Prohibición, no regulación: Alcaldes metropolitanos piden que se quiten las máquinas tragamonedas

La balacera ocurrida a inicios de agosto en la población Carol Urzúa revivió la discusión sobre la presencia de las máquinas tragamonedas en los negocios de barrio. Según recoge una publicación de El Mercurio, debido a la presunta generación de focos de delincuencia (como narcotráfico y otros ilícitos), algunos alcaldes han querido erradicarlas al punto de no transar en la regulación de éstas, sino insistir en la prohibición.

“Generan situaciones anómalas a su alrededor. Incluso hay gente que asegura que habría hasta lavado de dinero en algunos de ellos”, señaló Germán Codina, alcalde de Puente Alto. Mientras tanto, sobre los llamados ‘casinos de barrio’, el edil de la comuna de Santiago Felipe Alessandri, sostuvo que “son verdaderos lunares cancerígenos, melanomas que se insertan en los barrios generando solo externalidades negativas“.

Tanto el municipio de Santiago como el de Estación Central, son los que han realizado más fiscalizaciones y clausuras de los locales que no tienen permisos pero siguen operativos. En 2019, la comuna gobernada por Alessandri clausuró 10 locales y requisó casi 350 máquinas, mientras que la segunda administración, liderada por Rodrigo Delgado, cerró 26 recintos y disminuyó las licencias de 62 a 40.

“Yo diría que casi el 100% no cuenta con el certificado de la Superintendencia de Casinos”, afirmó Codina. El también presidente de la Asociación de Municipalidades Chilenas añadió: “(…) todos sabemos que lo primero que tiene que tener cualquier sistema de apuestas para que no se transforme en un fraude es un buen mecanismo de control, que los sistemas sean aleatorios, que es lo que no se cumple“. Alessandri considera que los municipios necesitan atribuciones que les den “más fuerza para clausurar (…) Nos enfrascamos en una lucha entre si (las máquinas) son de azar o de destreza. Frente a eso, en Santiago tenemos solo una posición: consideramos estas máquinas ilegales y las vamos a denunciar siempre“.

En el caso de Estación Central, se intentó impulsar una ordenanza para crear una “zona de exclusión” de las máquinas tragamonedas en los lugares claves del comercio comunal, pero la Contraloría paró en seco la medida. Delgado cree que los municipios han quedado en medio de una “tremenda ambigüedad legislativa“, y por lo mismo “las máquinas tragamonedas se debiesen prohibir en su totalidad, no hacer ningún tipo de excepción, sino que no debiesen existir“.

Desde la agrupación de Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos y Premio Programado (Fiden), se adelantó que las medidas legislativas que intentan prohibir los “casinos de barrio”, aumentarán la clandestinidad y delincuencia en torno a estos recintos. Ramón Sepúlveda, vicepresidente de la entidad, explicó que ha habido una campaña comunicacional en torno a los casinos y la idea es regular y “limpiar” lo ilícito: “La gente ve como si fuésemos todos iguales. Nuestro gremio apoya a las direcciones jurídicas para perseguir a todos estos que son irregulares y que son clandestinos para colaborar en el cierre de ellos (…) La ley puede eliminar a los que están haciendo las cosas mal. Lo que pasa es que no se siguen los procedimientos como hay que hacerlos”.