Andrés Chadwick asegura que recomendación de relator de la ONU de terminar con la Ley Antiterrorista “carece de fundamento”

El Gobierno chileno consideró hoy que “carece de fundamento” la recomendación hecha por el relator de la ONU Ben Emmerson, de poner fin a la aplicación de la ley antiterrorista en casos vinculados a las reclamaciones territoriales de los indígenas.

“Con el mayor respeto al relator de derechos humanos de Naciones Unidas, tengo la impresión de que las opiniones que él ha vertido les falta información”, señaló el ministro del Interior, Andrés Chadwick, a la prensa en el Congreso, con sede en Valparaíso.

“Por lo tanto no nos parece adecuado que un observador de Naciones Unidas que no tiene ninguna responsabilidad sobre la seguridad del país emita una información que carece de fundamento y de información adecuada”, indicó Chadwick.

El ministro señaló que la ley antiterrorista fue “aprobada en democracia, modificada durante la democracia en dos o tres oportunidades, respaldada por todos los sectores políticos y aplicada por distintos gobiernos”.

En realidad, la normativa, que contempla sanciones más duras que la legislación penal ordinaria, no fue aprobada en democracia, sino en 1984, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Aunque en lo medular ha conservado sus aspectos más importantes, la ley ha sido modificada y perfeccionada en varias ocasiones, la última de ellas en 2005, y ha sido invocada por anteriores gobiernos, incluido el de Michelle Bachelet (2006-2010).

“Lamentablemente nuestro país no está exento de acciones terroristas, y frente a ello necesitamos una ley especial que permita enfrentar acciones terroristas, que tenga la fuerza para acuse con vigor ante acciones terroristas”, apuntó el ministro.

El relator recomendó ayer al Gobierno dejar de invocar esa ley “en este contexto políticamente delicado y potencialmente explosivo”, además de aconsejar terminar con la impunidad en las muertes de mapuches y plantear una estrategia nacional sobre este problema.

Emmerson concluyó así una visita de dos semanas en el país, donde se reunió con representantes de los tres poderes del Estado, así como con miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil.

Consultado ayer sobre la posibilidad de que el Gobierno acoja sus recomendaciones, Emmerson aseguró que no las haría si no estuviera seguro de que éstas cuentan con un apoyo amplio, según ha apreciado en los encuentros que ha sostenido, y que estaría “sorprendido” si los funcionarios chilenos “simplemente las ignoraran”.

La aplicación de la ley antiterrorista contra los mapuches, que constituyen la principal etnia indígena, ha sido reiteradamente criticada por distintas organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, incluidas diversas agencias de Naciones Unidas.

Los mapuches mantienen desde los años noventa un conflicto en las regiones sureñas del Biobío y de la Araucanía contra empresas agrícolas y forestales por la propiedad de tierras que consideran ancestrales y que se traduce en la quema esporádica de maquinaria agrícola, predios o casas.

Por estos hechos han muerto tres mapuches en la última década por disparos de policías, un carabinero que fue alcanzado por una bala durante un allanamiento y un matrimonio de ascendencia suiza y dueño de un predio que fue incendiado en enero, hecho por el cual hay un joven indígena en prisión preventiva.