Columna: ¿Necesita Chile una “ley antiterrorista”?

Aprovechando el atentado a una Comisaría de Carabineros y el envío de otra bomba a las oficinas de un ex Ministro del Interior, el Presidente Piñera a los pocos minutos del atentado, buscó reinstalar la urgencia de la aprobación en el Congreso, de una nueva “ley antiterrorista”. Al respecto, es bueno recordar que sectores conservadores hace años están buscando endurecer la legislación vigente, y que ha sido severamente cuestionada por diversas entidades internacionales, entre ellas, el relator especial para los derechos humanos y pueblos indígenas de la ONU, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 2014 condenó al Estado de Chile, y ordenó revocar varias sentencias contra comuneros mapuches, basadas en esta ley.

Así, diversas organizaciones han señalado reiteradamente que no hay, de acuerdo a estándares internacionales, una actividad en el caso de La Araucanía, que justifique apelar a este concepto; y que su uso puede constituir una discriminación contra poblaciones originarias. Ahora, por cierto que el “terrorismo” existe en el mundo, y los países deben tener resguardos y una legislación adecuada para protegerse, pero en principio su aplicación debiese restringirse a casos extremos que reúnan las características ya consensuadas en esta materia, y aún así, deben siempre tomarse los resguardos para evitar los excesos que siempre suceden bajo las llamadas “políticas antiterroristas”. Los casos ocurridos en los últimos años en Santiago, si califican en general, como acciones terroristas, por eso es muy importante cautelar los contenidos que tendría una nueva ley, en caso de aprobarse.

A este respecto, es importante señalar que a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, se constituyó en el 2007 un panel con los principales expertos internacionales en la materia, que elaboró una definición de terrorismo, que fue incorporada ese año a la agenda del organismo mundial. Esta definición reforzó una visión ya existente entre muchos especialistas, respecto a la necesidad de “acotar” el uso que se hace de este término, que no constituye cualquier forma de violencia, y donde el elemento central de la definición, es la “acción sistemática y/o deliberada” para infundir terror, atentando de manera “física contra civiles desarmados”. Los atentados cometidos por la DINA y CNI durante la dictadura, o las bombas de la ETA en Madrid, serían por ejemplo, casos donde un Estado o un grupo insurgente, recurren a esta práctica.

El terrorismo es algo demasiado grave como para estar usándolo de manera partidista o ideologizada. Durante la Guerra Fría por ejemplo, ambos bandos se acusaban de cometer actos terroristas, y el régimen del apartheid en Sudáfrica acusaba a Mandela de ser un “terrorista”. El trabajo de los expertos de la ONU buscó precisamente superar esta visión “maniquea” e ideológica, donde siempre es el otro el “terrorista” . Terrorismo hay ahora en Europa y Medio Oriente con atentados masivos que buscan de manera intencionada hacer el máximo daño a la población civil. Pero no es el caso de La Araucanía, por ejemplo, y así lo han hecho saber diversos informes internacionales del último tiempo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su reporte del 2017, descarta por ejemplo, que los crímenes o delitos cometidos en la Araucanía tengan el carácter de terrorista, y habla de un “conflicto y acciones de violencia sobre la tierra y los derechos indígenas en Chile”. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha vuelto asimismo a cuestionar la aplicación de una legislación “anti-terrorista” a mapuches, por actos que “aunque violentos o criminales” no ostentan el carácter de “terroristas”.

Y es que cualquier futura ley en la materia, debe resguardar claramente la línea divisoria entre conflictividad social y terrorismo. En el caso de La Araucanía, el problema de fondo es político y no de seguridad. La violencia que ahí se vive, es una consecuencia (y no la causa) de la incapacidad del Estado y los sectores más conservadores para abordar de manera integral, el histórico despojo y reivindicaciones básicas que hacen representantes del pueblo mapuche. Pero además, cualquier nueva legislación, debe contemplar los más altos estándares de control sobre las instituciones encargadas de combatir un flagelo, como el terrorismo, que es real, pero que muchas veces da lugar a abusos y graves violaciones a los derechos humanos, en el actuar de fuerzas policiales que tienen la responsabilidad de combatirlo.

En Chile, los antecedentes del actuar de Carabineros en los últimos años no son positivos, en este sentido. Los constantes abusos y maltratos del cuál son víctimas las comunidades mapuches, o el montaje en el caso Catrillanca, son ejemplo de lo señalado. Se requerirán estrictos controles, y una fiscalización permanente, para asegurar que esto no siga ocurriendo. Los altos grados de autonomía con que cuentan las fuerzas policiales en la actualidad, atentan contra esto. El peligro del terrorismo es real, Chile necesita una Ley y procedimientos, que a la vez, sean eficaces, que refuercen las capacidades preventivas y de inteligencia, pero que también resguarden siempre los derechos humanos, y separe otras formas comunes de violencia y conflictividad social (normales en democracia) de lo que son actos terroristas propiamente tal. Claro que improvisando, y haciendo anuncios populistas “para la galería”, aprovechando los atentados recientes, no es la forma de hacerlo. Esto requiere un debate serio, que no se puede hacer cuando se busca desesperadamente ganar “unos puntitos” en las encuestas. Por el bien de Chile, ojalá el gobierno recapacite en este sentido.