Tania: otra muerte más en el Sename

“Stock” fue la palabra que utilizó la ministra de Justicia, Javiera Blanco, durante la sesión de la nueva comisión investigadora del Sename, para referirse a la cantidad de niños internados en recintos privados dependientes del organismo. Los asistentes a la reunión, la tarde de este lunes, no sólo quedaron descolocados sino absolutamente perplejos. “Cuando la ministra habla de stock quiere decir que cada niño es concebido como un producto que genera utilidades. Eso es un niño para el sistema. Un voucher. Una mercadería”, explica el diputado René Saffirio, quien participó en la sesión y le habría pedido a la ministra que rectificara su lenguaje. La titular de justicia, a continuación, habría pedido disculpas.

Pocas horas antes, en la fiscalía de Rancagua, el mismo Sename agregaría una muerte más a su fatídico “stock” de niños fallecidos. Esa misma mañana, un abogado de la entidad presentó una denuncia para aclarar la muerte de una menor de 16 años, Tania Ivana Osorio Yáñez, ocurrida el 15 de junio de 2016 en la residencia Pequeño Cottolengo, un Organismo Colaborador Acreditado (OCA), similar al hogar donde falleció la pequeña Rechel Contreras, cuya historia destapó The Clinic la semana pasada. El fiscal jefe de la Fiscalía de Rancagua, Sergio Moya, de inmediató instruyó una orden de investigación a la Brigada de Homicidios.

Según informó el mismo Sename, al ser requerido por este medio, existirían dos casos más de niños fallecidos en Rancagua. Uno en el mismo recinto donde falleció la menor y otro en el hospital regional.

Peligro Moral y material
“Señora Marisol, su hija murió”, fue el escueto mensaje que recibió al otro lado de la línea. Eran las 8 de la mañana del 15 de junio de este año. Le dio un ataque de histeria. Gritó. No podía creer lo que acababa de escuchar. “Hay que ser muy cara de palo para dar una noticia así por teléfono”, recuerda ahora Marisol Yáñez, la madre de la menor fallecida.

Tania ingresó a los 7 años al hogar pequeño Cottolengo, ubicado en Rancagua, luego que el tribunal de familia de San Fernando decretara una medida de protección en favor de la menor por encontrarse en peligro “moral y material”. Hasta entonces la niña estaba al cuidado de su abuela materna, Elizabeth Osorio, quien por ausencia de visitas al hospital donde se encontraba internada su nieta perdió la tutela.

El diagnóstico, entonces, era apabullante: daño orgánico cerebral, síndorme de Torch, microcefalia severa, epilepsia secundaria, retardo del desarrollo y desnutrición crónica.

El tribunal, luego de intentar activar algún tipo de red familiar, detectó violencia intrafamiliar de los padres y carencia de motivación o voluntad de los tres miembros parentales convocados a hacerse cargo de la menor: su abuela, una tía y su propia madre. En rigor, ninguna de las mujeres se sentía capaz de cuidar adecuadamente a la menor. La madre, de hecho, manifiesta expresamente su “imposibilidad material”. “Vivo en una mediagua al fondo de un sitio de propiedad de mis suegros. La vivienda no está acondicionada para tenerla de manera cómoda. No tenemos una pieza para ella sola, ni un baño especial. Somos temporeros, trabajamos sólo en verano. Mi suegra tiene depresión, está postrada, el tata tiene 91 años y yo sufro de ataques de epilepsia”, explica Marisol.

En vista de los antecedentes el tribunal estimó la internación de Tania “en un centro especializado donde se le otorguen todos los cuidados que su salud requiere”. El periodo de ingreso efectivo se concretaría cuando se abriera un cupo en el establecimiento, o sea, cuando muriera otra menor. El 10 de junio del año 2007 falleció Karina Valenzuela de una bronconeumonía en el hospital Regional de Rancagua. La vacante para Tania estaba abierta.

Falta de protocolos
Gracias a la suegra de Marisol, quien le prestó 20 mil pesos, pudo viajar junto a su marido a Rancagua a ver por última vez a la pequeña Tania. Pese a ser evangélicos, accedieron a realizar un responso en la capilla de la residencia. Luego trasladaron el féretro a la casa de la familia, en el mismo terreno donde funciona una iglesia evangélica. “Mi suegra le cedió una parte a Dios para hacer oración”, acota Marisol.

Pese a la fe que profesa, no hay consuelo que le devuelva a su hija. Todos los días la recuerda. Dice que pese a todas sus enfermedades, era una niña muy linda. “Una muñeca”, cuenta. Siempre la visitaba en el Pequeño Cottolengo -el mismo recinto donde un sacerdote abusó de tres niños discapacitados hace cuatro años-, le llevaba pañales, ropa y comida. El mismo lugar donde, asegura, vio a una funcionaria zamarrear a su hija y que pese a sus reclamos la asistente social nunca le creyó. “No me hicieron caso. Cada ve que le veía moretones, reclamaba”, recuerda.
No fue lo único que observó. Cuenta que cuando llegaba a visitar a su hija a veces la encontraba con “el pichí hasta el cuello”. “Estaba toda mojada. Le cambiaba la ropa entera. Estaba toda cocida. La última vez, le encontramos hasta piojos”, relata. En otra oportunidad, asegura, ella misma tuvo que retirar las flemas de su hija.
Por eso no le extraña que se haya entablado una denuncia en contra de la residencia. La medida judicial, interpuesta el 4 de julio por el propio Sename regional, está enmarcada en los nuevos protocolos de la institución, operativos a contar de la muerte de Rechel, que obliga a presentar denuncias ante cualquier tipo de negligencia o situación que pueda constituir delito. “De acuerdo al informe presentado por la residencia a la directora regional, a ésta le quedarían dudas razonables de si efectivamente asistieron como correspondía a la menor fallecida”, precisan desde la oficina de comunicaciones del Sename.

La denuncia, en rigor, detallaría que los funcionarios del establecimiento no se habrían ajustado a los protocolos establecidos por la misma institución, que la última atención de la niña habría sido a las 3 de la madrugada y que a las 5 y media recién se constató que no tenía signos vitales. Tampoco se establece en la bitácora de seguimiento la hora de muerte, que según el certificado de defunción habría sido a las 4:15 de la mañana producto de un paro cardiorespiratorio.

El director de la residencia, el sacerdote Álvaro Olivares, al ser consultado por la denuncia, asegura que aún no han sido notificados. “Creemos que hemos actuado de acuerdo a los protocolos y no hemos incurrido en negligencia”, dice. Asegura, además, que había un paramédico, que se aplicó el protocolo de urgencia médica y se evaluó oportunamente el traslado. “No se hizo porque los parámetros de saturación y frecuencia cardíaca eran normales”, agrega.

Sistema colapsado
Para el diputado René Saffirio, miembro de la nueva comisión investigadora del Sename, el sistema está colapsado. No da para más. “Estamos siendo cómplices de la muerte de estos niños y a nadie le importa”, afirma. Sus dardos apuntan a la ministra Blanco:“No entiende que los cuestionamientos que se están haciendo son a la integralidad del sistema. Ella mismo fue quien señaló que el sistema premia pagando la subvención mensual a las instituciones por la permanencia de los niños en estos recintos”, asegura.

Hace más de 30 días que el renunciado diputado de la DC solicitó al ministerio de Justicia y al director nacional del Sename, a través de sendos oficios, la cantidad de niños fallecidos en los últimos 10 años, su causa de muerte, el recinto donde estaban internados y el resultado de los protocolos de autopsia. Hasta ahora no ha recibido respuesta. “Mañana voy a solicitar al contralor que aplique a la ministra de Justicia una multa, equivalente a un mes de remuneración por no contestar el oficio dentro del plazo de 30 días que tiene fijado por ley”, sentencia.

Para el senador Alejandro Navarro, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, los casos de muertes en el Sename no son hechos aislados. “Todo indica que es una situacion permanente y ello requiere una investigación a cabalidad de los últimos 10 años, independientemente de las prespcripciones penales, se requiere saber la verdad. El Sename ha actuado con opacidad y la sociedad chilena tiene derecho a saber cuáles son las circunstancias en que han fallecido estos niños a cargo del Estado”, precisa.

Navarro propone solicitar al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, la designación de un fiscal especial para investigar las muertes de los niños acaecidas al interior de los centros del Sename. También asegura que es necesario una intervención de la institución, ya sea con la figura de un delegado presidencial o de una comisión especial que sustituya a la actual dirección. “En mi opinión está inhabilitada para llevar adelante cualquier proceso de cambio. Aquí lo que se requiere es una nueva institucionalidad”.