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Esta semana la Primera Sala de la Corte Suprema podría escuchar los alegatos de la demanda que presentó el síndico de quiebras en contra de la sociedad Santa Sarella, de propiedad del ex director de Penta Hugo Bravo, a quien reclama la devolución de 415 millones que ganó invirtiendo en acciones de Inverlink, cuya caída se produjo en marzo de 2003. Han transcurrido desde entonces 11 años.

La historia que afecta a Bravo comenzó el mismo 2003 cuando el síndico de quiebras lo demandó ante el Primer Juzgado Civil de Santiago. Lo acusó de haber obtenido ilegalmente dicho monto entre el 2 de enero y el 5 de febrero a poco de que Inverlink se fuera a pique, provocando un terremoto financiero que involucró a bancos, mutuales de las Fuerzas Armadas, particulares y a la Corfo.

En la acción legal, se deja entrever que Bravo podría haber sabido antes de la debacle financiera del grupo, por lo que decidió recuperar su dinero justo antes que ocurriera, afectando de esta manera a la “masa de la quiebra” y con ello a los acreedores. El síndico argumentó que dicho dinero fue pagado a Bravo por Inverlink Consultores y no por la corredora, con la que tenía el contrato. Los hechos fueron controvertidos por Bravo.

Hay que recordar que Bravo, ahora en 2014, es investigado por el fiscal oriente Carlos Gajardo por delitos tributarios en el llamado Pentagate. En él, Bravo está denunciado por el Servicio de Impuestos Internos por obtener devoluciones ilegales del FUT por 260 millones, precisamente a través de su sociedad Santa Sarella y Challico. En este caso también aparece imputado el contador del holding Marcos Castro, quien declaró en el juicio civil señalando que la compra de acciones a Inverlink y la recuperación del dinero fue totalmente regular.

Confirmaciones

Pues bien, finalizados los procedimientos de un engorroso juicio civil, recién el 30 de abril de 2012, la jueza Marcela Solar Echeverría rechazó la demanda en contra de Santa Sarella. El síndico no se quedó tranquilo y el 17 de mayo del mismo año resolvió recurrir de queja a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Luego de analizar los antecedentes, la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino, por tres votos contra cero, confirmó la decisión de primera instancia. A favor del dictamen -fechado el 6 de diciembre de 2013- estuvieron los ministros Juan Manuel Muñoz, María Cecilia González y el abogado integrante Patricio González.

El síndico entonces jugó su última carta: la Corte Suprema, cuya Primera Sala junto al caso de Santa Sarella, también debe resolver otras causas recurridas por el mismo síndico, entre otras, Sacyr, la Municipalidad de Viña del Mar y las mutuales del Ejército y la Aviación. Estas últimas también alcanzaron a recuperar la plata que tenían en Inverlink, antes de la debacle.

Confianzas nulas

Hasta enero de este año, cuando el juicio llegó al máximo tribunal, Bravo era representado por Alfredo Alcaíno, el abogado del holding Penta.

Sin embargo, cuando en julio pasado Bravo renunció al grupo y luego fue denunciado por el SII, las cosas cambiaron. Más aún cuando el 26 de agosto el fisco hizo lo propio con los dueños del grupo Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín y sus esposas, a quienes les giraban boletas por trabajos no realizados. En la presentación también está incluido el contador Marcos Castro.

Por todo lo anterior, el abogado Alfredo Alcaíno renunció al patrocinio de Bravo el 26 de septiembre a poco que se viera la causa en la Suprema.

Rápidamente, asumieron su representación los juristas que lo patrocinan en el Penta Gate, Catherine Lathrop y Pablo Forteza -del estudio de Gonzalo Insunza- debiendo inhabilitar a miembros de la sala en dos oportunidades, mientras conseguían a otros profesionales expertos en mercado de capitales que pudieran alegar la causa.

Así las cosas, Bravo tiene ahora como abogados al estudio de Gonzalo Raggio. Se trata de los mismos que demandaron a Penta en el Segundo Juzgado Laboral de Santiago, por la suma de 2.300 millones por el despido injustificado de Bravo.