[Columna] La importancia de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos humanos por la defensa de los DD.HH

Sin duda que el 18 de octubre marca un antes y un después en la historia de nuestro país. Un alza de movilizaciones en todo el territorio de nuestro país se concentró en torno al objetivo de terminar con un sistema abusivo, desigual y profundamente injusto con las distintas realidades de nuestro país. Sin embargo, las respuestas estatales fueron problemáticas: en vez de escuchar las legítimas demandas ciudadanas, la respuesta preferida fue la represión. Una “guerra” según el mismísimo presidente. Un actuar represivo casi sin precedentes: uso desproporcionado de la fuerza, traumas oculares, detenciones ilegales, torturas e incluso abusos sexuales y derechamente la muerte de personas libremente manifestándose en las calles del país.

Toda la comunidad internacional se encuentra alerta frente a la situación de nuestro país, a tal punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentra en nuestro país en una visita in loco que se extiende del 26 al 31 de enero para analizar en general la situación de derechos humanos en el contexto nacional actual.

La CIDH es un organismo internacional, de naturaleza cuasi-judicial, que se encarga de solicitar informes a los estados miembros del sistema interamericana, formular recomendaciones a partir de los estudios que hacen y de promover, en general, la observancia y defensa de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de una visita “in loco” nos referimos a un mecanismo de este órgano para apersonarse en un lugar y observar de primera fuente el cumplimiento de los estándares internacionales de protección de derechos humanos.

La visita parte con una reunión ampliada de toda la CIDH con organizaciones de la sociedad civil, en la búsqueda de una perspectiva inicial para la visita de los siguientes días. Después, la visita se dinamiza en torno a reuniones de grupos temáticos como mujeres y LGBTIQ, pueblos indígenas, afroamericanos, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, migrantes, entre otros. La visita incluye sesiones específicas de cada Relatoría en torno a estos temas, que son las mismas unidades temáticas referidas, a cargo de un miembro de la Comisión.

Así mismo, dicha visita contempla visitas a regiones y a poblaciones especialmente afectadas por la represión, como Lo Hermida, Pudahuel, así como grupos de víctimas de traumas oculares, víctimas de violencia policial, grupos estudiantiles, defensores de derechos humanos, comunicadores y periodistas, con el objetivo de recabar antecedentes de primera fuente, de forma personalizada y con la debida atención a las personas afectadas.

La importancia de la visita de la CIDH gira en torno a la posibilidad de que un organismo internacional que nuestro mismo país ha validado, otorgue un diagnóstico sobre el estado de la situación chilena en este contexto de movilizaciones. Ello implica, que la CIDH reconozca el alcance de las violaciones a derechos humanos que han sido constantes en nuestro país (que el gobierno se ha esforzado por disminuir y borrar), sino que también se permita a sí misma formular una serie de recomendaciones para corregir falencias estructurales de nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo aquellas que han permitido una falta de protección material a las prerrogativas de todas las personas. No tiene sentido prohibir, por ejemplo, la tortura o el abuso sexual en nuestro país, si en un auto-adjudicado estado de excepción, no existen límites jurídicos al actuar de carabineros o militares chilenos. La CIDH debe establecer dichos límites, cuando el estado no autorregula este fenómeno.

La comunidad internacional de derechos humanos ya se ha pronunciado en alerta de la situación chilena. La publicación de informes de Amnistía Internacional, Human’s Rights Watch, la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH) han sido concluyentes en el uso irresponsable y excesivo de la fuerza de agentes estatales. Pero a pesar de basarse en pruebas concluyentes y demostrables, fueron completamente omitidos por el estado chileno.

La fragilidad en la que se encuentra nuestro país no admite un resultado de impunidad. En la medida que siguen las movilizaciones, las vulneraciones de derechos demuestran su carácter constante e invasivo, y se diversifican el número de las denuncias así como su gravedad, como lo fue en su principio las masivas cantidades de traumas oculares, y últimamente, el uso de líquidos desconocidos en los carros lanza-aguas, tóxicas y de carácter corrosivo sobre la piel de manifestantes.

En definitiva, la visita de la CIDH es una oportunidad. Primeramente, en términos jurídicos, para visibilizar el incumplimiento de las obligaciones de Chile y para generar un contexto de denuncia internacional a las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos en nuestro país. También es una oportunidad social y política, para emplazar con mayor fuerza al gobierno a hacerse cargo de una agenda política de derechos humanos a cumplirse en el corto plazo, en un compromiso por la memoria y la justicia de nuestro país. Sobre todo en atención al esclarecimiento de los hechos y la reparación a las víctimas. La impunidad no es opción.

*Rodrigo Mallea Cardemil es miembro de la Defensoría Jurídica Universidad de Chile