En la misiva enviada al Mandatario y en el documento adjunto, la iglesia asegura que si el Estado accede al contenido del instrumento internacional, se violará la libertad de eduación, religión e incluso la de expresión. Asimismo hace una fuerte crítica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -a la que Chile le reconoce competencia- calificándola como altamente “politizada en especial en las materias que conciernen al derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, a la familia fundada entre un hombre y una mujer y al deber preferente de los padres a educar a sus hijos”. Para sostener esto último citó el reciente fallo de la entidad en favor de la jueza Karen Atala por ser discriminada por su orientación sexual, criticándolo veladamente. Ambos documentos los publica íntegramente The Clinic Online.