Ordenan prisión preventiva para acusado de supuesta colocación de bombas

La justicia decretó hoy prisión preventiva para un joven imputado por la supuesta colocación de artefactos explosivos en Santiago, entre los años 2006 y 2010, y la tenencia de componentes explosivos.

Según fuentes judiciales, la decisión tomada por el Octavo Juzgado de Garantía recayó en Diego Ríos González, un exestudiante de filosofía, procesado tras su detención el pasado sábado en el marco del denominado “caso bombas”.

El imputado fue detenido en su departamento en La Legua, donde la policía encontró cuatro kilos de pólvora negra, un detonador, nitrato y elementos para la fabricación de artefactos explosivos.

Según la policía, los elementos eran similares a los utilizados en las bombas detonadas en 2008, en una farmacia, en el arzobispado castrense y en la sede de la Sociedad de Fomento Fabril.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva ya que el imputado, que se encontraba prófugo desde el 2009, estaba en conocimiento de que la justicia lo buscaba.

“En la carpeta investigativa hay una serie de investigaciones extraídas de las redes sociales, en las cuales él expresa conocimiento de estar siendo perseguido”, señaló a los periodistas el fiscal Francisco Bravo.

El “caso bombas” ha estado desde 2009 a cargo de tres fiscales y ha llegado a sumar hasta una quincena de imputados.

El juicio comenzó con el recrudecimiento de estallidos de bombas de fabricación artesanal en diversos puntos de Santiago, hasta que en mayo de 2012 el joven Mauricio Morales murió al explotar una bomba que portaba cerca de la Escuela de Gendarmería (Servicio de Prisiones).

Después de la muerte de Morales, el gobierno intensificó la investigación y la policía logró la detención de varios supuestos autores en allanamientos de casas “Okupa” en diversos puntos de Santiago.

Tras la llegada al gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, fue designado al frente del caso el fiscal Alejandro Peña, que un año después renunció y pasó a ocupar un puesto en el Ministerio del Interior.

Sin embargo, Peña renunció a su cargo en octubre de 2012, después de que la división que lideraba se viera involucrada en presuntas irregularidades en un proceso de licitación para adquirir equipos antidrogas en el norte del país.

Algunos abogados defensores de los acusados plantearon desde hace tiempo que el caso era un montaje y no descartaron tomar medidas legales en ese entonces contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el exfiscal Peña.