Columna de Carolina Carrera: Los mal (usos) de las instituciones, mecanismos de fortalecimiento y resguardo de la democracia

Por Carolina Carrera Ferrer, Corporación Humanas

Los partidos de la coalición de gobierno han planteado que la oposición ha llevado a cabo un uso indiscriminado del mecanismo de la acusación constitucional, lo que no es real. Desde el año 1980 al 2018, se han realizado 22 acusaciones de las que solo 3 han terminado con la destitución de una autoridad.

Lo mismo ocurre con el mecanismo de la interpelación. Entre los años 2006 y 2018 se efectuaron 19 interpelaciones a ministros y ministras. Esta atribución del poder legislativo, que es instrumento de información y control sobre las actividades del gobierno, ha sido utilizada mucho más por la oposición de derecha en su minuto, que la oposición de centro-izquierda actual. En relación a esto, durante el primer mandato de la ex presidenta Bachelet la derecha interpeló en siete ocasiones a ministros de Estado y durante su segundo mandato llevaron a cabo ocho interpelaciones a diferencia del primer gobierno de Sebastián Piñera, donde se interpeló a tres ministros. Durante su actual mandato se ha interpelado al ex Ministro de Salud, Emilio Santelices por el protocolo objeción de conciencia; al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca; y al Ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el retiro del proyecto de ley de reparación a los presos políticos y víctimas de torturas durante la dictadura.

Otra de las polémicas respecto de las instituciones y mecanismos de fiscalización y control, es sobre el uso que se le ha dado al Tribunal Constitucional por parte de las coaliciones políticas, transformándolo casi en una tercera cámara. Un informe del Observatorio Judicial de octubre de 2017 da cuenta que entre el 2006 al 2017, se habían presentado 40 requerimientos.

Realizando un análisis desde una perspectiva de género, constatamos que los partidos de la coalición de derecha han utilizado el Tribunal Constitucional, cada vez que se ha intentado avanzar en derechos humanos de las mujeres y así lo podemos apreciar en varias iniciativas. Una de ellas es el proyecto que sustituye el sistema electoral binominal por un sistema electoral de carácter proporcional inclusivo y fortalece la representación del Congreso Nacional. Frente a este proyecto, senadores/as -siete pertenecientes al partido Unión Demócrata Independiente y cinco al partido Renovación Nacional- solicitaban se declarasen inconstitucionales las cuotas de género en las candidaturas.

Otro proyecto fue el que moderniza el sistema de relaciones laborales, donde se impugnó por parte de 14 senadores/as y 44 diputados/as, entre otros, el nuevo Art. 318 del Código del Trabajo, donde se planteaba que los sindicatos de empresa podrán una vez en cada año calendario solicitar a las grandes empresas, información sobre remuneraciones asignadas a trabajadores de los diversos cargos o funciones de la empresa que se encuentren contenidas en el registro a que se refiere el numeral 6) del artículo 154 de este Código y que en el caso de las medianas empresas sus sindicatos podrán hacer este requerimiento sólo como información previa a la negociación. Esto permitía visibilizar las desigualdades de remuneraciones entre hombres y mujeres por trabajos de igual valor. Así también ocurrió con el proyecto de despenalización del aborto por tres causales y con el reglamento de objeción de conciencia para permitir que los establecimientos privados que reciben subvención estatal pudieran declararse como objetores de conciencia.

Finalmente, otro mal uso de las instituciones, mecanismos y procedimientos de resguardo a la democracia es el exagerado contingente policial de fuerzas especiales que se utiliza por parte de la alcaldía de Santiago. Todos los días se instala, en las afueras y alrededores del emblemático Instituto Nacional, un fuerte contingente policial superando en “número de encapuchados” que describen los medios de comunicación. Acá no sólo falla la inteligencia policial. A la fecha no han logrado identificar a este puñado de encapuchados que se instala al interior del establecimiento educacional, más bien acciona de manera violenta, lanzando gases lacrimógenos al interior del recinto incluso cuando el alumnado está en clases. Si este contingente de Carabineros se utilizará para dar seguimiento a las medidas cautelares de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o para resguardar la violencia sexual en el espacio pública que viven las mujeres, tal vez podríamos prevenir los femicidios y que las mujeres pudieran sentir mayor protección.