¿En que está el caso de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa?

Tras los atentados que dejaron 17 muertos en Francia la semana pasada, el devenir del Caso Penta, y ahora el Yategate denunciando por The Clinic Online, el avance de la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace más de tres meses ha pasado a segundo plano.

Y no es un fenómeno restringido a Chile. El mundo entero ha quitado sus ojos de México y la desesperación de las familias de los 42 estudiantes aun desaparecidos, pues sólo uno, Alexander Mora Venancio, ha sido identificado.

Mientras los padres siguen en su lucha por encontrar a sus 42 hijos, la Procuradoría General de la República, la fiscalía mexicana, acusó formalmente al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, de ser el responsable de la desaparición de los estudiantes, ocurrida en septiembre del año pasado en la ciudad de Iguala, tras un ataque a tiros de la policía municipal.

La acusación llega dos meses después de la detención del alcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, perpetrada el cinco de noviembre del 2014 tras una cinematográfica huida de las autoridades luego que el caso saliera a la luz pública.

Con la acusación formal por parte de la fiscalía mexicana hacia el alcalde de Iguala se le estaría, definitivamente, poniendo cara al responsable de la desaparición de los muchachos.

Además, este viernes, las autoridades confirmaron la detención de un integrante de Guerreros Unidos, cartel del narcotráfico, quien habría sido cometido los homicidios de los alumnos. Según la fiscalía sería el “autor material del homicidio del caso Ayotzinapa”. Conocido como Felipe Rodríguez, el Cepillo o el Terco, fue arrestado en Morelos.

La caída de Felipe Rodríguez es relevante pues se presume, desde el comienzo del caso, que el cartel Guerreros Unidos estuvo involucrado en la desaparición de los estudiantes, junto a la policía de Iguala y al alcalde Abarca junto a su esposa. De hecho, a su mujer, María de los Ángeles Pineda Villa, ya se le acusó oficialmente de ser presunta responsable de tener nexos con Guerreros Unidos, entre ellos, de otorgarles protección y apoyo económico desde 2005, según consigna Animal Político.

Con el alcalde y su esposa acusados y con la caída del sicario de Guerreros Unidos, la fiscalía parece tener a los principales responsables del hecho identificados.
Y podría ver confirmada su principal tesis: los estudiantes fueron secuestrados por la policía de Iguala, con influencia del alcalde y su pareja, para luego ser entregados a Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado. Posteriormente, habrían lanzado las cenizas al río Cocula, pueblo cercano a Iguala. Esa, esa la versión oficial.

Sin embargo, hay dudas.

Hace unas semanas, un grupo de especialistas de dos universidades mexicanas deslizaron que el Ejército podría estar involucrado en la desaparición, toda vez que desde su punto de vista, no se podría cremar esa cantidad de cuerpos de no ser en hornos crematorios privados o de la institución castrense.

En esa línea, y tras una reunión con varias autoridades, federales y nacionales, los familiares de los 42 jóvenes que siguen desaparecidos, consiguieron esta semana que les otorgaran un permiso para entrar a los cuarteles militares del Ejército mexicano en busca de sus hijos.

Sin embargo, las opiniones de estos académicos están fundamentadas en estudios que han entregado a la opinión pública. Es el caso de los análisis de Jorge Antonio Montemayor Aldrete, especialista del Departamento de Estado Sólido del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien no cree que los restos hayan sido quemados en un basurero de Cocula, tal como sostiene la autoridad.

Según el especialista, en el lugar no hay pérdida de vegetación, huellas de cadáveres que debieron ser arrastrados o sangre, ni piedras rotas producto de las altas temperaturas o un terreno prácticamente calcinado, según informa Terra.

Sobre estas versiones la autoridad salió a negar esas posibilidades. “De ninguna declaración en las diligencias de la PGR se desprende que elementos del Ejército o de algún cuerpo de seguridad pública federal estuvieran involucrados en los incidentes”, manifestó Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal.

Actualmente, científicos de la Universidad de Innsbrook hacen pruebas para identificar varias muestras enviadas por México.

Durante la investigación del caso, según informó la fiscalía mexicana -o Procuradoría General- 97 personas han sido detenidos por su presunta vinculación al caso; se han emitido 45 ordenes de aprehensión por secuestro; y se acusó a 10 policías detenidos de estar involucrados.