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Opinión

17 de Febrero de 2020

Plurinacionalidad: de la política señorial a la construcción de la convivencia democrática

Agencia UNO

"Por más de 200 años, en Chile los pactos sociales han sido imposiciones al pueblo de un sector organizado y con poder. Hoy por primera vez se puede construir un pacto de la convivencia social reconociendo los derechos colectivos de los Pueblos Originarios y el Pueblo Chileno en una discusión abierta para construir no solo una Constitución, sino una forma de vernos al interior del país".

Sergio Caniuqueo Huircapan
Sergio Caniuqueo Huircapan
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Las élites empresariales y políticas nos han obligado a reproducir la lógica señorial, heredada de Europa, basada en entregar nuestra voluntad a un sujeto que toma la decisión por nosotros. Ese primer pacto rezaba: “yo te defiendo y tú trabajas mis tierras”, y fue la base de la relación entre el señor feudal y el campesino. En Chile esto se replicó entre el latifundista, sus peones y labradores hasta los años 60’ del siglo XX, cuando se reformuló la relación a “tú me das tu voto y yo te protejo de los abusos”. Eso fue la Patria Joven de Frei y permitió la ampliación de las bases de los partidos de izquierda. Todo fue reducido a utilizar el temor del sujeto para que se despoje de su poder y se lo entregue a otro. La izquierda, por su parte, convenció al pueblo de que el sujeto común podía transformar la sociedad si seguía a una vanguardia que los guiara camino a la revolución. Los reformismos de los 60’ al 73’ mostraron que la formula resultaba, hasta que el golpe de Estado reveló el pacto secreto de los poderes fácticos, cuya creencia era que había que proteger al pueblo de sí mismo y que si seguían restringiéndose los privilegios de la oligarquía el país se iba a desmoronar. De ahí que los militares y la ultra derecha se sientan los salvadores de Chile.

En los 80’, las fuerzas políticas de izquierda se declararon vanguardia en la lucha contra la dictadura, asumiendo otra vez que el pueblo no tenía claridad suficiente. Pero algo había cambiado, ese pueblo ya no era el mismo. A una parte, el horror de la dictadura la hizo reflexionar y quiso ser una fuerza activa, por lo menos un actor social relevante, mientras que otro sector era seducido por los neoliberales y los militares con un nuevo pacto: “la política es mala, el mercado te hará feliz”. Cuando se viene el plebiscito el conjunto de los partidos decidieron plantear un nuevo pacto social, en el cual mujeres, pobladores, mapuche y muchos otros tendrían espacio en la política, pero había que volver a la lógica de la representatividad señorial: “tu voto y te doy los espacios”. Y una vez en el poder el pacto cambió hacia “la política de lo posible”, mientras en las sombras se pasaban al lado de la élite empresarial. De esa manera la derecha y los partidos que alguna vez fueron de izquierda formaron el pacto secreto “el modelo neoliberal no se cambia” y reformularon el pacto con el pueblo: “tu voto por mis migajas”. Y así fue que la élite política legisló para los empresarios nacionales y extranjeros a costa de explotar laboral y medioambientalmente al país, privatizando los servicios básicos y lucrando con ellos, y fomentando la dependencia de diversos sectores sociales a la oferta pública y los bonos sociales.

LA NECESIDAD DE DESTRUIR LA POLÍTICA SEÑORIAL

En 1989, Patricio Aylwin firma el acuerdo de Nueva Imperial, en la cual se pactan cinco puntos, 1) reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, 2) ratificación del convenio 169 de la OIT, 3) creación de una ley indígena, 4) la creación de una institucionalidad indígena y 5) la creación de un fondo de tierra y desarrollo. Los tres primeros puntos tenían que ver con salvaguardar los derechos colectivos e individuales que poseen los pueblos originarios. Se pensaba principalmente en el derecho a la autodeterminación, y con ello abrir la posibilidad de que por primera vez en la historia republicana, después de ser sometidos a una estructura colonialista, los mapuche tuvieran voz sobre los temas que le afectan en materias de desarrollo. Finalmente, el punto 5 era la posibilidad de generar una reparación histórica y sacar a los pueblos originarios de la pobreza estructural a la que habían sido confinados por el propio Estado desde la ocupación militar o administrativa de los territorios indígenas.

El pacto de “la política en la medida de lo posible” llevó a la profundización del clientelismo y paternalismo político, aunque desde los 80’ existían sectores que lo detectaron y se opusieron: de comuneros a intelectuales insistieron que garantizar los derechos colectivos de los pueblos originarios es un tema de justicia social, y que se enmarcaba dentro del derecho internacional. Esta clara hoja de ruta fue por la élite política chilena, porque eran restricciones a la élite empresarial nacional y transnacional, y desde luego usufructuaban de esas relaciones clientelares y paternalistas. De hecho, el último debate del Congreso sobre el tema de la participación indígena demostraba la poca voluntad para transformar las estructuras políticas del país.

CONVIVENCIA Y PLURINACIONALIDAD

Hace unas semanas, en el encuentro de organizaciones que están trabajando y preparando la asamblea constituyente y la nueva constitución de La Araucanía, realizaron una consulta autónoma, como iniciativa propia para definir las líneas para este año en materia de discusión y movilización. En el documento con los resultados (agradezco a Luis Soto por compartírmelo), llama la atención algunos porcentajes relacionado con los pueblos originarios. Lo primero, es que el 20% de los participantes declara pertenecer a uno de ellos. Luego ante la pregunta acerca del reconocimiento de los pueblos originarios, un poco más de un 20% se manifiesta a favor de la opción “Estado Multicultural – Multiculturalismo del Estado chileno”, y un 50% se manifiesta a favor de “Estado Plurinacional – Autonomía y control territorial”.

La primera pregunta se centra en lo que viene haciendo el Estado, que son políticas basadas en un reconocimiento mínimo y toma parte de las demandas de los pueblos originarios para convertirlas en políticas públicas. Si bien esto ha tenido un efecto en la reafirmación identitaria mapuche, lo que se refleja en las cifras censales (1.700.000 personas que se reconocen como mapuche en Chile), en este esquema la participación indígena no es vinculante, sus decisiones son referenciales pero no son determinantes, como ha podido verse en todas las consultas indígenas, incluyendo la que se hizo sobre reconocimiento constitucional, en el último gobierno de Bachelet (2017).

La segunda pregunta se relaciona con lo que llamamos el derecho a la autodeterminación, pues la autonomía es una forma de autogobierno y una expresión de este derecho, lo mismo que el control territorial. En ello la deliberación corresponde a los Pueblos Originarios, quienes se autoconvocan y deciden de manera informada y responsable lo que consideran necesario para su desarrollo político, económico y social. Esto se realiza bajo un marco de respeto a los otros Pueblos, pues se entiende que se convive bajo un mismo Estado. 

Por más de 200 años, en Chile los pactos sociales han sido imposiciones al pueblo de un sector organizado y con poder. Hoy por primera vez se puede construir un pacto de la convivencia social reconociendo los derechos colectivos de los Pueblos Originarios y el Pueblo Chileno en una discusión abierta para construir no solo una Constitución, sino una forma de vernos al interior del país. Es la primera vez que las ciudadanas y ciudadanos comunes podrá injerir en su destino colectivo nacional, siempre y cuando se mantengan a raya a las élites políticas y empresariales de este país.

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