Quiénes son los jueces que revisarán las demandas contra SQM en Nueva York y California

Dos demandas contra SQM ya han sido ingresadas en distintas cortes de Estados Unidos. La que es patrocinada por Pomerantz Law Firm fue recibida el 19 de marzo por la oficina del juez Edgardo Ramos, del distrito sur de Nueva York, mientras que el 26 de marzo ingresó la que fue presentada por Rosen Law en la corte del distrito central de California, y que fue recibida por la jueza Dolly M. Gee. Las otras 12 firmas legales que preparan documentos casi idénticos a estos tienen plazo hasta el 18 de mayo para nombrar al “demandante principal”, que en las dos ya ingresadas figuran como Megan Villella y Chris Kramer.

Ramos, nacido en Puerto Rico, estudió en Yale, una universidad de tradición demócrata y se recibió de abogado en la Escuela de Derecho de Harvard. Su cercanía con esa área política continuó después de egresado y según el cuestionario público que debió responder al Comité Judicial del Senado para poder ser nombrado como juez, apoyó a “comités informales que patrocinaron eventos de fundraising para los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Barack Obama el 2008”, lo mismo que hizo para la congresista por Nueva York Nydia Velazquez en septiembre de 2010.

Desde que asumió en 2011, su oficina ha recibido 961 casos de diversos aspectos legales. De ellos, 13 corresponden a Valores, Mercancía e Intercambio y sólo ha fallado sobre uno, acogiendo la demanda y dando paso a un juicio, mismo proceso que se encuentra esperando la demanda de Pomerantz contra SQM.

Más allá de eso, su experiencia está vinculada especialmente con crímenes económicos y fraudes, tanto en el ámbito público, como persecutor y en el privado, como defensor: “Después de mi graduación de la Escuela de Derecho trabajé como un asociado en Simpson Thacher & Bartlet en Nueva York, donde estuve involucrado en todos los aspectos de grandes disputas comerciales, considerando, entre otras áreas sustanciales, bancarrota, cobertura de seguros y responsabilidad de productos”.

En el ámbito público, Ramos se unió a la oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York en 1992, donde destaca su trabajo en los llamados “fraudes de cuello blanco”, similar a lo que llamamos como “crímenes de cuello y corbata”, es decir, delitos económicos de grandes empresarios o grupos empresariales: “Procesé una amplia diversidad de crímenes federales, incluyendo fraude de cuello blanco, lavado de dinero, narcotráfico, corrupción pública y violación del Acta de Control de Exportación de Armas”. Entre sus querellados más destacados figuran “un capo del narcotráfico colombiano, una red de fraude de arte, y una compañía que exportaba equipamiento militar y de la policía de forma ilegal”.

Como abogado privado representó corporaciones e individuos “relacionados con investigaciones criminales y regulatorias llevadas a cabo por agencias federales y estatales, considerando, entre otras áreas sustantivas, fraude bancario, fraude con títulos de valores, corrupción pública y de gobierno. También realicé investigaciones internas para clientes corporativos”, declaró en 2010, añadiendo “telecomunicaciones y manufactura” a sus áreas de desempeño y enfatizando su área de mayor experiencia: “Me he especializado en defensa de crímenes de cuello blanco e investigaciones internas”. De hecho, entre sus defendidos está “un individuo acusado de proveer asistencia material a Al Quaeda y un ejecutivo de una compañía constructora acusada de corrupción pública”.

Al declarar su patrimonio en sociedades o empresas, señaló que al dejar su posición de socio en Day Pitney LLP se le devolverían $88.000 dólares invertidos en la compañía, unos 54 millones de pesos, que se le pagarían en cuotas anuales en cinco años.

Su trayectoria lo llevó a ser ratificado en 2011 por unanimidad en el Congreso, una situación muy distinta a la que vivió su par en la costa opuesta, Dolly M. Gee, en el distrito central de California, quien recibió como juez principal la demanda de Rosen Law contra SQM. Asumió un año antes que Ramos, en 2010, pero su primera nominación fue bajo el gobierno de Bill Clinton en 1999. Con una mayoría republicana en el Comité Judicial del Senado, su nombramiento no prosperó sino hasta que Obama volvió a nominarla en 2009, siendo ratificada por unanimidad del Senado.

Hija de inmigrantes de la China rural, Gee estudió en la Universidad de California, donde también asistió a la Escuela de Derecho. Sus intereses varían más hacia los derechos humanos y la “afirmación positiva”, como se conocen a las leyes de cuotas que ciertas instituciones mantienen para asegurar la diversidad de quienes trabajan o estudian en ellas, ya sea en género, nacionalidad o raza, por lo que su desempeño también se ha relacionado con trabajo e inmigrantes. De hecho, desde 1994 a 1999 participó en el arbitraje de casos laborales como parte de la Federal Labor Relations Authority.

“Mi práctica es diversa e incluye litigación civil, demandas colectivas, arbitrajes, apelaciones, negociaciones y trabajo transaccional, con énfasis en las áreas de la ley de trabajo y empleo”, señaló Gee en su cuestionario frente a la Comisión Judicial del Senado. Agregó que ha representado tanto a demandantes como demandados en casos de discriminación laboral y acoso sexual. Si bien entre sus casos emblemáticos no hay similitudes con el escenario que hoy enfrenta SQM, se citan varios casos relacionados a empresas, trabajo y corrupción.

Con un año más en el cargo que Ramos, Gee acumula ya 2132 causas en su oficina del distrito central, de los cuales 20 caen en la misma categoría que la demanda contra SQM: Valores, Mercancía e Intercambio, y varias han contado con la Securities and Exchange Commision (SEC), como la parte querellante. Una de ellas, contra Fleet Mutual Wealth Limited, decretó varios pagos en multas por un total de casi cuatro millones de dólares, unos 2.400 millones de pesos.