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La Contraloría inició un sumario en la División de Mantenimiento del Comando de Apoyo de la Fuerza del Ejército por anomalías administrativas en la compra de repuestos para vehículos y material de guerra e inició un juicio de cuentas para que el fisco recuperar una suma superior a los $ 140 millones.

La información consta en un reciente informe del organismo fiscalizador que involucra al proveedor Inversiones y Comercio Capellán (ICC), una de las compañías que está siendo investigada por su participación en el llamado Milicogate, el millonario desfalco a la Ley Reservada del Cobre que hasta ahora suma unos US$ 10 millones.

Básicamente, señala el documento, se descubrieron facturas que carecían de las órdenes de pedido y no tenían “la acreditación de la recepción, conforme del servicio contratado correspondiente a la licitación pública ID N° 690514-6-LE14”.

“Se observó que la Tesorería del Estado Mayor del Ejército pagó al proveedor Inversiones y Comercio Capellán S.A., a través de 79 facturas por la suma de $ 73.090.341, la mantención de 79 vehículos militares, careciendo el expediente de rendición de cuentas del documento denominado ‘orden de pedido’, que habilitaba a la empresa a cobrar la prestación del servicio en cuestión”.

Los socios de ICC son los hermanos César y Nicole Fuentes, ambos hijos de Raúl Fuentes Quintanilla,l uno de los principales civiles vinculados al Milicogate. Estos dos últimos se encuentran formalizados por la fiscal Centro Norte, Ximena Chong por el delito de fraude tributario por más de $ 2.200 millones.

Los hechos materia del informe fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe la querella criminal correspondiente. En el organismo ya se designó abogado para que analice los antecedentes. También una copia del informe fue remitida al fiscal nacional Jorge Abbott y al ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PRSD).

En todo caso, aún no está claro si este nuevo informe de Contraloría llegará a manos de Chong o bien del ministro en visita civil de la Corte Marcial Omar Astudillo, quien mantiene en prisión preventiva a cinco uniformados por fraude al fisco y el delito de falsedad militar en el Milicogate. Lo anterior, porque el organismo fiscalizador estableció que las compras de repuestos se realizaron con “fondos presupuestarios” y no de la Ley Reservada del Cobre.

Retrasos

El ente revisor descubrió además que a la misma firma se le aplicaron multas menores a las establecidas por la ley. Básicamente señala la Contraloría, ICC recibió una sanción por poco más de 17 millones de pesos por 85 días de atraso en la entrega de repuestos. Sin embargo, la entidad descubrió que la empresa efectuó otros 14 despachos a distintas unidades militares del país “fuera de plazo”.

En el caso del Regimiento Logístico Pisagua, ubicado en la zona norte ICC “presentó 238 días de retardo”. En otras palabras, la multa en rigor sumaba más de $40 millones , y no los $17 millones a los que aludió el Ejército en su oficio respuesta al organismo rector.

No es todo. El sumario incluirá anomalías como fallas en el inventario de los repuestos. Sucede que 2.459 de ellos no estaban inventariados “misión que aumenta el riesgo de pérdida y
sustracción de tales bienes”. Eso sin contar el retraso e incumplimiento de la boleta de garantía para el “fiel y oportuno cumplimiento del contrato” con la empresa Tecnocentro Caren.

La institución debió cobrar el documento, ya que fue entregado fuera de plazo, pero no lo hizo.

Pese a lo anterior, la Contraloría reconoció que en otras materias del informe, como el mejoramiento de la gestión y controles, el Ejército ha aportado antecedentes que serán revisados en otra oportunidad.

Consultada la institución, se indicó que existe conocimiento de la indagatoria administrativa, pero que no es posible entregar mayores antecedentes atendido a que está en proceso.

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