Esta fotografía corresponde a la escritora María Teresa Panchillo, parte del proyecto Diálogos. Imagen de ©Álvaro de la Fuente

Desde una perspectiva ambiental, ninguna sociedad puede sobrevivir sin tener una visión política y cultural de sus recursos, en especial del agua. Todas las sociedades han concebido una mirada territorial y han construido, en base a su racionalidad particular, su relación con el medio ambiente, y la sociedad mapuche no es una excepción. Antes de la invasión del Estado y la sociedad chilena, el agua no se había problematizado, pues era abundante, y la disposición de tierras evitaba sobrecargar los nichos ecológicos. Ante el riesgo de sobrepoblamiento, las familias de una comunidad podían salir en busca de otro territorio con recursos que les permitiera vivir. Los relatos de científicos viajeros de mediados del siglo XIX, como Ignacio Domeyko, Claudio Gay o Paul Treutler, describen la calidad de tierras, aguas, empastadas y animales, confirmando que la sociedad mapuche vivía en la abundancia, y cómo no, si poseían 5 millones de hectáreas desde el Biobío al sur.

La falta de agua comienza con la invasión militar y civil de los chilenos. La radicación obligó a las familias mapuche a estacionarse en espacios que con el tiempo se fueron agotando. Lugares que jamás habían sido intervenidos fueron vulnerados ante la falta de tierra y mucha de la vegetación que contribuía a la mantención de la humedad y a la retención de aguas fue exterminada. Esto afectó a la espiritualidad mapuche y en términos materiales llevó a la erosión y desertificación de los suelos. Lo más abrumante fue ver como miles de hectáreas de árboles nativos eran quemados con la finalidad de despejar tierras para ser cultivadas por colonos nacionales y extranjeros. Desde 1848, con Vicente Pérez Rosales, hasta Gustave Verniory, en 1890, o Aurelio Díaz Meza, en 1907, tenemos testimonios de estas quemas descontroladas. La colonización moldeaba de esta manera el territorio para la producción de cereales, ganado y más adelante el bosque nativo fue diezmado en la precordillera por los aserraderos y sus locomóviles. Muchas de estas maderas fueron sacadas de tierras fiscales que entregó el Estado en concesiones.

Así, los esteros y ríos que asombraron a misioneros y viajeros fueron perdiendo su caudal, la producción extensiva de cereales llevó a una sobrecarga del suelo, necesitando mayores cantidades de agua, lo mismo que la ganadería. A la mitad del siglo XX, los fundos aseguraban su acceso al agua, y así el colonialismo ya no sólo se centraba en el suelo, comenzaba a mirar de forma económica y política otros recursos. Paradójicamente, como señaló el Premio Nacional de Historia Jorge Pinto, antes que los cientistas sociales, fueron los literatos los primeros en ver estos conflictos, como Luis Vulliamy, que describe en su novela Juan del Agua (1961) la lucha de una comunidad contra un latifundista que busca hacerse de su terreno y de la vertiente. Para ello, el latifundista descabeza, criminalizándolo, al liderazgo mapuche funcional –encargado de mediar con la burocracia estatal– y confía en que el liderazgo tradicional, supuestamente en decadencia, no le va a dar guerra. Este ejemplo refleja muy bien la historia que se repite: el despojo de los recursos del pueblo mapuche y la desarticulación su entramado social son una sola tragedia.

AGUA O MUERTE

En el momento en que escribo, los incendios de verano ya cuentan con diecinueve focos en la Araucanía. La falta de humedad y de agua hace que praderas resecas, plantaciones forestales y trigales ardan sin freno, afectando principalmente a las comunidades mapuche. El colonialismo chileno modeló un paisaje apto para el fuego en las zonas rurales, secando esteros y ríos o reduciendo su caudal. Con todo, el negocio forestal y la producción de los fundos están asegurados; no así la producción mapuche.

Pero hace tiempo ya que el futuro del vital elemento sería la especulación. A partir de los 80’, la información de la liberalización de las aguas circuló entre algunos que no perdieron tiempo en inscribir rápidamente los derechos de aguas. De esta manera latifundistas y especuladores se hicieron dueños de los derechos de agua en la región, de las aguas superficiales y subterráneas, de la infraestructura industrial para captación y almacenamiento, porque las instancias productivas privilegian a los dueños de capital.

En los 90’ la CONADI intentó que las comunidades inscribieran sus derechos de aguas, pero muchos ya estaban inscritos a nombre de particulares y las comunidades no entendían el sentido de estas inscripciones ni el cobro involucrado, y las menos alcanzaron a inscribir su agua. Hoy el programa encargado abre postulaciones para la compra de derechos de agua. Por otro lado, el Estado trató de solucionar el acceso al agua de consumo humano vía el sistema de Agua Potable Rural (APR), pero sus diseños fueron demasiado básicos y cubrieron las necesidades de una cantidad limitada de familias. Hoy nos encontramos con que muchos de estos APR están sobrepasados, por diversas razones: crecimiento de las familias, falta de infraestructura, baja de caudal.

En el 2008, me tocó recorrer casi las 30 comunas de la Araucanía. Las comunidades, al momento de preguntarles si tenían acceso al agua todo el año, manifestaban que no: la mayoría contaba con agua durante 9 a 10 meses, pero un número importante ya iba en los 8 meses, y en las situaciones más extremas solo recibían durante 6 meses. Han pasado ya diez años y esta situación ha aumentado drásticamente, muchas familias mapuche dependen de camiones aljibes para recibir agua, algunas casi todo el año. El agua entregada es limitada y no puede ser usada para fines productivos. En el caso del APR, lo consumido debe ser cancelado, las tarifas son altas y el servicio, deficiente.

En estos últimos años se ha abierto una puerta para acceder a infraestructura para pozos profundos, sistemas de captación de agua, y canalización de fuentes superficiales. Pero el problema son los derechos, además de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. En el caso de los derechos, hay que comprarlos, la oferta es limitada y muchas veces el agua se encuentra a varios kilómetros de las comunidades. La contaminación de aguas superficiales y subterráneas va desde los desechos domiciliarios hasta restos de procesos industriales: agrícolas, forestales y piscicultura, por señalar algunas fuentes contaminantes.

Hoy muchas familias mapuche prefieren forestar, incluso secando espacios como humedales para tener un colchón económico, porque acceder al agua es complejo. Otros sobreviven con pozos poco salubres que corren el riesgo de secarse, pagando altas tarifas eléctricas por los motores utilizados. Se ha abierto un mercado de derechos del agua, los APR se han transformado en redes de poder –pues deciden a quien le dan agua–, y los empresarios de camiones aljibes lucran con el transporte. Poder y lucro financiado por el Estado, independiente quien gobierne, definen al agua como un bien de consumo y no un derecho que asegure la vida. Supuestamente nos trajeron el desarrollo pero finalmente nos han traído la muerte.

Por Sergio Caniuqueo Huircapan es Historiador mapuche, Investigador adjunto CIIR-PUC