Columna de Fernando Ayala: Chile es el único país en el mundo donde el agua está en manos privadas

“El agua es imprescindible para la vida, para satisfacer necesidades placenteras y para el uso de cada día.”

Marco Vitruvio Polion, siglo I AC.

La Constitución de Chile de 1980, redactada y aprobada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet, consagró y puso el más alto marco jurídico de protección al proceso privatizador que abrió las puertas, entre otras, a la venta de empresas públicas a particulares, a la creación de universidades privadas, al fortalecimiento del sistema elitista de salud y naturalmente, a la privatización de los fondos de pensiones de chilenas y chilenos. Respecto del agua, precisa en el capítulo III de la Carta Fundamental titulado, De los Derechos y Deberes Constitucionales, en su artículo 24, señala: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.  Es claro y preciso el artículo no dejando espacio para alguna interpretación diferente. Esta norma es la responsable que los derechos de usos de aguas que concedía el Estado gratuitamente, fueran rápidamente adquiridos por privados para fines agrícolas pero también para propósitos especulativos. Ello derivó en que las compañías públicas que gestionaban el agua y servicios sanitarios, es decir servicios de primera necesidad, fueran vendidas también a empresas chilenas y extranjeras. El marco económico-teórico de la privatización del agua, lo puso el entonces Ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Buchi: “Debemos crear derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma sino sobre el uso de ellas para facilitar por todos les medios el funcionamiento ordenado del mercado”. Una lógica economicista impecable, donde  la oferta y la demanda regula el precio, pasando el bien común a ser una variable menor para permitir maximizar las utilidades, es decir la ganacia de los inversionistas.

La dura verdad es que la mayor parte de estos negocios se efectuaron cuando ya Chile había recuperado la democracia y donde la voz de la gente y de los pocos políticos que alzaron la voz, no fue escuchada. Si bien la Constitución vigente ha sido modificada numerosas veces, cada vez que se ha pretendido cambiar esta norma, los sectores conservadores se han opuesto sistemáticamente, negando los votos para lograr los dos tercios que requiere una reforma constitucional.  

Otros países han intentado privatizar el agua. En Italia, hace pocos años, en 2011, el entonces presidente del gobierno, Silvio Berlusconi, llamó a un plebiscito con ese propósito donde también se consultaba sobre la introducción de la energía nuclear para prover electricidad y disminuir la dependencia del petróleo.  Contrariamente a lo esperado, se produjo una alta participación popular llegando casi al 60% las personas que salieron a votar. El resultado fue categórico: 95% de las italianas e italianos rechazaron ambas propuestas por lo que el agua sigue siendo pública y no se construirán centrales nucleares.  Ya en la época del imperio romano el uso del agua fue considerado un bien público y además era gratuita. Las grandes obras de acueductos y servicios de alcantarillas (cloaca máxima) iniciaron su construcción, esta última, en el siglo VI AC. Las técnicas fueron progresivamente mejorando gracias al talento de la civilización romana, donde brilló el ingeniero y arquitecto Vitruvio, responsable de las principales obras de servicio público financiados por Roma.  Así se creó la más extensa red de alcantarillas, acueductos y abastecimiento de agua que llegó a tener la ciudad en la época de su máximo esplendor, en los albores de nuestra era, donde más de un millón de habitantes vivía en la capital del imperio bajo el emperador Augusto.

Chile enfrenta hace 10 años una prolongada mega sequía en su parte central, particularmente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y el Maule Una parte importante es responsabilidad de los ciclos naturales, pero al menos un 30% es consecuencia de la acción humana, según opinión de científicos calificados. Ya es grave o dramática más bien la situación que afecta a pequeñas ciudades de la zona central,  donde el agua se corta en los hogares durante el día o llegan camiones aljibes para abastecer a las personas. Hay ya zonas donde las empresas privadas dedicadas a la agricultura y que poseen los derechos de aguas sobre ríos y napas subterráneas, han dejado literalmente sin agua a esteros, lagos y fuentes de abastecimiento, siendo un triste ejemplo lo ocurrido con la popular laguna de Aculeo, hoy totalmente seca.

Lo mismo ocurre en los campos,  donde familias campesinas tienen pequeños cultivos o crianza de animales y la agricultura absorve las napas disponibles provocando la muerte del ganado.  Santiago, con más de 7 millones de personas puede que sea severamente afectada en dos años más. No es que sea una situación delicada si no que puede ser muy grave por las implicancias económicas y prodría generar pánico. Como en épocas pretéritas, esperamos que en la próxima temporada de lluvias, que va de abril a septiembre, los embalses, ríos y lagos reciban el preciado líquido. No faltarán invocaciones, rogativas y ceremonias religiosas, seguramente pidiendo a los dioses o al dios de la lluvia que se apiade de nosostros y nos bendiga con el agua.  

Las chilenas y chilenos tendremos oportunidad de tener una nueva Constitución, si se aprueba como se espera, el plebiscito del próximo 26 de abril. Luego, quienes sean elegidos constituyentes tendrán que definir si se mantendrá en la nueva Carta Magna que nazca, la propiedad privada del agua.  Las utilidades o ganancias monetarias no pueden condicionar el acceso y uso a un bien público de primera necesidad. Que Chile sea el único país en el mundo donde el agua es privada obedece solamente a la permeabilidad de gobiernos democráticos que terminaron asumiendo como propios principios del neoliberalismo extremo que se legitimó en el tiempo y que hoy es responsable del estallido social que sacude a la sociedad chilena. Si hubiese un solo motivo porqué votar si a la nueva Constitución, esa debiera ser la propiedad pública del agua de chilenas y chilenos.