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Actualidad

10 de Enero de 2020

Alcalde Alessandri interpuso una querella criminal contra académica de la U. de Chile: la acusa de “cómplice” de saqueos en el Liceo 7

Foto: Agencia UNO

Alejandra Araya es integrante del comité académico de la Cátedra de Derechos Humanos de dicha casa de estudios.

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Polémica ha generado una querella criminal interpuesta por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, contra la académica de la Universidad de Chile, Alejandra Araya.

Según denunció la Cátedra de Derechos Humanos -donde la docente es parte del comité académico-, el jefe comunal la acusa de “cómplice” de los delitos de daños y robo con fuerza en lugar no habitado en el Liceo 7 Teresa Prats.

Estos saqueos habrían ocurrido en el marco de “una ocupación por parte de sus estudiantes que se produjo luego de que Carabineros ingresaran disparando contra dos escolares” el pasado 5 de noviembre del 2019.

El espacio académico aclara en un comunicado que “hemos estado junto a estudiantes y comunidad educativa del Liceo 7 Teresa Prats y del Instituto Nacional José Miguel Carrera. Este acompañamiento lo hemos profundizado en el segundo semestre del año recién pasado frente a la creciente persecución de estudiantes y sus dirigentes”.

De hecho, la Cátedra de Derechos Humanos fue parte de una mesa de trabajo para abordar la situación de violencia vivida por la comunidad del Liceo 7, donde también participan la Defensoría Jurídica de la U. de Chile, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la Defensoría de la Niñez, la Corporación 4 de Agosto y las concejalas Rosario Carvajal e Irací Hassler. 

En ese escenario, explican que “la profesora Alejandra Araya estuvo presente el 24 de diciembre recién pasado en la entrega de las instalaciones del Liceo a la autoridad al finalizar la ocupación del recinto, a fin de garantizar que dicha entrega se hiciera sin violencia”.

En esa línea, acusan a Alessandri de intentar “criminalizar las manifestaciones de estudiantes y de quienes no hemos hecho otra cosa que garantizar la integridad de las y los jóvenes y el ejercicio de su derecho a la educación”.

“Esta acción legal está vinculada con la emprendida por el Ministerio del Interior en contra de dirigentes de la ACES. Ambas acciones buscan castigar a estudiantes movilizados y amedrentar a quienes hemos asumido el compromiso de protegerles y acompañarles en el ejercicio de sus derechos”, subrayan.

Además, llaman a Alessandri a “desistir” de este tipo de acciones judiciales que “en nada ayudan a restablecer la confianza en las instituciones, paso necesario para comenzar a dar soluciones a las demandas ciudadanas”.

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