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Un duro golpe a las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE) dio ayer la diputada DC Yasna Provoste, en la presentación de indicaciones al proyecto que elimina el copago, la selección y el lucro en establecimientos educacionales.

Los cuerpos legales presentados por la también ex ministra de Educación son todos destinados a terminar con el negocio de estas empresas, que entregan asesorías a colegios para mejorar estándares de calidad, como en las pruebas Simce.

Aunque la ley que permitió la creación de estas empresas se realizó durante la gestión de Provoste al mando del ministerio de Educación, la hoy parlamentaria por Huasco, en la Región de Atacama, introdujo modificaciones a las empresas que a principios de año impidieron la llegada de Claudia Peirano a la subsecretaría de Educación, justamente por ser socia fundadora de una de estas empresas.

ATEs

Las indicaciones de Provoste, que se sumaron a una veintena presentada ayer por los diputados de la Nueva Mayoría que participan en la Comisión de Educación de la Cámara (Mario Venegas, Rodrigo González, Cristina Girardi, Fidel Espinoza, Alberto Robles y Camila Vallejo) más el RD Giorgio Jackson, golpean directamente a figuras DC ligadas a Educación como los ex ministros Mariana Aylwin y Sergio Molina, entre otros.

Según señala la indicación, “en el caso de las ATE (Agencias de Asistencia Técnica Educativa) deberán constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro en un plazo de dos años. Asimismo, prohíbe a los sostenedores, por sí o por persona relacionada, ser dueño de una ATE que preste servicios educativos a los establecimientos educacionales que administra”.

Además, Provoste ingresó otra indicación que prohíbe que socios, asesores y administrados de las ATE tengan vínculos de ningún tipo con los establecimientos educacionales o sostenedores de los colegios a quienes prestan asesorías y que todas deberán ser contratadas vía licitación.

A principios de año, las ATE generaron una fuerte polémica porque la designada subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, pertenecía como socia fundadora de la ATE Grupo Educativo, que prestaba servicios a los establecimientos educacionales de su ex marido, el sostenedor de colegios Walter Oliva.

La polémica escaló cuando representantes de la Confech cuestionaron el rol que podría tener Peirano en el ministerio, lo que terminó bajando su designación y en su reemplazo se nombró a la actual subsecretaria, Valentina Quiroga. Sin embargo, la otra socia fundadora, Paulina Araneda Díaz, sí llegó al ministerio como asesora, desempeñándose directamente en la evaluación y monitoreo de los Convenios de Desempeño.

Pero dentro de las ATE también destaca otras importantes figuras de la Democracia Cristiana. Es el caso de la ex ministra de Educación Mariana Aylwin (DC), dueña y directora Ejecutiva de Centro de Capacitación Aprender Limitada, donde coincide con el también ex ministro de Educación Sergio Molina, presidente de la ATE, y otros como Pablo Piñera Echeñique, hermano del ex Presidente Sebastián Piñera; Juan José Santa Cruz, ex vicepresidente DC y dirigente de Fuerza Pública; y Rafael Guilisasti, ex integrante del comando de Andrés Velasco y hoy parte de su movimiento político.

Entre otras, también destaca la ATE Veomás, dirigida por Valentina Orrego, hermana del intendente de Santiago, Claudio Orrego; y la ATE Centro de Diagnóstico Fundación Arturo Matte Larraín, parte de SIP Red de colegios, cuya presidenta es Patricia Matte Larraín.

Cárcel por lucro y Ley Zamudio

Junto a las indicaciones de Provoste, la Nueva Mayoría presentó indicaciones que van en busca de perfeccionar la reforma presentada por el Gobierno. Entre ellas destacan las que aluden a la responsabilidad penal de los sostenedores.

Según el texto, si el administrador del establecimiento educacional que recibe fondos públicos vía subvenciones diera un uso distinto a los fines educativos “será castigado con presidio menor en su grado medio a máximo y quedará inhabilitado para administrar nuevamente un establecimiento educacional”.

Además, estipula que “será castigado con presidio menor en su grado máximo el que teniendo a su cargo la administración de los intereses patrimoniales de los establecimientos realice una disposición patrimonial con abuso de sus facultades”.

También aplica reclusión menor en su grado medio a máximo más la inhabilidad para volver a administrar colegios, para quienes omiten en la contabilidad o mienten sobre los estados financieros de los establecimientos.

“Queremos desterrar el lucro en la educación pre-básica, básica y media tal cual se está haciendo hoy día con la Educación Superior”, dijo el diputado Fidel Espinoza.

Junto a ellas también se encuentra la invocación a la Ley Zamudio (Ley 20.609) en el sistema educativo, ante situaciones de discriminación y que los establecimientos ejecuten programas para sensibilizar a la comunidad escolar en integración de alumnos, para disminuir la discriminación.

Indicaciones de Oposición

Junto a expresar su molestia ante la no entrega de indicaciones por parte del Ejecutivo, lo que habría sido expresado por el propio ministro Nicolás Eyzaguirre en su anterior visita a la Comisión de Educación.

En total, los diputados Felipe Kast (Evópoli) y los UDI María José Hoffmann, Jaime Bellolio, Romilio Gutiérrez y José Antonio Kast ingresaron 66 indicaciones: 54 de Evópoli y 12 presentadas por parlamentarios UDI.

Las indicaciones van en relación a las premisas defendidas por ese sector, como la libertad o “derecho preferente de los apoderados a elegir el establecimiento educacional de sus hijos”.

“Todas ellas corresponden al recorrido que hemos hecho por todo Chile y que van en relación, por ejemplo, al derecho de elegir de los padres, que defiende la Confepa; o que las iglesias tengan, respetando la ley, sus propios procesos de admisión”, dijo la diputada Hoffmann.