[Columna] Estado en deuda con las mujeres: ley IVE sin stock

¿Cuantos años de insistencia, movilización social y de organizaciones de mujeres se necesitaron para que la interrupción voluntaria del embarazo fuese realidad? Fueron oscuros 28 años de penalización del aborto en todas sus causales, tiempo en que esta práctica no acabó, sólo cambió el modo, se hizo clandestina, riesgosa y desigual. Quienes tenían recursos podían acceder al aborto sin riesgo, en cambio la mujer pobre quedaba en desamparo, a expensas de técnicas autoinflingidas o realizadas por personas sin conocimientos que les provocaban secuelas permanentes y hasta la muerte.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo sólo en tres causales fue atravesada por interminables debates, lobby de grupos conservadores, iglesias, mundo civil y con el tribunal constitucional de por medio, tercera cámara legislativa de nuestro país, donde irónicamente fue el espacio legal, donde por primera vez la mujer fue reconocida como persona y sujeta de derecho.

Todas las teorías que auguraban una estampida de mujeres corriendo a realizarse interrupciones del embarazo por la tercera causal violación se equivocaron, es más, las mujeres que se han acogido a esta causal representan alrededor del 15% del total (24 casos entre enero y marzo del 2019), lo que demuestra que las mujeres víctimas de violación tienen dificultades en su propia percepción del derecho a decidir. Esta cifra no tiene ninguna relación como debería tenerla con el número de denuncias por delitos sexuales en las mismas fechas que ascienden a la escalofriante cifra de 9544 según la Fiscalía. A simple vista las cifras no calzan, lo que demuestra que las mujeres no inventan violaciones para interrumpir su embarazo, es más, en su gran mayoría no acceden al sistema.

El Ministerio de Salud informó que desde noviembre del 2019 no existe en Chile Mifrepristona, droga fundamental para la interrupción temprana del embarazo, recomendada como gold estándar por la OMS y cuyo uso en combinación con Misoprostol es el mejor tratamiento para un aborto seguro y eficaz dentro del primer trimestre de la gestación. Es inconcebible esta situación, porque no sólo estamos negando un derecho a las mujeres, si no que alargamos su resolución, ya que el uso exclusivo de Misoprostol es menos eficaz y dilata por más tiempo el proceso.

Las mujeres que reciben sólo Misoprostol pasan de tener unas 8 horas de duración del evento a que pueda durar más de 30 horas, con mayores intervenciones invasivas asociadas, mucho más dolor y extensión de su sufrimiento. Esto sumado a la dificultad que tienen las mujeres de acceder al procedimiento por la gran cantidad de profesionales objetores en esta causa, hace que el derecho a interrumpir un embarazo producto de una violación sea tan traumático como la causa de éste.

El Estado de Chile nuevamente es negligente e insensible a las necesidades de las mujeres, la implementación de ley 21.030 requiere de manera urgente que el Ministerio de Salud adquiera y asegure el stock de Mifrepristona en todos los centros de salud, no es posible que las mujeres víctimas de violencia sexual, sufran una doble victimización por parte de un Estado que no solo hace difícil el acceso a este derecho, sino que no garantiza el mejor tratamiento disponible. 

Estamos hablando de mujeres, adolescentes y niñas que viven la violencia institucional, impidiéndoles acceder un proceso rápido, expedito y menos doliente de interrupción del embarazo, que vendría reparar en parte el desamparo de un sistema, donde los cuerpos femeninos, siguen siendo devaluados e invisibilizados en su sufrimiento.