[Columna de Javiera Errázuriz y Ximena Illanes] Paridad de género e infancia: Visibilizando a niñas, niños y adolescentes en la Convención Constituyente

La incorporación de mujeres en número equivalente a los varones en la futura Convención Constituyente es clave, ya que ellas aportarán nuevas perspectivas, problemáticas y  soluciones originales a la discusión. La baja participación de las mujeres en los órganos de representación política de nuestro país (son apenas el 22% en la Cámara de Diputados y el 26% en el Senado) sin ninguna duda ha ralentizado el avance, tanto legislativo como cultural, de la equidad de género, pero más complejo aún, ha minimizado temáticas que históricamente, no han sido relevantes para la mayoría de hombres que han ejercido (y ejercen) el poder, como por ejemplo, la niñez.

El patriarcado ha definido, a lo largo de siglos, a las mujeres como responsables de la crianza y protección de niñas y niños. Fueron mujeres quienes ejercieron la caridad y el cuidado de los más desvalidos; fueron las mujeres de elite quienes promovieron las gotas de leche, las que se dirigieron a las poblaciones, las que buscaron alternativas para atenuar los dolores de la pobreza y estigmatización. Han sido también las mujeres de los sectores más populares quienes han debido enfrentar, muchas veces solas, la economía doméstica para salir adelante con sus hijos. 

La misma educación sexista ha permitido que las mujeres asuman mayoritariamente profesiones vinculadas a la infancia: hay más educadoras, más parvularias, hay más enfermeras, psicólogas, asistentes sociales, entre otras. En el ámbito público, muchas de las instituciones y organismos estatales encargados de velar por la protección de niñas, niños y adolescentes presentan una clara mayoría de mujeres entre sus funcionarios. Por ejemplo, en los tribunales de familia, el 78% de los jueces son mujeres, siendo que estas representan el 60% de los jueces a nivel nacional (http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/mujeres-y-hombres-en-numeros-en-el-poder-judicial). Esto no significa en ningún caso, que los hombres no se hayan hecho cargo de algunas temáticas en relación con las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, histórica, vivencial y numéricamente, las mujeres han estado más cerca y han desarrollado el sentido de la empatía por la infancia, especialmente por aquella que es más vulnerable.

Por lo menos desde 1928, fecha de promulgación de la primera Ley de Protección de Menores y hasta la actualidad, el Estado ha declarado en innumerables ocasiones la necesidad urgente de mejorar las normativas e instituciones encargadas de la protección de la infancia. Los diferentes gobiernos de turno han legitimado parte de sus propuestas en temas vinculados a los niños y niñas, dimensionando diferentes ámbitos. Algunos ejemplos: educación primaria obligatoria; medio litro de leche para cada niño o niña; plan contra la desnutrición infantil, entre otros. Los intentos por mejorar la calidad de vida de los más pequeños, especialmente los más vulnerados, han sido múltiples. En 1990, Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño (1989), asumiendo un compromiso directo con el principio del interés superior del niño. A su vez, tomaba la responsabilidad de hacerse cargo de un nuevo paradigma en relación a la infancia, basado en la definición de los derechos del niño. Chile se comprometía, como Estado Parte a velar por ellos y a hacer partícipes a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, han existido múltiples observaciones entregadas por el Comité de las Naciones Unidas (a partir del año 1995), visibilizando los incumplimientos del acuerdo por parte del Estado. Junto con ello, estudios de diferentes organizaciones gubernamentales y civiles, han hecho explícita la necesidad urgente de poner mayor atención a la infancia más vulnerada y estigmatizada, como las niñas y niños del Sename.  (crisis, 2016).

Sin ir más lejos, en julio de 2018, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU señaló que el Estado chileno violaba sistemáticamente los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en centros de protección, es decir, de los más vulnerables y vulnerados.

En los últimos años existido algunos avances en la materia, como una nueva ley de adopción que aún se encuentra en el Senado (pese a que la idea de legislar se aprobó en 2014); la creación de una entidad autónoma como la Defensoría de la Niñez, que se preocupa de relevar las voces de las niñas y niños, promoviendo sus derechos y velando por que éstos se cumplan; la implementación de la Subsecretaría de la Niñez como parte del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, hay muchos ámbitos en los que los tiempos de espera se extienden en demasía, o simplemente, pasada la contingencia relacionada con la infancia, el foco se pone en otra cosa. Es probable que la subrepresentación femenina en el congreso, sea una de las razones de esto.  A lo largo de la historia, las mujeres hemos recorrido un arduo camino para ser reconocidas como sujetos de derecho, y hemos luchado por el cambio cultural que supone la igualdad de género en una sociedad tradicional. Es el mismo camino que deben recorrer las niñas, niños y adolescentes para que, de una vez por todas, el Estado los reconozca como sujetos de derecho y les otorgue la protección que necesitan. Sin embargo, ellos no participan de los órganos de representación política. Los problemas de las mujeres y de la infancia están profundamente imbricados, y es por ello que, una integración paritaria de la Convención Constituyente debiera llevar necesariamente a repensar la forma en que el Estado y la sociedad chilena hacen efectivos los derechos y la protección de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.