Ministerio de Defensa: Chile ha destruido el 92 por ciento de las minas antipersonales instaladas en sus fronteras

En la Reunión de la Comisión Nacional de Desminado recibimos una gran noticia: Un 92% de las minas antipersonales han sido destruidas. Así cumpliremos con nuestro compromiso de dejar a Chile libre de estos explosivos en 2020. pic.twitter.com/yIjK74KoqF

— Alberto Espina Otero (@albertoespina) 5 de abril de 2019

El Ejército de Chile ha destruido el 92 % de las minas antipersonales que habían sido colocadas en las zonas fronterizas del país en distintos períodos de tensión limítrofe, informó este sábado el ministro de Defensa, Alberto Espina.

En su cuenta de Twitter, Espina sostuvo que de esa forma se cumplirá con el compromiso “de dejar a Chile libre de estos explosivos en 2020” de acuerdo a lo pactado en el Tratado de Ottawa de 1997.

“En la reunión de la Comisión Nacional de Desminado recibimos una gran noticia: Un 92 % de las minas antipersonales han sido destruidas”, dijo el ministro.

Chile suscribió el Tratado de Ottawa el 3 de diciembre de 1997, donde se comprometió que al año 2020 no tendría minas de este tipo en el suelo nacional.

La Convención de Ottawa es un instrumento de Derecho Internacional del Desarme y de Derecho Internacional Humanitario, suscrito en la capital canadiense en diciembre de 1997 por 122 Estados, que prohíbe el uso, la producción, la transferencia, y la retención de minas antipersonal.

Miles de minas antipersonales y antitanque fueron sembradas en Chile en zonas fronterizas durante la década de los setenta en la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), en un periodo de tensión con Argentina, Perú y Bolivia.

La expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) promulgó en julio de 2017 una ley que otorga reparación económica y asistencia en la rehabilitación a víctimas de minas antipersonales y otros artefactos explosivos militares.

La ley establece indemnizaciones económicas para las víctimas y los herederos de los fallecidos, así como beneficios médicos y rehabilitación para los supervivientes.

Con la nueva normativa se dio cumplimiento a uno de los compromisos de la Convención de Ottawa suscrita por Chile en 2002 que establece, entre otras cosas, la entrega de asistencia a las víctimas.