milicogate

Aprovechando la citación agendada para la primera semana de septiembre, la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados pedirá explicaciones al comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, por el escándalo del llamado “milicogate”(ver nota completa), el caso destapado por The Clinic que tiene que ver con la desaparición de millones de dólares del Fondo Reservado del Cobre producto de movidas fraudulentas orquestadas en la propia institución por oficiales de alto rango.

De acuerdo a lo que publicó este medio en la edición de hoy, los cuantiosos recursos comenzaron a esfumarse en 2010, y las operaciones truchas se extendieron hasta marzo de 2014.

The Clinic, en el reportaje que también reproduce la edición impresa de esta semana, expone pruebas detrás de la trama, como conversaciones grabadas en secreto por oficiales del Ejército, además de numerosos documentos en poder de la Justicia Militar a los que este medio accedió en exclusiva.

De acuerdo a una publicación de La Segunda,  desde la Cámara no se descarta la creación de una comisión investigadora para indagar el ilícito.

El vespertino consigna además que el millonario fraude activó la idea de modificar la Ley del Cobre.

Al mediodía el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, salió a referirse al asunto, asegurando que “el ministro de Interior, Jorge Burgos, que en abril del año pasado era ministro de Defensa, fue quien solicitó no solamente la intervención de los tribunales de justicia, el Ministerio Público en particular, sino que del propio Servicio de Impuesto Internos (SII), del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia intervención de la Comandancia en Jefe del Ejército para aclarar e investigar estos hechos”.

Asimismo, apuntó que la gravedad de los hechos tienen que ver con que “estamos hablando de recursos del Estado, de fondos públicos que le pertenecen a todos los chilenos y el Gobierno actúa como corresponde frente a cualquier hecho que pueda constituir un manejo irregular de recursos públicos, toma medidas internas, pero también exige o pide, solicita más bien, que actúen todos los organismos que tienen responsabilidad en el control o fiscalización. Y en este caso, adicionalmente, en la investigación y eventual sanción de conductas irregulares o delictivas”.

El artículo de The Clinic consignó que el general Oviedo admitió al ex ministro de Defensa Jorge Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos.

El problema de fondo, agrega esta publicación, no es sólo la millonaria defraudación al tata fisco, probablemente la mayor en democracia, sino la absoluta falta de control ciudadano sobre la compra de armamentos, a través de la Ley Reservada del Cobre, impuesta en la dictadura de Pinochet.

Según esta norma, la norma establece que un diez por ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 150 millones de dólares. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva.

Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales.
Hasta 2025, Chile destinará otros 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual.

Con esos fondos, por citar algún ejemplo, se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados.