Pueblo mapuche proyecta crear gobierno autónomo desde el Biobío al sur

El pueblo mapuche piensa en crear un gobierno autónomo desde la VIII región hacia el sur, según informa La Tercera.

Esta resolución habría llegado luego de la cumbre celebrada en el cerro Ñielol, realizada el pasado 16 de enero, en la que se discutió de política, economía y educación. Sebastián Piñera no asistió, pero envió dos gobernadores en representación del Gobierno.

Molestos por lo que consideran “decisiones unilaterales” por parte del Estado, aseguraron que llamarán a crear esta nueva organización. Informaron que este autogobierno “estará regido y regulado en todas sus formas por un estatuto que determine sus facultades y potestades inherentes, que tendrá una jurisdicción desde el Biobío al sur”.

Este nuevo estatuto está siendo elaborado por 60 de las 2.500 comunidades mapuche existente en el país, el cual, tal como una Constitución, plasmará los derechos, deberes y normas de la nueva nación.

El Estado Mapuche estaría regido por tres conceptos: Ad Mapu, Ad Mongen y el Nor Mogen, es decir, las reglas sociales y religiosas, dinamismo de la cultura y el equilibrio de la naturaleza.

Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico y miembro de la CAM, sostuvo al matutino que “lo que ocurre aquí es que hay dos autonomías, la territorial y la administrativa. El pueblo mapuche no está preparado para el 100%, ninguno está preparado, el Estado chileno tampoco”.

Respecto al sistema de elecciones, el cual al igual que todos los otros puntos siguen abiertos a modificaciones, Aucán Huilcamán dice que se debiese utilizar un sistema de elección popular, siempre y cuando no se elija el representante a través de un sistema de consenso.

Juan Catrillanca, lonko de la comunidad de Temucuicui, invicó a la tradución: “aquí las autoridades tradicionales son los lonkos, habría que conversar si se crea una nueva figura”.

En economía se discute entre tres sistemas: sistema comunitario, de libre mercado o una mezcla entre ambas, según comentó Huilcamán, algo que choca con la opinión más dura del lonko Catrillanca quien asegura que “no compartiríamos nunca las ideas con un gobierno huinca”.

El tema del territorio, al parecer, es lo más completo. Por un lado Reinao propone que debería haber autonomía entre Collipulli y Victoria además de un territorio dentro de la Provincia de Arauco. Huilcamán asegura que ésta tendría que existir desde el Biobío al sur, muy cercano a Chiloé.

En el mismo tema, Catrillanca indicó que antes de ver cualquier tema territorial, se debe negociar el tratado de Tapihue de 1825, el que ratifica que la frontera entre Chile y Ragko Mapu (Arauco) se encuentra en el río Biobío. Esto “prohíbe que algún chileno pueda habitar al sur de ese río por constituir un peligro público para la tranquilidad y un evidente peligro para la paz.”

Aún se analiza el tema de la nacionalidad y la lengua del nuevo Estado. Se ve la posibilidad de mantener tanto la nacionalidad chilena como la mapuche, así como tener solamente la segunda. El lenguaje oficial será el mapudungun, el cual, según Huilcamán, se aplicaría en colegios: “se deben hacer las clases en nuestra lengua”.

Respecto a la factibilidad de llevar a cabo esta independización, se resguardan en el artículo n°3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el que dice: “los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Tomando aquel texto como sustento, los mapuche se podrían independizar sin necesitar una aprobación por parte del Estado chileno.

Por otro lado, el articulo n°4 dice que “los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”.

El artículo n°5 indica que “los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.