Carlos Gajardo: No lo vimos venir

AGENCIA UNO

Carlos Gajardo: No lo vimos venir

Durante las últimas décadas fuimos testigos de diversos casos de corrupción y colusión que terminaron teniendo como denominador común dos factores: Por una parte, el descubrimiento de hechos sumamente irritantes para la ciudadanía, con prácticas que algunos intuían, pero que al mostrarse descarnadamente provocaron una mezcla de estupor y rabia y por otra parte, una respuesta del sistema de justicia que distaba de ser un castigo ejemplar para dichas conductas en una mezcla que comprendía deliberadas deficiencias legislativas, redes extendidas de protección e inhibición de los organismos encargados de denunciar, investigar y sancionar.

Así, sucesivamente fuimos testigos del destape de casos de colusión, uso de información privilegiada y corrupción. A fines del año 2008 se conoció el caso Farmacias, en que la Fiscalía Nacional Económica descubrió la colusión en el precio de los medicamentos de las tres principales cadenas farmacéuticas, supuestamente competidoras entre ellas. En diciembre del año 2011 se conoció el caso de la colusión entre las empresas productoras de pollos, que incluso tenían una asociación gremial que las agrupaba. En octubre del año 2015 se conoció la colusión del confort en que las empresas se coludieron para asignarse cuotas de mercado y fijación de precios y finalmente a comienzos del año 2016 el turno fue de las cadenas de supermercados que se coludieron para fijar los precios de la carne de pollo fresca. La Fiscalía Nacional Económica utilizó las nuevas herramientas que incorporaba la ley a partir del año 2003 para detectar exitosamente los casos. Sin embargo, la eliminación de la sanción de cárcel para estos delitos, junto al establecimiento de multas menores y que empalidecían al lado de las ganancias de las compañías, provocaron en la ciudadanía dosis cada vez mayores de indignación al hacer evidente que cada vez que se dirigían a un comercio a adquirir productos de primera necesidad estaban siendo estafados por los proveedores de ellos. Resumiendo, multas bajas y ningún culpable preso fue el resultado con el que la ciudadanía percibió estas colusiones.

Paralelamente en los mercados accionarios hubo diversos casos que mostraban la falta de transparencia de ellos, siendo el de La Polar el más emblemático. Una pujante empresa que mostraba estupendos resultados cada año, pero que escondía prácticas ilegales de repactación de créditos de manera unilateral. El descubrimiento de estas prácticas provocó una abrupta pérdida de valor en el precio de la acción, dañando a inversionistas institucionales y a miles de personas naturales. Adicionalmente cada cierto tiempo se conocían sanciones de multas que se aplicaban por uso de información privilegiada, como en los casos de la Farmacéutica CFR o de la fallida fusión de Falabella y D&S. Una de las últimas sanciones aplicadas en estos casos correspondió a Gabriel Ruiz -Tagle al haber utilizado información privilegiada que obtuvo como director de Blanco y Negro. Lo llamativo del caso es que, a pesar de la multa aplicada, Ruiz-Tagle obtuvo una ganancia de 142 millones de pesos, lo que ratificó la creencia que delinquir usando cuello y corbata en nuestro país sale gratis.

Finalmente, en el ámbito de la corrupción política el descubrimiento del Caso Penta-SQM, significó confirmar la sospecha de que grandes grupos empresariales financiaban la política en el país, no sólo mediante el impresentable sistema que se había establecido legalmente denominado de “aportes reservados”, sino también mediante un extendido sistema de recibir dinero negro que se justificaba en las contabilidades, evadiendo consecuencialmente impuestos, con boletas y facturas falsas que simulaban servicios que nunca se había prestado. Así mediante estos “raspados de la olla” se repartieron dineros de empresas como Penta cuyos controladores tenían reconocidas tendencias políticas, o como SQM que 30 años después de terminada la dictadura seguía siendo controlada por el yerno de Pinochet. Por supuesto la sorpresa primero y la indignación después fueron mayúsculas cuando se conoció que el financiamiento abarcaba a partidos y políticos que habían sido férreos opositores a ese régimen.  “A veces había que cerrar los ojos”, indicaba en esos días el exministro Francisco Vidal a modo de disculpa tras ser descubierta esta maniobra. Al igual que en los casos de colusión y de uso de información privilegiada los casos terminaron sin penas de cárcel para los responsables, con penas de multas ínfimas (siendo paradigmático el caso de Laurence Golborne que recaudó ilegalmente 372 millones de pesos y luego su causa fue suspendida pagando míseros 11 millones), y con varios de los senadores descubiertos aún sentados en sus sillones parlamentarios (Moreira y Pizarro, por ejemplo).

Así las cosas, se fue construyendo un sistema de justicia que combinó leyes blandas o inexistentes con inhibición de los órganos encargados de denunciar, investigar y sancionar y que provocó finalmente impunidad transversal en todas estas materias. En estos días en que se cierra el año y se anuncia una agenda antiabusos mezquina y con serias carencias (no solo con problemas de letra chica sino más bien de letra grande) es conveniente plantearse si en verdad hay voluntad para efectuar un cambio de sistema en el tratamiento a los delitos de cuello blanco, en que se busque un tratamiento semejante al que se le otorga al resto de los delitos. La experiencia pasada debiera motivarnos esta vez a tomar en serio las reformas y no simplemente a esperar un nuevo momento para disculparnos diciendo “no lo vimos venir”.

*Abogado y ex fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad en la Fiscalía Oriente.

Comentarios
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