Carta Abierta de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos ante la movilización social en el país

Los funcionarios y funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazamos enérgicamente la aplicación, por parte del Ejecutivo, de la ley de seguridad interior del Estado y la declaración de estado de emergencia, todo lo cual ha dado pie a la utilización de sus Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para transgredir los derechos de las personas frente a manifestaciones pacíficas por demandas legítimas, como lo son una educación gratuita y de calidad, pensiones y sueldos dignos, acceso a la salud, entre otros.

El resultado más devastador de dicha decisión es que, de acuerdo con las cifras oficiales más actuales, hay personas fallecidas a manos de personal del Ejército de Chile y Carabineros, muertes que no pueden ser consideradas sólo un número. Atendido nuestro deber de garantes de los derechos humanos, rechazamos los asesinatos, secuestros y torturas, los cuales deben erradicarse por completo del actuar de las fuerzas armadas y policías. Por ello, hacemos un llamado tajante a detener de inmediato dichas prácticas ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho. 

A lo largo de toda la semana, en el país se han desarrollado diversas protestas ciudadanas. Las personas han ejercido pacíficamente su derecho a la protesta social, entendiéndolo como una arista de un derecho tan básico como lo es el derecho a la libertad de expresión.

Por desgracia, para lidiar con ello, el Estado ha preferido la represión y de negación de toda manifestación por parte de sus ciudadanos y ciudadanas, a través de las Fuerzas Especiales de Carabineros, cuyo resultado ha sido un gran número de personas heridas. Más aún, el Ejecutivo, que estimó que estábamos ante una grave alteración del orden público, tomó la decisión de declarar estado de emergencia en determinadas zonas del país, decisión que restringe las libertades de locomoción y reunión de las personas.

Si bien, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados pueden, en determinadas situaciones, declarar un estado de emergencia, están impedidos de suspender derechos como: el reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y servidumbre, el principio de legalidad y retroactividad, la libertad de conciencia y religión, la protección a la familia, el derecho al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad y derechos políticos. En particular, no se suspende ninguna de las garantías relativas al debido proceso ni se flexibiliza de manera alguna la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, obligación de carácter ius cogens para el Estado de Chile.

Durante el estado de emergencia, sobre todo a través del uso desproporcionado de la fuerza, el Estado ha limitado en la práctica varios de los derechos nombrados arriba y, lo que es más grave, ha herido a niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y a toda su población en general. Parece ser que olvidó la proporcionalidad necesaria entre las medidas adoptadas y la gravedad de la crisis, elemento dispuesto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En consecuencia, hacemos un llamado a terminar con el estado de excepción constitucional y con los toques de queda para permitir que exista un diálogo social amplio, enfocado en el fondo de las demandas fundadas en derechos sociales plenos. Porque no estamos en guerra, llamamos a terminar con los discursos contrarios a la unión y que no propician las condiciones básicas para el respeto y garantía de los derechos humanos.  

Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos 

Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos