Los-jubilazos

Tres meses antes de la primera marcha contra el actual sistema de pensiones, que convocó a más de 150 mil personas en la Alameda, el ex alcalde de Ñuñoa concretó un negocio millonario. Una transacción que bien podría interpretarse, a la luz de los cuestionamientos a las AFP, como un auténtico “jubilazo” luego de haber renunciado al municipio en septiembre del año pasado aquejado por un cáncer a la tiroides.

El 11 de abril de este año, Sabat vendió dos propiedades suyas ubicadas en la calle Pedro de Valdivia. Los inmuebles, emplazados en la numeración 2885 y 2895 de la cotizada avenida, cuyos avalúos no superan los 300 millones de pesos, fueron vendidos por la suma de 74 mil unidades de fomento. Poco menos de 2 mil millones de pesos. Casi dos tercios del patrimonio que el exedil asume como fruto de su esfuerzo después de trabajar más de 30 años en la administración pública. Un negocio redondo que no tendría nada de irregular, salvo que durante su administración en el municipio fueron firmados los anteproyectos de edificación, tal como denunció The Clinic en marzo pasado.

Pese a los cuestionamientos éticos a su conducta, Sabat vendió sus propiedades sin el menor atisbo de morisqueta. Ambos domicilios fueron inscritos en el conservador de Bienes Raíces de Santiago por los hermanos Michel y Jean Paul Filippi Migeot, ingenieros dueños de la constructora Copahue, en desmedro de la inmobiliaria Fernández Wood que fue la primera empresa en firmar un compromiso de compra-venta con el exalcalde.

Motivos de sobra tenía Sabat para solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa que lo persigue por eventual fraude al fisco, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible por la adjudicación de la licitación de la recolección de basura en Ñuñoa. El juez, sin embargo, le hizo una tapa del porte de un buque. “Por ahora no se dan los presupuestos legales para decretarlo”, fue la sentencia del magistrado a la que el exalcalde apeló pocos días después.

Al menos de dos cosas está seguro Sabat por estos días: la fiscalía le sigue respirando en la nuca y nuevamente volvió a “forrarse”.

El abogado de confianza

Las reglas del juego eran otras. Se suponía que los cargos de confianza de Sabat, una vez que se alejara del municipio, harían lo mismo que el hombre que acababa de renunciar. Un pacto que en lides partidarias es sinónimo de cuoteo, un principio tácito en política, que Marcial Araya prefirió desechar olímpicamente.

Abogado de profesión con más de 22 años de trabajo en el municipio, Araya detentó desde el año 2006 uno de los cargos de más prestigio, Director del departamento de Asesorías jurídicas, entablando un estrecho vínculo con su jefe por más de dos décadas. Un asesor de confianza que pronto se transformaría en el brazo derecho del mandamás de Ñuñoa.

Fue el mismo Araya, sin ir más lejos, quien a través de un oficio reinterpretó la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 65, que indica que el alcalde requerirá del acuerdo de los dos tercios del concejo para celebrar contratos superiores a 500 UTM. Tal como sucedió durante una sesión realizada el 14 de marzo de 2012, cuando el concejo municipal rechazó la propuesta de la empresa Demarco KDM en la adjudicación de la licitación de la basura en Ñuñoa, por tres votos a favor y cinco en contra. La estrategia entonces fue invertir el sentido de las proporciones argumentando que los dos tercios también permitían aprobar el proyecto por falta de quórum. Cuento corto: La empresa se adjudicó por “secretaría” el alza del 74%, equivalente a 1300 millones de pesos adicionales respecto a la licitación anterior.

Sabat, como de costumbre, pasó la aplanadora. Si bien Marcial Araya se ganó el mote de escudero, la “triquiñuela” marcó el comienzo de la caída de su jefe. El caso hoy está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente tras una denuncia entablada por el exconcejal Pablo Vergara y el actual miembro del Concejo, Jaime Castillo.

Araya, pese a las acusaciones, no estaba dispuesto a abandonar el buque así como así. Más que una retirada, lo suyo era una especie de jugada maestra. El 21 de octubre del año pasado, casi tres semanas después que Sabat cesara sus funciones, el funcionario municipal presentó su renuncia. Ese mismo día redactó y firmó un contrato de trabajo en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, desempeñándose de manera simultánea como Director de Administración y Finanzas y asesor jurídico, con un sueldo por cada trabajo. Todo por la módica suma de 4 millones y medio de pesos.

El contrato fue firmado por Axel Müller, entonces Gerente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, estrecho colaborador de Sabat, con una clausula leonina que linda en el más absoluto desparpajo: una indemnización voluntaria a todo evento, equivalente a seis meses de la última remuneración percibida. Algo así como 27 millones de pesos.

“El contrato firmado va contra la ética del propio cargo que él ejercía, ya que el deber del asesor jurídico es cautelar los intereses de la Corporación municipal de Desarrollo social y no su propio bolsillo”, reflexiona el concejal Jaime Castillo.

El primero de diciembre de 2015, en plena sesión del concejo, el alcalde Andrés Zarhi confesó que le habían pasado “gato por liebre”. “Le pedí la renuncia al secretario ejecutivo de la Corporación de Educación y Salud, Axel Müller, porque realizó un contrato a mis espaldas”, expresó.

Dos días más tarde Marcial Araya fue notificado de su despido a través de una carta enviada por el nuevo director de la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa, Felipe Vial Tagle, por “incumplimientos graves de las obligaciones que impone el contrato de trabajo”. Vial argumentaba en la misiva que le llamaba profundamente la atención que siendo un abogado de la corporación, Araya haya redactado un contrato en “exclusivo beneficio suyo, sin que se realizaran las consultas pertinentes, ya que de haberlas hecho, no se habría autorizado de ninguna manera su firma”.

En la carta Vial precisa que el contrato reconoce, “inexplicablemente”, una cláusula de antigüedad laboral desde el 31 de enero de 2002, para efectos del pago de una indemnización por años de servicio concebida de manera retroactiva.

Otro aspecto que destaca Vial es que mientras Araya detentaba el cargo de asesor jurídico externo, haya redactado un contrato en el que su esposa, a través de la Sociedad Confluye y Compañía Limitada, en la que es socio también uno de sus hijos, terminara prestando servicios al municipio con Araya como árbitro y “no cabiendo recurso alguno contra sus decisiones”. El contrato se mantiene vigente hasta noviembre y le ha reportado a su cónyuge alrededor de 38 millones de pesos.

Araya, como era de esperar, ingresó una denuncia laboral por despido discriminatorio el 29 de enero de 2016. Si se aceptan todas las cláusulas destipuladas en el contrato el municipio deberá desembolsar, en el peor de los casos, alrededor de 200 millones de pesos. La municipalidad está evaluando derivar, en los próximos días, todos los antecedentes recabados al Ministerio Público.

El amigo del hijo

El miércoles 10 de agosto Alain Goffard llegó a las oficinas de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, en el marco de la indagatoria que lleva el fiscal José Antonio Villalobos en contra del exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat. Goffard decidió guardar silencio.

El motivo de su citación era para aclarar un eventual delito de negociación incompatible, luego de comprobarse que había trabajado de manera paralela en el municipio y en la habilitación de unos locales comerciales de Sabat ubicados en Avenida Holanda 2954.

La historia de Goffard y Sabat es bastante antigua. El ingeniero civil fue compañero de curso del hijo de Sabat, Pedro Pablo, y socio del mismo en la constructora e inmobiliaria Saygo. Cuando decidieron formar la empresa, reconoce Sabat, el mismo fue quien los ayudó en sus inicios. A tal punto que la dirección comercial de la empresa coincide con uno de los departamentos que exalcalde posee en avenida Colón 3206. “Como buen papá, el primer trabajo que les di fue el de los locales comerciales de avenida Holanda”, reconoce.

Lo cierto es que para entonces Alain Goffard trabajaba en la Secretaría Comunal de Planificación del municipio con un contrato a honorarios por un millón de pesos. Sabat asegura que lo incorporó “porque hacía bien la pega y cobraba barato”. Además, dice, era de su confianza.

Según el contrato, firmado el 27 de enero de 2014, Goffard debía efectuar “un estudio del comportamiento histórico del cumplimiento de los convenios de pago”. The Clinic consultó a la municipalidad, a través de su oficina de comunicaciones, pero no recibió respuesta si efectivamente se había realizado algún informe al respecto.
Goffard, al ser consultado por este pasquín respecto a sus trabajos paralelos, asegura que jamás le vio el lado malo. “Nunca lo vi con malos ojos ¿Por qué no?, me dije, si antes trabajaba en una empresa y hacía cálculos para otros privados”, se defiende.

El ingeniero asegura que incluso tenía oficina en el municipio y que todo se trataría de simples especulaciones. Lo cierto es que Goffard, habría trabajado, además, como calculista en la construcción de una vivienda para el hijo de Sabat, y socio suyo, en Chicureo. El certificado de recepción definitiva de edificación, entregado a la Dirección de Obras de la municipalidad de Colina, tiene como fecha de recepción el 22 de abril de 2014 y coincide con su periodo de contrato en Ñuñoa. “Efectivamente salgo firmando yo, pero no soy la persona que construyó”, asegura. Goffard explica que se trataría de dos viviendas, una de él y la otra del hijo de Sabat. “Somos vecinos, sería ridículo que yo siendo calculista contratara uno para que me firmara mi casa”, se defiende.

El nombre de Goffard también se repite en uno de los más cuestionados proyectos de Sabat: la clínica municipal de Ñuñoa. El amigo y socio del hijo del exedil trabajó como inspector técnico de obras, luego que la empresa Bauform, del empresario Rodolfo Zietzke, se adjudicara la propuesta pública: un proyecto de más de 23 mil m2, seis pisos construidos y cerca de 14 mil millones de pesos invertidos que aún no logran materializarse en la propuesta original. El edificio hoy en día es un verdadero elefante blanco que consume más de 100 millones mensuales del presupuesto municipal por mantención.

Todas estas aristas, donde aparece el nombre de Goffard, estarían siendo investigadas por la fiscalía de Alta Complejidad Oriente, buscando dilucidar la real participación del ingeniero en eventuales ilícitos.