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El correo electrónico llegó el día 27 de enero de 2014. En él, un intermediario del actual ministro de Obras Públicas, el militante DC Alberto Undurraga, le escribe al ex gerente de Penta Hugo Bravo y le comunica que lo está tratando de ubicar. En otro email, el intermediario le informa a Bravo que viajará a México y le pide que no se olvide de los “pendientes” de Alberto Undurraga. Finalmente le agradece y le avisa que seguirían en contacto por la vía de correos electrónicos. Días después, el 6 de febrero, Bravo le responde escuetamente dando cuenta que el pago ya estaba hecho.

El comprobante del Banco de Chile, como se sabe, fue por la suma de 4 millones de pesos y se depositó a nombre de Ciudad Justa, la fundación que creó Undurraga después de salir de la alcaldía de Maipú. La papeleta, que tiene fecha 05 de febrero de 2014, corresponde a un estudio de distribución de empresas por comunas en la Región Metropolitana que se le vendió a Penta, según publicó este diario el 10 de octubre pasado.

Aunque Undurraga le informó al Ejecutivo que renunció -ante notario- a Ciudad Justa en enero de 2014, luego de ser nombrado en Obras Públicas ese mismo mes por Michelle Bachelet y que desconocía el convenio con Penta, su intermediario hace explícita la petición de pagos para el titular del MOP.

Fuentes de la investigación afirmaron a The Clinic Online que el fiscal Carlos Gajardo, quien lleva la investigación del denominado caso FUT y la arista política del Pentagate, debería estar al tanto del contenido de estos correos por las declaraciones que ya tomó a Bravo y también por la incautación de los computadores de la empresa.

Hasta donde se sabe, la línea fijada por Gajardo no comprendería el periodo de 2014. Así lo explicó él mismo luego que en sus indagaciones por el caso FUT la fiscalía obtuviera hallazgos que podrían ser constitutivos de delitos en términos tributarios: “Estos hechos, que se han puesto en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos, básicamente dicen relación con hechos acaecidos durante el año 2013. Eso es lo que la fiscalía ha puesto en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos” fue lo que señaló el 30 de septiembre en un punto de prensa que realizó en la Fiscalía Oriente.

Pero los correos entre el intermediario de Undurraga y Bravo no serían los únicos. Según pudo averiguar este medio, también habría emails con el ex senador de la UDI y director de Penta, Carlos Bombal, quien de acuerdo a Ciper tuvo un rol importante en el momento en que los controladores del grupo decidieron a quiénes le entregarían aportes a sus campañas.

Consultado el ministro Undurraga sobre esta nueva situación, a través de un asesor, dijo a The Clinic Online que “el ministro se refirió a este tema el 10 de octubre, entregando a todos los medios de comunicación el estudio y factura de febrero de 2014 de Fundación Ciudad Justa, que lo individualiza en detalle”.

GOTA A GOTA

El caso de Undurraga fue analizado en el gobierno cuando su nombre, dentro de una lista de políticos, comenzó a circular en momentos en que aún no se hacían públicos en su totalidad. El 28 de septiembre pasado este diario se comunicó con un cercano al ministro del MOP para consultar si los rumores hasta ese minuto tenían asidero. Pero se negó “tajantemente” una posible relación de él con Penta y con la arista política que se abrió luego que Hugo Bravo, ex brazo derecho de los controladores del grupo Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, habría mencionado nombres de políticos implicados en el caso en sus declaraciones ante el fiscal.

En ese entonces, el secretario de Estado se contactó con el presidente de la DC, Ignacio Walker, para negar cualquier vinculación con la empresa, según publicó el diario La Tercera. Paralelamente a eso, el gobierno se dedicó a revisar sus cuentas electorales y sólo después de eso visó una actividad pública de Undurraga con la presidenta Bachelet.

Sin embargo, diez días después de que Undurraga negara cualquier nexo con el caso, se conoció el pago de 4 millones de pesos por el trabajo efectuado por Ciudad Justa. En esa oportunidad, el titular del MOP salió a defenderse: dijo que él había renunciado a su fundación y que lo suyo no tenía nada que ver con platas políticas sino con la realización de estudios sobre distribución de áreas verdes en la capital y diferencias en inversiones en transporte y vialidad, entre otras materias.

El antecedente del pago cobraba especial importancia porque Undurraga había sido candidato a senador por Santiago Poniente en las elecciones pasadas, en las que fue derrotado.

Y pese al respaldo que tuvo tanto del presidente de la DC Ignacio Walker como del Ejecutivo, al interior de la Nueva Mayoría existió molestia porque, a juicio de algunos, Undurraga había entregado la información por goteo, exponiendo al gobierno a dar explicaciones en un caso en el que hasta ese momento sólo la UDI había estado al centro de la agenda. Uno de los pocos que se atrevieron a criticarlo públicamente fue el presidente PPD, Jaime Quintana: “Acá no puede haber dos miradas, no puede haber doble estándar frente a esto, y tenemos que dejar a la fiscalía y a los organismos a actuar con total autonomía, sin presiones de ningún tipo”.

El tema, cuando se creía despejado, regresó a La Moneda el 19 de octubre, luego de que Reportajes de La Tercera publicara que la dirección que había utilizado el ministro de Bachelet para inscribir la Fundación Ciudad Justa pertenecía a una botillería llamada “Las Bananas” en la comuna de Pudahuel. En paralelo, la derecha amenazó con querellas y con citar al ex alcalde de Maipú para que explicara el hecho. Pero la detención del ex edil de Providencia Cristián Labbé por un caso de violaciones a los derechos humanos, aquietó las aguas por unos días, luego que la UDI saliera a defenderlo.

Como corolario, la revista Qué Pasa informaba sobre una licitación que había obtenido Ciudad Justa en la Municipalidad de La Granja, reducto histórico DC, por 18 millones de pesos para la creación de una escuela de formación de líderes comunales. Esa misma semana, según publicó el semanario, el sitio web de la Fundación estaba inhabilitado y los teléfonos no funcionaban. También se supo que el representante de Ciudad Justa era Ignacio Corcuera, actual asesor de Undurraga en el MOP.

Con todos los antecedentes sobre la mesa, en la Alianza se han negado a “soltar” a Undurraga porque creen que existe información suficiente para indagar. De paso, no deja a sus militantes como los únicos que están en la mira del fiscal Gajardo.

EL FISCAL EN LA MIRA DE LA UDI

En las últimas semanas, altos personeros de derecha han criticado privadamente a Gajardo por considerar lo que ellos llaman un “sesgo ideológico” al investigar. Sus dudas apuntan no sólo por sus dichos en el punto de prensa del 30 de septiembre, cuando acotó la nueva arista de sus pesquisas al 2013, sino también porque -insisten- que el caso de Undurraga es similar al del ex candidato Andrés Velasco, quien emitió boletas a Penta por servicios como charlas y conferencias, según su versión.

Pero la UDI ha añadido otra crítica al fiscal debido a los nexos de su familia con la Nueva Mayoría: su padre fue militante DC y se desempeñó en el SAG. Su hermana Patricia, ingeniera comercial de profesión, fue nombrada directora regional del SENDA de la Región del Maule en mayo pasado y en el anterior gobierno de Michelle Bachelet se desempeñó como Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Hacienda entre el 2006 y el 2010 en la misma zona. Patricia Gajardo Pinto, según las bases de datos del partido, es actualmente militante DC. La ingeniera está casada con el alcalde de Curicó, también DC, Antonio Muñoz Riquelme, quien según fuentes de ese partido, es cercano al diputado de esa tienda Roberto León. La otra hermana de Gajardo, María Teresa, trabajó como Inspector de Subvenciones en el MINEDUC y hoy es fiscalizadora de la cartera que dirige el PPD Nicolás Eyzaguirre. También figura en las listas de la DC.

Gajardo, sin embargo, también ha conducido indagatorias que han involucrado a militantes de la Nueva Mayoría, como el del ex demócratacristiano Ángel Maulén por el fraude a la Comisión Nacional de Acreditación o el socialista José Bravo en la causa por el fraude millonario de la Junaeb.

El fiscal, a sabiendas de las críticas que ya afloraban en septiembre de parte de la UDI, principalmente por las filtraciones del caso, señaló: “La investigación que se realice por parte de la fiscalía va a ser siempre resguardando los principios de objetividad, respetando la presunción de inocencia de los involucrados y combinando en un tema que nos parece delicado, la prudencia y la firmeza. Nos parece adicionalmente que la revelación de algunos de estos antecedentes de manera pública no benefician al éxito de una posible investigación”.

Ayer, The Clinic Oline intentó conseguir su versión, pero la fiscalía declinó referirse al tema debido a que se trata de una investigación que está bajo reserva.