Diversos movimientos sociales a lo largo del mundo están instando a sus gobiernos a que declaren emergencia climática, y el mensaje está siendo oído. Argentina fue el primer latinoamericano en declarar la emergencia, la semana pasada. Se sumó a Irlanda, Canadá, Francia y Reino Unido. Asimismo, cientos de ciudades y municipios están haciendo lo propio. Nueva York, San Francisco, Sydney, Heidelberg, Milán, Amsterdam, por nombrar algunas.

En Chile se ha replicado el llamado, tanto por el movimiento de jóvenes Fridays for Future (FFF), como por las plataformas de organizaciones, como la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), que reúne a organizaciones ambientalistas, sindicales, políticas, profesionales y académicas del país. Este llamado se ha intensificado y apunta a gobiernos, municipios, regiones y entidades públicas y privadas.

Pero, ¿cuál es el contenido de la declaración de emergencia? Por supuesto, esta varía entre los diversos niveles y entre las distintas naciones y de ninguna manera está relacionado con la declaración de estados de emergencia que se contiene en algunas de las constituciones del mundo occidental. Sin embargo, tiene algunos contenidos comunes mínimos, que la convierten en una campaña global consistente, aunque aún en búsqueda de su forma jurídica.

La declaración de emergencia climática y ecológica es una manera patente de reconocer que la situación en la que estamos no es posible de superar sin cambios drásticos en el estilo de vida y que dichos cambios no sucederán si no son acompañados de normas, políticas públicas y financiamiento para que sucedan. La meta es clara, el Acuerdo de París nos pone en la obligación de que el calentamiento global no sobrepase el rango de 1, 5°-2° de aumento de la temperatura global promedio, comparada con el período pre-industrial. La manera de cumplir la meta, es reducir en un 50% los gases de efecto invernadero al 2030, y a 0% al 2045-2050.

Para que lo anterior suceda, se requieren cambios a todo nivel y una convicción política y social que sólo puede alcanzarse cuando nos hacemos cargo efectivamente de que la crisis climática que vivimos es una emergencia. Además de hacer un rápido cambio de la economía, abandonando los combustibles fósiles de una buena vez, la emergencia climática también importa reconocer la necesidad de protección de las personas y del medio ambiente, tanto de los efectos de la crisis climática, como de los efectos de la transición económica.

Todo eso requiere de capacidades y presupuesto, pues, por ejemplo, hay que imaginar las maneras en que la crisis hídrica será controlada y hacer los cambios regulatorios y materiales que se requieran. Esos cambios deben afectar el status quo, pues no hay ninguna otra manera en que podamos abordar la emergencia. Y una vez afectado el status quo, una transición justa debería considerar como proteger a quienes menos han contribuido al problema y a la vez son más vulnerables. Es inaceptable que se piense en compensar a la termoeléctrica que lucró generando el daño, y no haya ninguna lógica de protección de la pequeña agricultora, que son la primera línea de dañadas frente a la crisis climática.

Las formas específicas de la emergencia climática y ecológica están por construirse, pero el contenido mínimo debiera movilizarnos. Afrontar la crisis climática con velocidad y ambición, con soluciones audaces, basadas en la naturaleza y respetuosas de los derechos humanos es algo que podemos intentar a todo nivel, pero que sólo será efectivo en la medida que se convierta en una base de las políticas nacionales. La belleza natural que nos conmueve e identifica como chilenos, la seguridad de miles de familias y el futuro de nuestros hijos dependen de las decisiones que tomemos en los próximos años. En algún momento tenemos que enmendar nuestros desastres. Ese momento es ahora.