Los colombianos que viven en poblaciones contaminadas con plomo en Arica

Allá en Colombia, en el puerto de donde vienen estas familias, le llaman “muerte natural” a morirse de un balazo. Aquí en Chile, ya con el peligro lejos, le ponen más ironía y le dicen “plomonía”.

Eliézer Rojas es un sobreviviente colombiano que llegó a vivir a una población de Arica llamada Cerro Chuño. Allá en lo alto de la pequeña loma, cuenta el motivo de su larga peregrinación: “mi hermano vio cómo mataron a otro. Después se le acercó un vecino, luego otro y otro más”.

Cuando habla, Eliézer tiene imán. Sabe lo que está diciendo porque lo vio, nadie vino a contárselo: “Otra persona fue y lo amenazó. Yo como lo conocía del mismo barrio, lo enfrenté”.

Luego de abrir una cerveza con una sola mano, continúa con aire imperturbable mirando a los ojos de todos aquellos que quieran escuchar su historia: “Después me dijeron que tuviera mucho cuidado porque me iban a matar. Pasaban por mi taller y hacían tiros al aire desafiándome”.

Eliézer es un joven afrodescendiente que salió de su casa en Puerto Buenaventura con lo que traía puesto. Tras varios días de viaje cruzando Ecuador y Perú, y cuatro intentos fallidos de entrar a Chile pidiendo refugio en la frontera, se internó al país usando uno de los pasos no habilitados, en un tramo desértico sembrado de minas antipersonales.

Cuando llegó a Arica, alguien le apuntó a un montículo arenoso, al extremo izquierdo de la ciudad, donde otros compatriotas suyos se habían instalado a vivir. En Cerro Chuño eligió una de las tantas casas abandonadas y ahí se quedó. A simple vista, no le pareció tan mal. Si bien había basura en los callejones vacíos y polvorientos, como en una película del viejo Oeste, no pudo ver algo que estaba en todos lados pero a la vez le resultaba invisible: Millones de partículas de plomo y arsénico flotando en el aire, las mismas que habían provocado el éxodo de los que antes vivían ahí.

Cerro Chuño está, en efecto, en un cerro. Su avenida principal con callejones a los costados, banquetas, señales de tránsito oxidadas y escombros, se extienden sobre un relieve cuesta arriba que termina en un predio donde la empresa Promel procesaba metales y relaves mineros. El mismo lugar donde la firma confinó 20.000 toneladas de desechos tóxicos provenientes de Suecia, en los años 1984 y 1985, y donde el Estado chileno autorizó construir en la década de los noventa las poblaciones Cerro Chuño, Los Industriales, Villa Los Laureles y Villa El Solar.

En menos de dos años, los habitantes comenzaron a sufrir diversos tipos de enfermedades como leucemia, cáncer de pulmón, de piel, lesiones cutáneas malignas, efisemas y abortos espontáneos en mujeres embarazadas. Los niños que pudieron sobrevivir a la gestación nacieron con malformaciones y severos daños neurológicos. Hasta el día de hoy son conocidos como “los niños del plomo”.

En el año 2009 la presidenta Michelle Bachelet, luego que el gobierno detectara niveles tóxicos muy superiores a los permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ordenó la ejecución de un Plan Maestro de Intervención en Arica para erradicar a 1.880 familias chilenas de Cerro Chuño y las villas aledañas. En total fueron cerca de 3.000 personas movilizadas en la ciudad.

Pasados los primeros años, sólo se quedaron algunas familias, como la de Macarena Águila, quien, desde la puerta de su casa, recuerda cómo desapareció la vida en las casas y los callejones de Cerro Chuño, y cómo era el lugar que se encontró Eliézer al llegar: “El sector se convirtió en pueblo zombi. Acá quedaron pocas familias con niñitos chicos. No había cómo llenar una fiesta de cumpleaños, era triste. Salían a jugar y no tenían amigos porque todos se habían ido”.

Carrusel humano con explosivos

En el terminal de buses de Tacna, la ciudad más austral de Perú, el arribo de grupos de colombianos es constante. Muchos llegan con los colores de su bandera en alguna prenda de vestir y se hacen fácilmente reconocibles dentro del cerco de “jaladores” que los abordan para ofrecerles entrar a Chile por pasos no habilitados.

Los intentos de “engancharlos” ocurren frente a los policías que vigilan el terminal y a la vista de cualquiera. Los contactos se dan antes de que puedan dirigirse a los pequeños escritorios individuales donde ofrecen cambio de divisas.

Los enganchadores son persistentes y siguen a los colombianos hasta los baños del último rincón del terminal donde, después de un viaje de 22 horas desde Lima, buscan con urgencia una ducha antes de continuar su camino.

Algunos, como Eliézer, resisten e intentan entrar por la vía legal tomando otro bus que los lleva en un recorrido de menos de media hora a través del desierto al control fronterizo de Chacalluta, el segundo más transitado de Perú, solo por debajo del aeropuerto de Lima.

Aquí hay un carrusel humano de migrantes rechazados por los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile que se ven obligados a tomar un bus de regreso a Tacna. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) asegura que los afrocolombianos han sufrido racismo en la fila de espera y en las entrevistas con los funcionarios chilenos.

“Nunca hemos recibido a un migrante colombiano rechazado de Chacalluta que no sea negro”, cuenta Enrique Guevara, abogado del SJM de Tacna, con oficinas frente al terminal de buses.

“Solía ocurrir que sacaban a las personas de color de la fila, o las devolvían simplemente o les hacían muchas preguntas. La PDI se atribuye la capacidad de negar el refugio, aun cuando no son el ente competente. Su deber es dejarlos ingresar y decirles a dónde tienen que ir para solicitar el refugio, en Extranjería”, explica Javiera Cerda del Valle, directora del SJM de Arica.

Eliézer estuvo formado en esa fila, con un sol que causa urticaria, y le explicó a un agente de la PDI el peligro inminente en el que estaba su vida. Al momento de ser rechazado no estaba ni en Chile ni en Perú, sino en medio del gris desierto, sin el verde acostumbrado de su natal Buenaventura.

Regresó a Tacna pero, una vez más, no aceptó la oferta de los jaladores. Tampoco en las siguientes tres vueltas. Decidió caminar desde el terminal hacia una pequeña plaza que los peruanos, con humor ácido, llaman “el muro de los lamentos” porque cada viajero que allí llega suele pensar qué hacer entonces con sus vidas. Ahí se toman grandes decisiones.

Frente a esa plaza está una zona de hostales. Uno de ellos es el de don Beto: 15 soles por noche, camas polvorientas con colchones ultra delgados, escusado sin tapa, regadera con cables eléctricos que echan chispas, agua fría, suelo sin barrer y vista desde la ventana al “muro de los lamentos”. Nuevas salidas hacia la frontera y nuevos regresos. Noches recordando el Pacífico colombiano…

Buenaventura es un lugar con presencia histórica de guerrilla, pero el azote de la población en los últimos años son Los Urabeños, La Empresa y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Son grupos de delincuencia organizada que, según un informe de Human Rights Watch (HRW), “extorsionan, restringen la circulación en los barrios, reclutan por la fuerza a menores y comenten actos aberrantes de violencia contra cualquier persona que se oponga a sus intereses”.

Este documento de HRW tiene información recopilada desde 2009 y testimonios que hablan de las “casas de pique”, viviendas donde esos tres grupos descuartizan a sus víctimas en unas máquinas siniestras que parecen trituradoras humanas. Los gritos de un torturado suelen escucharse a muchos metros de distancia como si el ruido transitara en una delgada frecuencia sonora que, a ratos, taladra los oídos. Sólo en el año 2014, el gobierno colombiano reconoció la existencia de estas casas de aniquilación, por eso HRW habla de una marcada ineficacia policial en Buenaventura que ha impulsado el éxodo hacia Chile.

Una mañana, en Tacna, Eliézer reconoció a dos integrantes de la banda de Los Urabeños rondando el terminal. A más de 4.000 kilómetros de su antiguo hogar, lejos de su taller vacío con sus herramientas oxidándose, volvió a sentir la fragilidad de caer en manos de una banda criminal. Fue en ese instante que decidió aceptar la oferta de los jaladores. Su ingreso a Chile estuvo marcado por lo mismo que lo hizo abandonar Colombia: el miedo. “Ahí tú dices, también me van a dar acá. Por eso me metí (al desierto) rápido”.

Hay tres rutas no habilitadas para entrar a Chile desde Tacna. La más utilizada es la que corre por una vía de tren en desuso. Adentro de los rieles está la garantía de llegar con vida. Afuera están las minas antipersonales que el gobierno militar colocó en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, quien creía que Argentina, Bolivia y Perú podían invadir Chile por conflictos territoriales.

Eliézer le pagó 200 dólares a un jalador que lo llevó a un punto llamado El Palo, a un par de kilómetros antes del paso fronterizo. Allí se subió a una camioneta, junto a otros colombianos, trasladándolos por una vía que corre paralela a la carretera ubicada a un kilómetro de distancia.

Según Enrique Guevara, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes en Tacna, las recomendaciones de los jaladores, una vez que abandonan a sus clientes entre las minas antipersonales, son “seguir las huellas de migrantes que ya transitaron, no prender ninguna luz para no alertar a los carabineros… y rezar”.

Y hay ocasiones en que ni eso alcanzan a hacer. “No más me metí a la vía, la información que me dieron fue: mire, usted siga en este camino y siga de largo, no gire hacia ningún lado que así llega a Chile”, cuenta Eliézer.
Javiera Cerda afirma que las minas antipersonales “son la mayor preocupación” para el SJM luego que en febrero de 2012 se desbordara el Río Seco, en territorio peruano, repartiendo miles de ellas en el desierto. Caminar en esa zona puede ser como jugar a la ruleta rusa.

Júnior Cabeza y Ánderson Rodríguez son dos colombianos que pisaron minas y sufrieron mutilaciones en una pierna, en 2015. Ambos, de acuerdo con la cónsul colombiana en Arica, Nina Consuegra, volvieron con prótesis a su país después de recuperarse. En 2016, un peruano murió y un dominicano también perdió parte de una pierna.

El grupo de Eliézer caminó durante horas en la oscuridad, sin linternas para no alertar a la policía, tal como les habían sugerido. “En el camino hay puro desierto y frío. Yo me tiré sin mochila, solamente con la documentación que traía, teniendo fe no más”, recuerda.

Finalmente, tras una larga caminata nocturna, vieron las luces del aeropuerto de Arica. Fue como la imagen de un faro para quien llega de altamar.

Así como Eliézer, son cientos los colombianos que llegan desde Buenaventura a ciudades del norte de Chile, una región tranquila del continente, y con el mayor desarrollo minero de América Latina. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 1982 había 83 mil migrantes y en 2014 ya se contabilizaban 411 mil. El incremento de colombianos desde el año 2005 (poco más de 5 mil) se elevó a 25.038 en 2014, lo que representa un incremento del 394 por ciento.

Eliézer es uno más de aquellos colombianos que decidió afincarse en el país. Primero se estableció allá donde le dijeron que vivían otros compatriotas suyos, donde flotan las partículas de metales. Cuando logró emplearse y se estableció, arrendó una casa en otro barrio cercano, luego se trajo su esposa y sus dos hijas.

Después del plomo… más plomo

Arica es la primera ciudad chilena que han visto los miles de colombianos que llegan por tierra después de cruzar Perú. Y cuando ahí se habla de la comunidad colombiana en una conversación callejera cualquiera, se habla también de Cerro Chuño, que está en una de las entradas de la urbe.
Para identificarlo será necesario que alguien lo señale al entrar a Arica (hacia la izquierda y hacia arriba), porque parece que ahí no vive nadie. Y no debería vivir nadie. Los 1.880 afectados de esa zona prueban que esa contaminación existe.

“Se han evidenciado niveles de plomo en la sangre y de arsénico inorgánico en la orina mayores a los niveles de referencia de la OMS”, dice el informe del Plan Maestro de Intervención.

A las cinco de la tarde el sol aprieta en Arica. Desde Cerro Chuño se nota cómo se le acentúan los colores y relieves sombreados al Morro con su gigante bandera chilena. También a las embarcaciones del puerto; más cerca, a las grúas que mueven la carga; más cerca aún, al mosaico que forman los contenedores apilados al otro lado de la carretera, y a la camioneta roja de Harold Gaspar Otero, quien viene llegando a casa con sus dos niñas de uniformes escolares verdes y trenzas de colores. Harold también huyó de la “plomonía” de Buenaventura. Llegó él primero y luego trajo a toda su familia. Sus hijas menores nacieron en Chile.

La brisa fresca que llega desde el mar es uno de los componentes que hacen de esa zona la más contaminada de Arica, debido a que el aire que refresca las casas de Cerro Chuño contiene altos niveles de arsénico.

La contaminación no sólo está en el aire sino en cada rincón de las casas, según lo demostró un estudio del Instituto de Salud Pública. Las mismas casas que los inmigrantes están felices de habitar. “Dicen que hay contaminación de plomo pero hasta ahorita no hemos sentido ningún mal síntoma y espero que no suceda”, dice Feliciano Caicedo, otro joven colombiano con historia calcada a la de Eliézer que vive en Cerro Chuño.

En el hogar de Harold se reúnen parientes y amigos que viven en la misma cuadra. También llega Eliézer desde su barrio. La presencia de éste inspira a los recién llegados. No en vano logró arrendar una casa a su gusto y darle una vida en paz a su familia, que es lo que todos buscan.

Los grandes organizan una colecta para comprar cerveza. Los adolescentes tienen prohibido beber alcohol y se concentran en sus teléfonos móviles. Las niñas de Harold, nacidas en Chile, corren por las calles empolvando sus trenzas de colores sin saber que en el año 2009 fueron retirados los materiales contaminados, pero que aún millones de partículas continúan diseminadas en el lugar.

Puerto Buenaventura también es un lugar de recuentos y cifras a ratos devastadoras. Hasta el año 2013, según HRW, existían alrededor de 13.000 desplazados por violencia. Personas que ni siquiera se sabía dónde estaban: hechos pedazos en el fondo de la bahía de Buenaventura o enterrados en fosas clandestinas o sentados tomando cervezas en una calle de Cerro Chuño.

El informe de HRW se llama “La Crisis de Buenaventura. Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico” y es la recreación del mundo que dejaron atrás los nuevos habitantes de esta población contaminada. Un episodio del informe podría explicar porqué algunos decidieron cambiar el puerto más grande del Pacífico colombiano por el árido desierto de Atacama:

“El 13 de septiembre de 2013 hubo una marcha en Buenaventura de cientos de personas pidiendo paz. El obispo Héctor Epalza Quintero lideró la manifestación que pasó por varios barrios y terminó en una cancha de fútbol. Ahí rezaron. Al día siguiente, ahí donde rezaron, apareció la cabeza de un joven de 23 años y el resto de su cuerpo fue regado en pedazos en barrios aledaños. Su familia pidió justicia pero recibieron amenazas y acabaron esfumándose”, señala el informe.

En septiembre de 2014 la Interpol detuvo en Antofagasta a Fanny Grueso Bonilla, alias La Chily, una mujer señalada como la operadora de varias “casas de pique” en Buenaventura. Esa noticia, como otras en las que han estado involucradas personas colombianas, se han instalado en la percepción de algunos chilenos. Una vecina chilena de Cerro Chuño interceptó a los reporteros y los retó por “entrevistar a delincuentes”. Antes, un conductor de taxi se negó a entrar a la villa, pues –dijo- “todos los colombianos son delincuentes”.

-¿Alguna vez usted ha conocido o hablado con alguno de ellos?, le preguntamos.
-“No, ¡nunca!”, exclamó el taxista.

Las cifras del Departamento de Extranjería de Chile muestran que desde 2005 Colombia ya era, por mucho, el principal solicitante de refugio con el 78,7% de las solicitudes. En 2010 la cifra alcanzó su máximo, con 84,6 y cuatro años después, en 2014, se mantuvo casi al mismo nivel, con 84,4%. El flujo en los últimos años es constante, y se ha mantenido inalterable por razones de peligro inminente. Según los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Colombia se encuentra entre los 20 países con mayor número de solicitantes de refugio a nivel mundial.

Un pizca de ellos están ahora junto a Harold, mientras éste tapa algunas ranuras en las paredes en medio del aroma a arepa, arrocito y huevos.

Mientras trabaja cuenta que la guerrilla amenazó con matarle a su hijo de 17 años. “Me dijeron que, como no se quería ir, entonces me iban a matar a mí. Me enfrenté con ellos. En la noche llegaron y me dijeron que tenía que desocupar la casa porque si no, no amanecía”, explica.

La historia de su viaje a Chile también es la de miles de colombianos: una carrera atropellada cruzando fronteras y parando en puntos específicos esperando los documentos que necesitaba para entrar al país. Después, en Tacna, tomó un bus hacia la frontera de Chacalluta pero fue rechazado porque sus argumentos no convencieron a los oficiales de la PDI. La escena vuelve a repetirse: Un inmigrante afrodescendiente saliendo de la terminal de Tacna hacia el llamado muro de los lamentos.

El SJM ayudó a Harold a conseguir refugio tras una investigación del ACNUR en la que se comprobó el peligro inminente para su vida.

Afuera la fiesta recién comienza. La canción “Jaime Molina”, del compositor ballenatero Rafael Escalona, comienza a retumbar en un inmenso aparato de sonido que Harold se compró en la zona franca. La música termina por apagar los tristes recuentos de Buenaventura. “A veces uno se aburre de tanto recordar”, dice Harold.