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Opinión

4 de Noviembre de 2013

Demandan a la Iglesia por 201 millones de dólares y piden anular fundación creada por el Arzobispado asociada a Soprole

El libelo fue presentado por Raúl Lecaros Zegers -actual “abogado integrante” de la Corte Suprema- en representación de Ana Fernández Valdés, viuda de Juan Undurraga Aninat, quien antes de morir en 1990 era uno de los dueños de Soprole. Este último, luego de crear en 1986 la Fundación de Beneficencia Isabel Aninat Echazarreta bajo las leyes canónicas y no civiles, señala el libelo, ejecutó un complejo de mecanismo para “deshacerse de casi la totalidad de sus bienes”, para que su cónyuge no accediera a la fortuna. La presentación denuncia el no pago de impuestos, como también el traspasos anómalos desde la sociedad Uruguaya Navarrés a la fundación y “acciones secretas”, con la venia de la “Sagrada Congregación Romana para el Clero de la Sagrada Iglesia Católica de Roma”. La historia la revela The Clinic Online.

Jorge Molina Sanhueza
Jorge Molina Sanhueza
Por

Una demanda por 201 millones de dólares en contra del Arzobispado de Santiago, representado por monseñor Ricardo Ezzati, fue presentada a mediados de octubre por Raúl Lecaros Zegers –actual  “abogado integrante” de la Corte Suprema- en la que solicita la nulidad de derecho público de la Fundación de Beneficencia Isabel Aninat Echazarreta (FIAE), actual dueña del 13,61% de sociedad Prolesur, socia de Soprole, con la cual controla la casi totalidad del mercado lechero nacional.

La acción legal fue ingresada por el profesional como patrocinante de Ana María Fernández Valdés, viuda de Juan Luis Undurraga Aninat, quien fue el fundador de Soprole y quien creó -a mediados de los 80- la mencionada fundación al amparo del Arzobispado de Santiago, utilizando las normas del derecho canónico -y no del Código Civil- mediante la cual la Iglesia chilena -señala el escrito- se hizo del millonario patrimonio antes señalado.

Por esta razón, el libelo sostiene que la FIAE carece de legitimidad jurídica ante las leyes chilenas, porque fue constituida de forma irregular y solicita que la mujer, atendida su calidad de viuda, acceda a una mayor parte de la fortuna del occiso, de la cual habría sido privada por razones ajenas a la legislación nacional.

La presentación, a la que accedió en exclusiva The Clinic Online, acusa traspasos ilegales desde una sociedad extranjera a la Fundación Isabel Aninat Echazarreta, donde incluso aparece una cesión de acciones autorizada por la “Sagrada Congregación Romana para el Clero de la Sagrada Iglesia Católica de Roma”. Además denuncia la existencia de “acciones secretas” pertenecientes a la FIAE, descubiertas poco tiempo antes de ingresar la acción legal.

Debido a la investidura de Ezzati, la Corte de Apelaciones de Santiago nombró como ministro de fuero al magistrado Patricio Villarroel, quien ya proveyó el libelo.

Al ser consultado, el Arzobispado indicó a través de su Departamento de Comunicaciones que aún no han sido notificados formalmente de la demanda. Asimismo, que la FIAE hoy dedica sus esfuerzos a apoyar a niños en situación de riesgo, como también otros que padecen síndrome de Down.

Matrimonio fallido

La historia comienza en 1973 cuando Juan Luis Undurraga Aninat se casó con Ana María Fernández Valdés. La mujer, al momento de contraer matrimonio era viuda y ya tenía hijos. De esta unión nació Juan Luis Undurraga Fernández en enero de 1975, afectado de Síndrome de Down.

Según la demanda el hecho provocó “un gran shock sicológico” en Undurraga Aninat. Allí comenzó este último, consigna el documento, una estrategia para evitar que su esposa se hiciera de la futura administración de los bienes. Es decir, dice la demanda, para incumplir que esos herederos “forzosos” accedieran a la fortuna. Sin embargo, el escrito no menciona por qué el hecho provocó tal impulso en el demandado.

De acuerdo a la demandante, el mecanismo usado por Undurraga Aninat para “deshacerse de casi la totalidad de sus bienes”, contó con la anuencia de la iglesia, como también que este último creara “un extravagante sistema para la atención de su hijo, pretextando que familiares más o menos lejanos podrían llevar a cabo esta función mejor que su propia madre”.

Los Iluminati

En la demanda, el abogado patrocinante de la mujer, Raúl Lecaros Zegers, explica que Undurraga Aninat sin el conocimiento y la anuencia de su esposa creó la Fundación de Beneficencia Isabel Aninat Echazarreta con fecha 27 de agosto de 1986 bajo las normas del Derecho Canónico y no del Código Civil, “quedando como una persona jurídica canónica de carácter privado”, al alero de la iglesia.

La mencionada entidad contó con la firma de un decreto por parte de Sergio Valech (hoy fallecido), entonces obispo auxiliar y vicario general y Bernardo Salas, secretario general, ambos del Arzobispado de Santiago. Valech, hoy fallecido, fue quien presidió la Comisión de Prisión Política y Tortura que lleva su apellido.

Los estatutos de la FIAE, señala la demanda, establecen que el directorio estaría compuesta por tres personas de carácter vitalicio del mismo arzobispado y entre ellas elegirían al presidente. El arzobispado nombró a Valech, al abogado Enrique Alcalde Irarrázaval y al abogado Francisco Bulnes, quienes eligieron al primero como presidente. La duración de la fundación es de carácter indefinido a partir del “decreto de erección canónica”.

El objeto de la fundación era “dar hogar a los niños desamparados que carecen de él, educarlos y prepararlos cristianamente para la vida y también cooperar con fundaciones análogas según lo determine el directorio”. Si se disuelve la fundación, todos los bienes pasarán completos al Arzobispado de Santiago.

A juicio de la demandante, la fundación se hizo con el único objetivo de transferir los bienes y mantenerlos en secreto y “eludir las normas del Código Civil”.

La estrategia

Pues bien, Undurraga Aninat, sostiene el libelo, inició una serie de contratos irregulares con la fundación, traspasando bienes, con el fin de “hacerlos desaparecer de su patrimonio”. Este último falleció en mayo de 1990.

Al poco tiempo se abrió el testamento cerrado en el Segundo Juzgado Civil de Santiago, donde venía incluido el listado de bienes. Se trataba de 555.256 acciones de Soprole y US$ 413.913 dólares. De ese dinero, señala la demanda, saldrían 200 mil pesos mensuales con los reajustes correspondientes para su hijo de forma vitalicia. La transacción –sigue la presentación- se realizó entre la fundación y Ana María Fernández Valdés en 1992 y, a juicio de la demandante, carece de validez que exige la ley.

Sin embargo, señala la demanda, “el grueso del patrimonio que tuvo Undurraga Aninat y que está constituida por la Sociedad Navarrés S.A., a su vez una muy importante accionista de Soprole y por sus terrenos del Fundo La Puntilla”, ubicado en la comuna de El Monte, obras de arte y bienes de las casas patronales, “salieron de sus manos” por actos y contratos “irregulares”. Hubo “donaciones irrevocables”, arrendamientos anómalos e impuestos no pagados. La Sociedad Navarrés S.A. no es chilena. Se constituyó en Montevideo, Uruguay, y desde ella se hicieron transacciones hacia la fundación.

El motivo y alcance de la ya mencionada transacción entre la fundación y Ana María Fernández Valdés, se realizó como una ficción. Y todo, “para que el arzobispado pudiera tener para si una gran parte de la fortuna de Juan Luis Undurraga Aninat”.

El texto es explícito sobre la iglesia: “Para calibrar la dimensión del daño sufrido como consecuencia de la burla del orden público chileno y de que fueron víctimas (los herederos) baste señalar que como consecuencia sólo de la venta de las acciones de Soprole que pertenecían a la sociedad Navarrés, cuyas acciones le habían sido transferidas a la fundación por Undurraga Aninat, el Arzobispado se hizo de la increíble suma de US$ 201.900.145 millones de dólares, mediante la venta de 204.471.726 millones de acciones a precio unitario de 9,86 dólares a Dairy Enterprises Chile Limitada”. Esta última también está fuertemente ligada a la propiedad de Soprole.

Este último contrato, señala la demanda, fue aprobado nada menos que por la “Sagrada Congregación Romana para el Clero de la Sagrada Iglesia Católica de Roma”

“Como si lo relatado no hubiese sido suficiente, esta parte se enteró a días de entablar la presente demanda, que la fundación conserva una cantidad de acciones de Prolesur, filial de Soprole que le permiten detentar”, el 13,61 % de la compañía, se lee en el libelo.

“La existencia de dichas acciones que superan los 20 millones de dólares jamás fue revelada a la sucesión de Juan Luis Undurraga Aninat, pese a que éste las aportó a la fundación”, sigue.

La demandante insiste que “este ocultamiento explica los términos sorprendentemente amplios y rebuscados de las referidas transacciones que leídos en perspectiva pretendió abarcar cuantiosos bienes” de Undurraga Aninat que la “fundación mantenía ocultos, las acciones de Prolesur (Soprole) y quién sabe cuántos más”.

Por esta razón solicitaron al ministro de fuero Patricio Villarroel que se cancelen todas las inscripciones de bienes, los traspasos de acciones para rehacer la herencia que debió cumplir Undurraga Aninat en vida para con su esposa e hijo.

“Demás está decir que Ana María Fernández Valdés y su hijo no vieron un peso de esta friolera de dólares”, concluye el escrito judicial.

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