.

En efecto, en el período que va desde 2004 a 2009, Dipreca recaudó más de 36.500 millones, pero a dicho fondo sólo llegaron poco más de 28 mil millones.

De hecho, agrega la querella, los procedimientos operativos aplicables a estos dineros fueron ilegales y nunca se depositaron en una cuenta abierta específicamente en la Tesorería General de la República, “que no fue utilizada en forma debida”.

Los dineros que no llegaron a la mencionada cuenta fueron a parar a la que Dipreca tiene en el Banco del Estado, “la que es utilizada para pagos de diverso tipo”.

“Tal situación trajo como consecuencia que el dinero no pagado al Fondo de Revalorización, al permanecer en la cuenta de Dipreca, fuera utilizado sin el debido control, lo que trajo como consecuencia que año a año aumentara la deuda previsional, sin que se rindiera cuenta de tales fondos, debiendo presumirse su sustracción y el consentimiento a la sustracción por quién o quiénes tenían a su cargo tales caudales”, refrenda el CDE.

¿Depósitos en negro?

El organismo, representado por las abogadas Alma Sánchez y Viviana Ortega, solicitaron al Ministerio Público varias diligencias investigativas contra una serie de personas. Entre ellas, la citación a Luis Donoso, jefe de contabilidad central de Dipreca.

Se suma a lo anterior el general (R) Gustavo Lagos Robles, director de Dipreca entre 2003 y 2006, quien debió renunciar ese último año, en medio de un escándalo por graves faltas administrativas en la entidad.

Junto a él deberá prestar declaración otro ex general. Se trata de Juan Donatti Pino, quien sucedió en el cargo a Lagos Robles.

De acuerdo a la querella del CDE se colige que la práctica delictual, se inició con Lagos Robles y siguió perpetrándose en el tiempo por Donatti Pino.

Además de estos ex uniformados, el CDE pidió que el Ministerio Público indague a otros funcionarios civiles de Dipreca: Ricardo Nesvara, María Isabel Jofré, Cristián Mena, María Millapán, Miguel Bustamante, Sergio Godoy, Alejandra Inostroza y Anarella Mendoza. Todos integraron las áreas de contabilidad y presupuesto de la previsión de los pacos.

En esa línea solicitó a la Fiscalía Centro Norte que indague las cuentas corrientes y eventuales “depósitos en efectivo”, para determinar si hubo enriquecimiento a costa de las arcas fiscales, entre 2004 a 2009.

Caja pagadora

No es la primera vez que Dipreca está bajo la mira de la justicia por cargos de corrupción.

A fines de 1996 saltó a la palestra un caso que afectó al DC Carlos Nazar, quien fue denunciado por la fiscalía de Dipreca por recibir coimas de empresas que eran contratadas sin licitación, entre ellas la ex farmacia Salco y la óptica Place Vendome.

La causa quedó incoada en el 12 Juzgado del Crimen de Santiago donde fueron sometidos a proceso por negociación incompatible, el propio Nazar, el entonces subdirector administrativo, Oscar Moreno, y al “gestor” Carlos Barría.

En 2001 el Consejo de Defensa del Estado presentó al mismo tribunal el encausamiento de otro DC, el abogado Luciano Fouillioux por el mismo delito.

La razón esgrimida en su oportunidad por el organismo fue que Fouillioux, fungiendo el cargo de subsecretario de Carabineros, mantenía vínculos con la empresa Incosa, propiedad de su esposa. A esta última firma, Nazar le extendía boletas de honorarios. Sin embargo, la justicia desechó la solicitud.

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